Por Antonio BAYLOS

En las calles de Berlín. Foto Flickr por Libertinus
En las calles de Berlín. Foto Flickr por Libertinus

La profunda crisis económica que ha afectado a Europa y las medidas que las autoridades monetarias y políticas europeas han puesto en marcha para combatir sus efectos, se han venido generando desde una situación de excepcionalidad política

 

No sólo es que el lenguaje que acompaña a estas medidas se exprese en esos términos, sino que la emanación de estas medidas y la imposición de las mismas a los países miembros en dificultades para financiar sus deudas soberanas y para cuadrar el equilibrio presupuestario se ha realizado fuera de los esquemas normativos del derecho europeo, mediante orientaciones, informes o incluso cartas personales, y cuando se ha formalizado el pacto de estabilidad y crecimiento, se han generado mecanismos sancionatorios a través de una mayoría cualificada inversa que resultan contrarios a los previstos en el Tratado de Funcionamiento de la Unión, consolidado tan sólo en el 2008. Esta forma de proceder se ha trasladado además a los países miembros, que reiteran en la aplicación de sus medidas un modelo de gobierno basado en el que suministra la institución del estado de excepción sin ninguna de las garantías previstas en este. En definitiva, la crisis y las políticas de austeridad no sólo están demostrándose contraproducentes en cuanto al objetivo declarado de impulsar el crecimiento, sino que se están generando al margen de los mecanismos democráticos que dan sentido a la cultura política europea.
Pero además de ello, y en lo que respecta a sus contenidos, la política anti-crisis de la Unión Europea y las “reformas estructurales” que ha impuesto, se caracteriza por una abierta hostilidad al modelo social europeo y por la vulneración de principios básicos de regulación de las relaciones laborales en una democracia social. Estamos en un mundo global en el que la OIT ha acuñado el término de trabajo decente como trabajo con derechos colectivos e individuales, y que proporciona un esquema universal de respeto a derechos fundamentales tal como viene reconocido en su Declaración de 1998. Nadie podría pensar que Europa, un territorio en el que la práctica totalidad de sus países miembros – con la excepción del Reino Unido – tienen un bloque de constitucionalidad construido en torno al reconocimiento de derechos sociales y del principio de autonomía colectiva, y en donde se ha acuñado la expresión del modelo social como una seña de identidad europea, fuera a partir del 2010, un espacio “fuera de la ley” en el que se procediera a violaciones masivas de los derechos laborales y de los estándares internacionales en materia de libertad sindical y condiciones de trabajo. La vulneración de tales derechos es directamente achacable a las políticas de austeridad frente a la crisis y a las “medidas de reforma estructural” que estás han inducido en los respectivos ordenamientos internos, pero se plantean jurídicamente como violaciones de los compromisos internacionales asumidos por los Estados respectivos, que, consecuentemente, han sido objeto de impugnación ante la OIT. Grecia primero, Portugal después y España, han sido los países denunciados con más fuerza ante esta organización.

Por Pablo del BARCO

Foto: Popicino
Foto: Popicino

Este Gargantúa Presidente, cada día más esmirriado a pesar de que se lo traga todo, dijo al principio de su mandato “no me voy a quejar de la herencia recibida” (supongo que ni siquiera la de los grandes agujeros del despilfarro (Bankia, Caixa Galicia, CAM, gobiernos peperos de Madrid, Valencia, Galicia y sus correspondientes tramas de corrupción). Ahora clama contra la herencia que sufrió del gobierno anterior y su partido socialista. Ahora que las ve venir canutas, con el Tribunal constitucional sentenciando contra ellos, a favor de la atención médica de inmigrantes sin papeles, una marea blanca asfixiante que no cesa, manifestaciones en contra y denuncias en los tribunales nacionales e internacionales, que ya empiezan a serles incómodas. No sé si es necesario decirles que eso de la sanidad es un derecho humano, es una exigencia de la religión católica que predica la igualdad sin distinción de raza ni clase social, lo mismo que es decir la verdad, no usar de la soberbia ni de la avaricia, querer a los humildes… Pero de las comunidades autonómicas presididas por el PP (Pura Patraña que dice un amigo mío) ya hemos recibido respuesta: negarse a esta obligación, no acatar la decisión del Tribunal Constitucional. Da risa, y bastante pena, escuchar los argumentos en contra de estos católicos que hacen la siesta con obispos y cardenales. Toda su perspectiva es económica, tienen euros por ojos, gafas de metal que se quitan cuando entran en sus hogares bendecidos. Y no respetan, aunque dicen que sí, los mandamientos de la justicia.

Por Ulrich BECKT

europesocial
Foto: EU Social

Estamos en la calle para protestar contra los recortes a la escuela pública: ¿Cómo vamos a salir adelante si en nuestra escuela no hay suficientes pupitres?”

Así justificaba un estudiante de Turín su participación en la huelga europea de la pasada semana. Hace justamente un año y medio éramos espectadores de una primavera árabe que nadie se la esperaba. De golpe, regímenes autoritarios colapsaron bajo el empuje de los movimientos democráticos de protesta organizados por la “Generación Global”. Tras la primavera árabe, ¿Podría llegar un otoño, un invierno o una primavera europea? Las huelgas de las últimas semanas ¿no son las señales? Durante los últimos dos o tres años hemos visto a chicos de Madrid, Tottenham o Atenas protestar contra los efectos de las políticas neoliberales de recortes y atraer la atención acerca de su destino como generación perdida. Sin embargo, estas manifestaciones estaban todavía ligadas de alguna manera al dogma del Estado nacional. La gente se rebelaba en cada uno de esos países contra la política alemana-europea de la austeridad y rigor, adoptada por los respectivos gobiernos.

Pero lo ocurrido durante la semana pasada habla ya otra lengua: 40 sindicatos de 23 países han llevado adelante una “jornada de acción y solidaridad”. Los trabajadores portugueses y españoles han cerrados las escuelas, paralizado el tráfico e interrumpido el transporte aéreo en la primera huelga general coordinada a nivel europeo. A pesar de que el ministro español del Interior  haya hablado de “protestas aisladas”, durante la huelga han sido arrestadas sólo en Madrid 82 personas y 34 han  resultado heridas, entre ellas 18 agentes de policía. Estas protestas difusas en toda Europa han venido precisamente en el momento en que muchos creían que Europa había encontrado la solución mágica a la crisis del Euro: El Banco central europeo tranquiliza a los mercados con su compromiso para comprar, en caso de necesidad, títulos de los estados endeudados. Los países deudores —ésta es la promesa— deben “sólo” adoptar posteriores y más duras aún medidas de ahorro como condición para la concesión de créditos por parte del BCE, y así todo irá bien.