Por Juan JORGANES

La extrema derecha perdió las elecciones finlandesas por un puñado de votos y un diputado. Hubiera empatado con el partido socialdemócrata si no se hubieran equivocado cuatrocientos electores que le dieron su voto al candidato del SKP, uno de los dos partidos comunistas de Finlandia, y no a Jussi Halla-aho, líder del ultraderechista Verdaderos Finlandeses, como era su intención. El error se produjo porque ambos candidatos llevaban el mismo número, que los votantes debían escribir en la papeleta, pero se presentaban en distritos distintos (Uusimaa y Helsinki). Halla-aho se quejó: “Es increíble que haya gente tan estúpida como para votar a Wahrman”.

Por Javier ARISTU

Las declaraciones de la diputada García Tejerina minusvalorando el nivel de la educación en Andalucía han levantado una polvareda y han marcado, en buena medida, la próxima campaña electoral y, me prefiguro, la derrota del PP. Desafortunadas y desdichadas, sus palabras pronunciadas en un programa televisivo vienen a añadirse a la histórica retahíla de despropósitos que políticos de la derecha, la española y también la nacionalista periférica, suelen hacer cuando les toca hablar de Andalucía. “En Andalucía lo que sabe un niño de diez años es lo que sabe uno de ocho en Castilla y León” fueron las palabras de la diputada, y se quedó tan ancha.

Manifiesto de la ASOCIACIÓN REDES

El desarrollo de la educación pública ha respondido más a los intereses de los partidos políticos y los correspondientes gobiernos que a los intereses de los ciudadanos. Por tanto, las propuestas fundamentales sobre su futuro deben ser fruto de un debate social profundo, con amplia participación de todos los sectores sociales, especialmente de los más afectados: docentes y familias. Los nuevos tiempos exigen nuevas formas de participación, más allá de las estructuras añejas de partidos políticos, entidades empresariales o sindicatos tradicionales y, sobre todo, han de romper el divorcio entre sociedad y sistema educativo cuya relación actual se mueve, en muchas ocasiones, en un circulo vicioso de tópicos o excusas de los que están dentro y de lugares comunes de los que ven la educación desde fuera.

Por Francisco Javier MERCHÁN IGLESIAS

MUCHO me temo que la desafección ciudadana hacia las políticas que hacen los gobernantes alcanza ya a la política educativa. Mirando desde dentro, a veces uno tiene la impresión de que la política educativa nada o casi nada tiene que ver con lo que ocurre en el interior de los centros escolares, y de que el sistema educativo funciona sin un horizonte definido, meramente por inercia y por la vocación de muchos de sus profesionales. Los datos PISA son de fiabilidad discutible y se prestan a muy diversas e incluso contradictorias interpretaciones. Admitiendo esa versatilidad, no puede negarse, sin embargo, que el informe de las pruebas de 2012 ofrece algunos resultados que tienen gran valor indicativo.

1379920867505Por José María PÉREZ JIMÉNEZ y Pedro E. GARCÍA BALLESTEROS

EL poder teme la independencia. Por este motivo los que lo ejercen tratan de controlar los mecanismos que puedan amenazar la supervivencia de su estatus. Pero una sociedad democrática necesita resortes que garanticen los derechos de los ciudadanos para que las leyes se apliquen en condiciones de igualdad para todos. El ejemplo más paradigmático serían los jueces y fiscales, o los diferentes órganos de control y evaluación, como las inspecciones de trabajo, sanidad, hacienda, o educación.

Estos órganos administrativos necesitan, por definición, gozar de la independencia y autonomía que les permitan salvaguardar los derechos de los ciudadanos y el cumplimiento de las normas democráticamente asumidas. Obviamente, no se trata de una independencia absoluta, sino la necesaria para funcionar a modo de bisagra entre la sociedad y la administración. Equilibrio delicado que el poder puede romper, desde el momento en que los organismos encargados de la inspección son creados por la misma administración, lo que permite a ésta establecer las condiciones organizativas que impidan o dificulten el desempeño adecuado de sus funciones, sobre todo cuando éstas ponen en evidencia las políticas desarrolladas. Un buen funcionamiento de esa Inspección, garante del cumplimiento de la ley y de los derechos de los ciudadanos, la legitima como servicio público, pero exige una administración respetuosa con la ciudadanía y una ciudadanía celosa para exigir el respeto de sus derechos.