Por Javier ARISTU
Cataluña y Andalucía son dos realidades sociológicas y políticas de primer orden en estos momentos. Lo han sido desde hace bastante tiempo, desde que casi podemos atisbar un mercado nacional, un flujo de personas, corrientes comerciales y culturales que se mueven cómodamente por la península. La relación entre estas dos construcciones socio-culturales ha dado sentido e impulso al conjunto del estado en algunos momentos de nuestra historia. Durante la Transición, esta relación, generalmente cordial y a veces conflictiva, fue básica para construir el nuevo Estado de las Autonomías. Previamente, los centenares de miles de emigrantes andaluces que se asentaron en las comarcas catalanas dieron sentido —y no solo pinceladas— a la Cataluña contemporánea, la de la industrialización moderna. Y a la inversa, es difícil entender las realidades de la Autonomía andaluza sin fijarnos en el proceso catalán, en la formación de sus dos Estatutos. Como ya he dicho alguna vez, Cataluña y Andalucía forman como dos espejos que se miran permanentemente. Una, porque ve cómo las tierras de Sur, la mayor población del territorio español, juega desde 1979 un papel de contrapeso y balance a los tirones catalanes. La otra, la andaluza, porque siempre ha envidiado esa avanzada modernidad de Cataluña.
