Por Guido ROSSI

Siguiendo con la reflexión sobre el estado democrático y los poderes (ocultos) globalizados traducimos este artículo de Guido Rossi sobre la función de la transparencia como remedio contra el ejercicio actual del poder. Mafias, organizaciones delictivas, grupos económicos  internacionales y globales, pero también partidos y otras organizaciones surgidas al calor del estado moderno, pretenden evadirse de una norma y control público y universal. Merece la pena reflexionar sobre el valor de la justicia y la norma universal y pública de cara a revitalizar las democracias.

Foto: wvs, en http://www.flickr.com/photos/

La actual situación mundial de incertidumbre económica, política y social parece estar caracterizada por un desequilibrio creciente y evidente entre el poder económico, que aumenta concentrándose en manos de unos pocos, y los sistemas democráticos a los que se les atribuye un frágil poder político. Se añade, además, para romper cualquier posible equilibrio, una realidad evidente: no se pueden hacer muchas cosas en política sin dinero; y esto vale tanto para el éxito individual como para la realización del bien común y de la justicia social, como desearía la democracia.

A nivel de los individuos y de sus éxitos en las elecciones, también antes de la era de la televisión y de la red, se debía recoger dinero para pagar salarios y organizaciones, comunicaciones y publicidad, viajes, cenas electorales, reuniones y conferencias de partido. Estas múltiples actividades hace tiempo que se han venido configurando bajo la rúbrica del “fund-raising”, o recogida de fondos privados, a los que posteriormente se añadían los fondos públicos, donados por el estado. Que esta estructura, convertida en indispensable para el ejercicio de la democracia, haya sido objeto de un espantoso fenómeno de corrupción es el argumento de las cotidianas denuncias, entre las que Italia no aparece estar ausente.

Pero es igualmente evidente que también la política de los Estados está ya dominada económicamente por una elite estrechamente minoritaria, que coincide, gobernándolas, con las fuerzas de la globalización y de los mercados. El caso más innovador, introducido en nuestro marco constitucional y en el de otros países es el principio de equilibrio presupuestario del estado, que sin duda rebaja, cuando no deroga sustancialmente, otros principios fundamentales de rango constitucional.

Por Javier ARISTU

Anda el patio andaluz revuelto de nuevo a propósito de la constitución de una comisión de investigación sobre el asunto de los EREs. Ya fue tema de actualidad en la pasada legislatura aunque frustrado en su culminación al no querer el partido del gobierno, con mayoría absoluta, la tal comisión ni ninguna investigación parlamentaria. Aquellos bastos han derivado hoy en copas que le obligan, la minoría relativa y la coalición con IU mandan, a aceptar la misma en esta legislatura. Dicen que quieren que antes de las vacaciones esté liquidado el asunto, al menos en sede parlamentaria porque en sede judicial la cosa-causa parece que va para el Supremo, es decir, para largo.

Mientras tanto, el PP, en boca de su portavoz nacional Carlos Floriano, juguetón él y con doble vara de medir, como siempre, afirma que ”el bipartito andaluz hace un flaco favor a la transparencia si no permite que todo el que pueda tener una responsabilidad política en el caso de los ERE comparezca en la comisión de investigación”. No tiene empacho en, por otro lado, rechazar la constitución de una comisión de investigación en el Parlamento nacional a propósito del caso Bankia y la hecatombe financiera española, con dimisión del mismo presidente del Banco de España incluida.

¿En qué país vivimos? ¿Hasta cuándo van a seguir considerando estúpido al ciudadano? ¿Cómo es que una comisión sobre los EREs en Andalucía es necesaria pero no lo es sobre Bankia y el rescate bancario donde se juegan miles de millones de euros de nuestra economía?