Reproducimos este trabajo realizado por Jorge Aragón, Jesús Cruces, Luís de la Fuente, Alicia Martínez, Amaia Otaegui y Elvira S. Llopis que se publica dentro de la colección Estudios de la Fundación 1º de Mayo, en su número 56, en el que se analiza  la agudización de la pobreza que está produciendo la crisis económica y en el que el acceso al empleo ya no es una salvaguarda ante las situaciones de pobreza. [DESCARGAR PDF ]

Las políticas de recortes están intensificando y extendiendo la pobreza en España hasta alcanzar al 27 por ciento de la población. El acceso al empleo ya no es una salvaguarda ante las situaciones de pobreza. La precarización de las condiciones de trabajo, los procesos de desprotección en el mercado de trabajo y el debilitamiento de los recursos sociales del Estado de Bienestar están provocando un empobrecimiento creciente de la población trabajadora.

En España las erróneas medidas tomadas, tanto desde el punto de vista laboral como desde el punto de vista de la  reducción de los marcos de protección social y la contracción de los servicios públicos, están contribuyendo a que el fenómeno de los trabajadores pobres se haya incrementado de una manera tan acusada.

Una parte importante de las consecuencias del empobrecimiento de la población es irreversible: la malnutrición infantil, la insalubridad de las condiciones de vida, la reducción de la atención y cuidado de la salud, la atención descualificada de las personas en situación de dependencia, la deprivación cultural, son sólo algunas de ellas.

En España, el fuerte crecimiento económico de los últimos años no ha sido capaz de reducir las tasas de pobreza por debajo de la media europea, y ha configurado un mercado de trabajo,  un modelo productivo y un modelo social muy vulnerables a los cambios de ciclo y que ha saltado hecho añicos al estallar la crisis.

Por Guido ROSSI

Consumidores consumidos. Foto: Markel 2007

La decisión del Banco Central Europeo de aprobar el plan para comprar deuda pública de los países de la eurozona en el mercado secundario, con condiciones precisas de austeridad bien conocidas, constituye sin duda alguna una medida contra la especulación financiera esperada desde hace tiempo. Son necesarias, nos obstante, dos observaciones, frente a esta decisión tomada con el voto en contra del representante alemán.

La primera, que constituye la objeción más relevante a esta importante función del BCE, es que aquí el Banco Central Europeo ha visto minada su independencia respecto de la política. La objeción, sobre todo alemana, suena grosera y engañosa, ya que, en todo caso, son la política misma y la democracia de los estados débiles los que son dependientes y dirigidos por entes exteriores, entre otros por el Banco Central, que mantiene, en cambio, una digna independencia y que ejerce afortunadamente sus poderes con decisiva autoridad.

La segunda observación, mucho más importante, es que si esta decisión puede tener efectos beneficiosos contra la especulación sobre la deuda pública de los países del euro, ciertamente no representa ningún avance hacia la unidad política de Europa —continuamente buscada en vano de boquilla—, que no se ha conseguido alcanzar en grado alguno. Esta última consideración conlleva, no obstante, otra, provocada por el Leviatán técnico-burocrático que, en su ejercicio de poder en el estado de excepción, amenaza con caídas en el abismo, subestima completamente los efectos nefastos de una justicia social cada vez más ausente y, por ello, se ocupa poco de la “nueva plaga” que se avecina, que tiene dos sinónimos unidos entre sí: desempleo y pobreza. El riesgo de pobreza ha sido evaluado oficialmente por la OCDE y por la Comisión Europea en el transcurso de la conferencia “Jobs 4 Europe”, celebrada los días 6 y 7 del pasado mes de septiembre. Estimaron que 116 millones de personas están en riesgo de pobreza en los países de la Unión.