Por Lorenzo CABRERA

Foto: Armando Camino

¿Rodeamos el Congreso, ocupamos los bancos o nos sentamos a esperar un programa político de izquierda? Hay almas sensibles que se quejan  por las acciones que determinados colectivos han realizando intentando aproximarse en manifestación al Congreso de los Diputados o muestran reparos ante las llamativas y simbólicas ocupaciones de algunos bancos. Algunos subrayan la necesidad de preservar el Parlamento, auténtico corazón de la Democracia, y los partidos políticos de la protesta callejera, otros advierten del peligro de unas movilizaciones con un proyecto políticamente confuso que derive hacia el siempre preocupante antipartidismo y el antiparlamentarismo. Del mismo modo, las ocupaciones de los bancos no han gozado de la extensión ni la insistencia necesaria y han sido tildadas de efectistas (irrupción de grupos flamencos que colgaban después su acción en Internet) o sólo simbólicas sin más y carentes del impacto social y político que sí han tenido, por el contrario, las acciones contra los desahucios.

A estos críticos no les falta en parte razón: en el movimiento, primero “ocupa” y después “rodea el Congreso”, se advirtieron muchas vacilaciones además de un planteamiento político rudimentario –seducidos tal vez por el Occupy Wall Street y la experiencia islandesa. La entrada en los bancos no ha logrado tampoco la traducción organizativa de un “Stop Desahucios” ni un impacto mediático contundente; quizás ello se deba a la discontinuidad de la acción, puede que a la dificultad de una respuesta amplia ante la cantidad considerable de entidades y sucursales bancarias y, sobre todo, a la falta de una propuesta concreta más allá de la simple denuncia. La ausencia de planteamientos o, cuando estos se dan en algunas movilizaciones, el carácter primario e impreciso de los mismos, nos recuerda la necesidad de elaborar un proyecto político que dé sentido a las acciones que, sin lugar a dudas, continuarán sucediéndose en nuestro país. Se corre el peligro de que esas acciones de protesta, si no se consigue traducir “el cabreo en poder”, que diría mi amigo Carlos Arenas, vayan languideciendo y deriven en una siempre peligrosa frustración. De ahí la necesidad de un proyecto político con vocación de gobierno que dé sentido a las movilizaciones y proponga formas de adquirir poder. Pero las acciones no pueden detenerse a la espera de que un supuesto laboratorio de ideas presente el ansiado programa de transformación. Proyecto o programa y acciones y movilizaciones se retroalimentan o, para decirlo con un concepto clásico, constituyen un proceso dialéctico. Las respuestas no pueden esperar, claro está, a que ese programa se haya elaborado pero las movilizaciones continuas estarán abocadas a la esterilidad o a una radicalización de sesgo contrario al deseado si no las guía un proyecto político definido. Pero, ¿quién y cómo se va a elaborar ese proyecto? La construcción de ese proyecto será el resultado de las experiencias en las acciones de calle y el estudio de las mismas, de movilizaciones siguiendo la estela de un programa político de cambio y de la asunción sopesada en ese programa de las reivindicaciones que se reclaman, así como su defensa en las instituciones democráticas del Estado.

Por Javier ARISTU

Foto: Claudio Álvarez EL PAÍS

Estamos asistiendo, en vivo y en directo, sin duda a acontecimientos muy importantes relacionados con el desarrollo de la democracia española. Dentro de un tiempo no muy largo los periódicos y hemerotecas citarán estas semanas y estos sucesos como señales de lo que estaba pasando. Miles de personas salen casi semanalmente a la calle para protestar. Simplemente eso, para protestar, lo cual no es un poco con lo que está cayendo. Los sindicatos han organizado en los últimos veinte meses manifestaciones que hacía bastantes años no conocíamos, por su potencia de masas y por la convergencia de intereses. No era un problema de la crisis de la minería, o de la reconversión de un sector concreto, lo que ha sacado a la militancia sindical y a los trabajadores a la calle. Ha sido la agresión a las conquistas sociales de nuestra democracia lo que hace que cientos de miles de españoles, desde Vigo a Murcia y desde Girona a Huelva, y sin tener muchos de ellos carnets sindicales, se echen a la calle a protestar y exigir un cambio de rumbo en la política.

De eso estamos hablando, de un cambio de rumbo en la dirección de la política española y, por extensión, europea. No se trata de hacer comparaciones con otras épocas que, por otra parte, no valen dadas las diferencias sustanciales entre aquellos tiempos y estos, entre la tipología de aquellos cambios y estos. Es lugar común decir que lo que está pasando en estos años, desde el comienzo de la crisis en 2008, supone un cambio estructural, de fondo, de todo el arco de relaciones sociales y económicas que se había venido estableciendo desde mediados del siglo XX (en España bastante más tarde). Posiblemente es así. El desmantelamiento del clásico estado del bienestar —cuya demolición comenzó hace más tiempo, en la época de Thatcher y los neocon— es hoy la hoja de ruta de los vértices del poder político europeo establecido en las leyes, es decir, los gobiernos nacionales, la Comisión Europea, la propia Unión. No hablemos del verdadero y sustraído al control democrático poder económico y social que está marcando de verdad el ritmo y la orientación de los cambios. Como se ha dicho ya repetidas veces y por numerosos teóricos de la izquierda, estamos en la fase de destrucción de los muros de defensa de la sociedad solidaria para intentar construir un  modelo alternativo basado en un concepto darwinista de la dinámica social. Y este modelo no se basaría sobre un pacto de intereses sociales, donde unos y otros ceden y acuerdan, sino que pretende literalmente ser impuesto al conjunto de la sociedad a través de los mecanismos que las instituciones creadas en este largo proceso de construcción europea han ido desarrollando.