Por Francisco PALERO GÓMEZ

Las tormentosas relaciones del exministro de Justicia con su mujer han sido y son noticia a partir de que el Juzgado de violencia de género núm. 2 de Las Palmas y el Fiscal apreciasen la existencia de un posible delito de violencia de género, que en razón del aforamiento del actor, habría de ser examinado por el Tribunal Supremo.

Y allí fueron remitidos los autos que, después de ser examinados por el Tribunal, han sido devueltos a Las Palmas, al considerar que pudiera haber defectos procesales importantes en la instrucción que, de no ser corregidos, conducirán obligatoriamente al sobreseimiento de la causa.

Este estado de la cuestión ha suscitado, o actualizado, dos polémicas fundamentales que paso a comentar.

Por un lado existe una corriente de opinión crítica con la Ley de violencia de género que formula, con reiteración y con evidente mala fe, que la misma es discriminatoria para el varón y por ello vulneradora del principio constitucional de igualdad. Se afirma que la ley fundamenta el principio de la inversión de la carga de la prueba y que por ello prima la posición de la mujer que solo ha de afirmar, y no probar, la existencia del posible delito.