Por Javier ARISTU

Un amigo y socio de batallas políticas anteriores me recrimina amablemente que en mi anterior entrada en este blog afirme que las pasadas elecciones andaluzas han cerrado un capítulo de las responsabilidades políticas sobre los EREs. Literalmente la frase con la que mi amigo no está de acuerdo es aquella que decía: “…situados ya en abril de este 2015, las responsabilidades políticas fueron dilucidadas con las elecciones del pasado 22M.” Da la impresión, y es a lo mejor lo que ha sorprendido al veterano compañero, que la amnesia está ya legalizada tras la apertura de las urnas. No es así como yo lo veo. Si el lector continúa verá que digo a continuación “Los votantes formalmente cerraron el periodo y abrieron uno nuevo. Otra cosa es que se piense con razón que dichos dirigentes de la Junta no asumieron políticamente en su momento las responsabilidades que se derivaron de aquellas acciones de corrupción y malversación de caudales públicos.” Como el asunto me parece de interés y tiene que ver con la médula de nuestra democracia trataré de explicarme mejor.

Es imprescindible, de entrada, distinguir entre lo que son las responsabilidades políticas, asumidas por las personas que ejercen cargos de elección, de las responsabilidades jurídicas que todos los ciudadanos, entre ellos los políticos también,  tenemos por el hecho de ser eso, ciudadanos. Cuando una persona es elegida por los ciudadanos para ejercer un cargo asume desde ese instante unos compromisos contractuales con los mismos, que le obligan  a ejercer el poder dado de forma lícita y adecuada. Si no es así, comete pena de responsabilidad política y debe ser sancionado, con castigos de naturaleza política puesto que la falta ha sido política.