Por Antonio BAYLOS

En las calles de Berlín. Foto Flickr por Libertinus
En las calles de Berlín. Foto Flickr por Libertinus

La profunda crisis económica que ha afectado a Europa y las medidas que las autoridades monetarias y políticas europeas han puesto en marcha para combatir sus efectos, se han venido generando desde una situación de excepcionalidad política

 

No sólo es que el lenguaje que acompaña a estas medidas se exprese en esos términos, sino que la emanación de estas medidas y la imposición de las mismas a los países miembros en dificultades para financiar sus deudas soberanas y para cuadrar el equilibrio presupuestario se ha realizado fuera de los esquemas normativos del derecho europeo, mediante orientaciones, informes o incluso cartas personales, y cuando se ha formalizado el pacto de estabilidad y crecimiento, se han generado mecanismos sancionatorios a través de una mayoría cualificada inversa que resultan contrarios a los previstos en el Tratado de Funcionamiento de la Unión, consolidado tan sólo en el 2008. Esta forma de proceder se ha trasladado además a los países miembros, que reiteran en la aplicación de sus medidas un modelo de gobierno basado en el que suministra la institución del estado de excepción sin ninguna de las garantías previstas en este. En definitiva, la crisis y las políticas de austeridad no sólo están demostrándose contraproducentes en cuanto al objetivo declarado de impulsar el crecimiento, sino que se están generando al margen de los mecanismos democráticos que dan sentido a la cultura política europea.
Pero además de ello, y en lo que respecta a sus contenidos, la política anti-crisis de la Unión Europea y las “reformas estructurales” que ha impuesto, se caracteriza por una abierta hostilidad al modelo social europeo y por la vulneración de principios básicos de regulación de las relaciones laborales en una democracia social. Estamos en un mundo global en el que la OIT ha acuñado el término de trabajo decente como trabajo con derechos colectivos e individuales, y que proporciona un esquema universal de respeto a derechos fundamentales tal como viene reconocido en su Declaración de 1998. Nadie podría pensar que Europa, un territorio en el que la práctica totalidad de sus países miembros – con la excepción del Reino Unido – tienen un bloque de constitucionalidad construido en torno al reconocimiento de derechos sociales y del principio de autonomía colectiva, y en donde se ha acuñado la expresión del modelo social como una seña de identidad europea, fuera a partir del 2010, un espacio “fuera de la ley” en el que se procediera a violaciones masivas de los derechos laborales y de los estándares internacionales en materia de libertad sindical y condiciones de trabajo. La vulneración de tales derechos es directamente achacable a las políticas de austeridad frente a la crisis y a las “medidas de reforma estructural” que estás han inducido en los respectivos ordenamientos internos, pero se plantean jurídicamente como violaciones de los compromisos internacionales asumidos por los Estados respectivos, que, consecuentemente, han sido objeto de impugnación ante la OIT. Grecia primero, Portugal después y España, han sido los países denunciados con más fuerza ante esta organización.