Por Lorenzo CABRERA SÁNCHEZ

Aparecía escrito en una pancarta o en uno de esos carteles de fabricación casera que portan en solitario los indignados en sus manifestaciones: “Mientras la prima sube, nuestros derechos bajan”. Me temo que esa va a ser la tónica a partir de ahora y que ni siquiera tendremos que esperar a que la prima de riesgo suba para comprobar que hemos entrado en una fase de demolición de derechos democráticos fundamentales. Como el de manifestación, entre otros.

 El actual Secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, declaró con motivo de la reunión en Barcelona del Banco Central Europeo, para justificar, supongo, un despliegue policial de 8.000 efectivos (entre agentes de refuerzo y mossos d’Esquadra) que “sólo con seguridad vamos a conseguir salir adelante de esta situación crítica”. Una lectura atenta de sus palabras nos produce, independientemente del contexto en que se emitieran, un algo de perturbación, la verdad. Antes, el mismo representante policial había comentado que no podíamos permitirnos que “por la broma de la piedra o del cóctel molotov suba la prima de riesgo”. Para la derecha producen más desasosiego las escenas que reproduce la televisión en las que se ve a los griegos manifestándose con ira que las causas que les hayan impelido a ello. Transmiten una imagen tan incómoda a los ojos del poder y provocan, al parecer, tal alteración en la confianza hacia ese país de los llamados mercados, que muchos pueden inclinarse a pensar que hace bien nuestro Gobierno en “cerrar filas bajo el imperio de la ley y el orden”. Todo sea por impedir que la prima de riesgo –y con ella los intereses de nuestra deuda- siga subiendo.

Por Carlos ARENAS POSADAS

Hubo una vez un generalísimo de pequeño tamaño y crueldad extrema que, decía, no se metía en política. De joven, su mérito fue aterrorizar rifeños, monte arriba, monte abajo, para defender negocios mineros y justificar la soldada de regulares y legionarios, su ejército privado. De mayor, es una manera de hablar, aterrorizó a los españoles para engordar la soldada de quienes le auparon al poder: terratenientes, banqueros,  eclesiásticos, grandes industriales; es decir, las oligarquías centrales y periféricas del país.

El generalísimo tampoco se metía en economía más allá de cumplir su misión ante Dios y ante la historia de imponer la disciplina cuartelera a quienes, para compensar, se les prometía alcanzar nada más y nada menos que un destino en lo universal. La economía la dejaba en manos de expertos, a la sazón testaferros de los lobbies agrario, industrial, eclesiástico y bancario. Unos pocos cientos de familias y purpurados de este país, por ellos mismos o por personas interpuestas, desde los consejos de administración de bancos y corporaciones, desde la sacristía, le convencieron, no hizo falta mucho, de que la disciplina era compatible con la modernización, y que para modernizar había que abandonar la antigualla autárquica, seguir las tesis de Lewis, Hirschman o Bell, priorizando los objetivos estratégicos en materia económica; es decir, dando prioridad a sus propios objetivos. Desde 1959, un poco de racionalidad ortodoxa aplicada por los Sardá, Fuentes, Velarde y los ministros del Opus, consiguió enhebrar una década de tasas de crecimiento económico sin igual, lo que tampoco resultaba gran mérito viniendo de un país acostumbrado a las cartillas de racionamiento. Eso sí; Franco cambió la guerrera y ocultó la porra debajo del traje gris marengo.