Por Pedro E. GARCÍA BALLESTEROS

Foto: FAPAR

Es evidente la existencia de los mismos planes de ajustes y recortes sea cual sea el signo político del gobierno de turno: aumento de impuestos e inmediatos y grandes recortes de la masa salarial de los funcionarios, los cuales en su mayoría pertenecen a la educación o la sanidad. Pero lo que me gustaría comentar no es tanto esos hechos evidentes y palpables sino los discursos usados para su justificación, la retórica política. Hasta ahora, los hechos se iban identificando cada vez más, eran similares pero al menos los discursos pretendían diferenciarse. Creo que es inquietante que hasta los discursos comiencen a parecerse, a tener paralelismos evidentes. Esperanza Aguirre (o la cólera de Dios del Tea Party hispano) anunciaba sus recortes como solidarios, es decir, los funcionarios madrileños debían aceptar sus recortes de sueldos porque de esta forma se evitaba el despido de miles de interinos. Nuestra Consejera de Economía andaluza, antes y después de no negociar absolutamente nada con los sindicatos, los presentaba como injustos pero también apelaba a la solidaridad para no despedir a trabajadores de la función pública.

Que 30 años no son nada…

Por Javier ARISTU

Desde el referéndum autonómico de 1980, la aprobación del estatuto de autonomía de 1981 y la constitución del primer gobierno autónomo tras las elecciones de 1982, Andalucía ha recorrido un camino lineal, aunque no exento de vericuetos y derrapes, en la conformación de su proyecto como región autónoma. Como no se han cansado de reiterar expertos y especialistas en la materia, el referéndum de 1980 rompió el modelo autonómico que la UCD y la derecha nacionalista podía tener previsto e inició una vía, la del estado autonómico, que, sin embargo, hoy día sigue generando rechazo en una parte de la derecha –véanse las declaraciones de Esperanza Aguirre y otros líderes del PP- y en el nacionalismo catalán. Hoy nadie negaría esta evidencia.

Por Lorenzo CABRERA

Ahora que ya está formado el nuevo gobierno en Andalucía y consumado, por tanto, el acuerdo PSOE e IU, de nada vale volver a la interpretación sobre los resultados de las elecciones autonómicas y al supuesto mandato que el electorado andaluz dictó en las urnas. Quienes nos han repetido hasta el hartazgo que el PP ha sido la fuerza política más votada en estas elecciones decían una verdad incontestable, pero era también de numérica claridad que ni tenían la mayoría absoluta para gobernar ni han conseguido apoyo parlamentario alguno para conseguirla. Por contra, a quienes afirmaban contar con mayoría de izquierda necesaria para formar gobierno, podrá objetárseles que hacían una interpretación sesgada del voto y, por tanto, un análisis forzado de los resultados electorales, pero es evidente que, sin entrar ahora en la valoración siempre compleja de qué entendemos por izquierda en nuestro país y si lo son todos los que así se proclaman, una cosa es indudable: la mayor parte de los que ejercieron su derecho al voto prefirieron que el PP no se constituyera en el partido gobernante. Y lo que es más importante aún, las dos fuerzas políticas que recogieron esa mayoría han optado por establecer un pacto  y gobernar conjuntamente. Se trata, pues, de un pacto legalmente válido. Y lícito, si como ambas aseguran,  los puntos recogidos por escrito en un llamado Acuerdo para Andalucía no invalidan ni incumplen los respectivos programas con los que concurrieron por separado a las elecciones. No piensan así, claro está, aquellos de entre la minoría de IU que ha perdido el referéndum y denuncian lo acordado como una dejación programática.