Por Javier ARISTU

En estos momentos tocaría hablar de Grecia. Es el asunto clave, decisivo de este arranque de verano pero no voy a decir nada nuevo que no se sepa ni aportaría ningún elemento innovador al cúmulo de análisis, opiniones y juicios sensatos que se vienen difundiendo desde el sábado noche. Lo que podría regalar a raudales es cabreo, mucho cabreo por lo que está sucediendo en relación con el país heleno, y su gente.

Hablemos de Andalucía, de los EREs, del partido gobernante y de la ética.

Finalmente, el magistrado del Supremo, Alberto Jorge Barreiro, ha resuelto imputar a dos ex presidentes de la Junta y a un ex consejeros de la misma por el presunto delito de prevaricación, y, a otro ex consejero de Empleo por el delito, además, de malversación. Lo que fue la estructura de mando de la Junta de Andalucía y del PSOE andaluz durante la década de comienzos de siglo (Chaves, Griñán y Zarrías), íntimamente relacionada con la del partido en Sevilla (Viera), tendrá que pasar por el nada deseado camino de un  juicio oral, no sabemos todavía si  en el Supremo o en otro tribunal. El golpe asestado por esta decisión del magistrado Barrero coloca a los inculpados en una situación que, hasta ahora, parecía casi imposible —siempre habían manifestado su desconocimiento de la trama— y a su partido con un problema de primer orden y que viene a ser una dificultad muy grave en los planes tanto de Susana Díaz como de Pedro Sánchez: dos presidentes federales que fueron del PSOE, un miembro de la ejecutiva con Zapatero y otro que llegó a ser responsable durante varios años de la organización más poderosa y emblemática del partido (Sevilla), son inculpados de delitos muy graves cometidos en sus etapas de servidores públicos.

Por Javier ARISTU

Un amigo y socio de batallas políticas anteriores me recrimina amablemente que en mi anterior entrada en este blog afirme que las pasadas elecciones andaluzas han cerrado un capítulo de las responsabilidades políticas sobre los EREs. Literalmente la frase con la que mi amigo no está de acuerdo es aquella que decía: “…situados ya en abril de este 2015, las responsabilidades políticas fueron dilucidadas con las elecciones del pasado 22M.” Da la impresión, y es a lo mejor lo que ha sorprendido al veterano compañero, que la amnesia está ya legalizada tras la apertura de las urnas. No es así como yo lo veo. Si el lector continúa verá que digo a continuación “Los votantes formalmente cerraron el periodo y abrieron uno nuevo. Otra cosa es que se piense con razón que dichos dirigentes de la Junta no asumieron políticamente en su momento las responsabilidades que se derivaron de aquellas acciones de corrupción y malversación de caudales públicos.” Como el asunto me parece de interés y tiene que ver con la médula de nuestra democracia trataré de explicarme mejor.

Es imprescindible, de entrada, distinguir entre lo que son las responsabilidades políticas, asumidas por las personas que ejercen cargos de elección, de las responsabilidades jurídicas que todos los ciudadanos, entre ellos los políticos también,  tenemos por el hecho de ser eso, ciudadanos. Cuando una persona es elegida por los ciudadanos para ejercer un cargo asume desde ese instante unos compromisos contractuales con los mismos, que le obligan  a ejercer el poder dado de forma lícita y adecuada. Si no es así, comete pena de responsabilidad política y debe ser sancionado, con castigos de naturaleza política puesto que la falta ha sido política.