Foto por sevillareport
Foto por sevillareport

Por Francisco J. GONZÁLEZ VÁZQUEZ

La reciente huelga de la empresa de basuras Lipasam de Sevilla es un estupendo caso para reflexionar sobre las huelgas en los servicios públicos.

La recogida de basuras no sólo es un servicio público (y en este caso ejercido por una empresa municipal) sino que también es una actividad relacionada con el derecho a la salud, por lo menos a cierto plazo. Por lo tanto, el conflicto de Lipasam no es un simple asunto de empresa y trabajadores, sino que es una cuestión de tres: el Ayuntamiento, los trabajadores y los ciudadanos de Sevilla, los cuales entramos en el conflicto por partida doble: como propietarios de la empresa (municipal) y como afectados por la recogida de basuras.

Ya que se habla tanto de transparencia, resulta que este tipo de conflicto requiere máxima transparencia por las dos partes: Ayuntamiento-empresa y sindicatos-trabajadores. Máxima transparencia quiere decir todos los datos y todas las propuestas. Todos los datos: situación económica de la empresa (Ayuntamiento), condiciones laborales actuales (salarios, jornada, etc), limitaciones externas (por ejemplo, medidas económicas del Gobierno o de la Junta) y previsiones. Todas las propuestas: básicamente nuevas condiciones laborales que se proponen en relación con las actuales.

 A pesar de que algunos comentaristas y medios de comunicación han dado la victoria a alguna de las partes y alabado su comportamiento, desde el punto de vista de los ciudadanos la cosa no es así. Creo que desde el punto de vista de los ciudadanos a las dos partes hay que darles un cero en transparencia y comunicación. Resumo algunos elementos. He utilizado la información del Diario de Sevilla (DS) y de El Pais (EP).

Por Carlos ARENAS POSADAS

Foto por Sterneck
Foto por Sterneck

El pasado día 26 de febrero participé en la última de las mesas redondas que los promotores de Encampoabierto organizamos bajo el título general  de “¿Tiene la izquierda respuestas para la crisis?”. En concreto, la última de las mesas recibía el subtítulo de “Alternativas para el gobierno de una crisis”. La presente entrada en el blog tiene por objeto poner por escrito argumentos y propuestas que, en vivo y en directo, quedaron mutilados, subliminales y confusos.

Empecé diciendo que la crisis actual, como las anteriores de  1820-1880-1930-1970, no es la crisis sistémica del capitalismo  —véanse las actuales tasas de crecimiento de los capitalismos en China o en América Latina—, sino algunas de las diversas modalidades de capitalismo que compiten entre sí en mercados globales. La crisis afecta sobre todo a la economía  europea, una economía altamente articulada por el euro, aparentemente regulada por el gobierno comunitario por ser un sumatorio de mercados, sociedades y modelos de capitalismos diferentes entre sí; tan diferentes que no se percibe con la misma intensidad los efectos de la crisis en Londres o en la cuenca del Rhur, sedes del capital financiero e industrial europeo, que en Grecia, Sicilia o Andalucía, sociedades impregnadas todavía de instituciones muy antiguas (el capitalismo nació en el Mediterráneo) que han entorpecido su desarrollo.

Seguí diciendo que, en el pasado, se salió de cada una de las crisis sistémicas, no con la destrucción del capitalismo como esperaba Marx, sino dando paso nuevas estructuras sociales de acumulación, nuevos  capitalismos que emergían con bases institucionales distintas a las del viejo capitalismo perdedor. Hoy, como diría Sarkozy, se está a la espera de la irrupción de un nuevo capitalismo, y este parece ser una sobredosis de capitalismo financiero donde rentistas y especuladores nos mantendrán inmersos en un rosario (más bien una ristra de chorizos) de  incertidumbres y temores, mientras la economía real intensificará la búsqueda de referentes en el capitalismo chino sobre la base de trabajo barato y ausencia de derechos sociales y democráticos.

Por Carlos ARENAS POSADAS

Los historiadores económicos son los intelectuales; los macroeconómicos son los semiintelectuales que dieron forma a las ideas, y luego están las abejas trabajadoras, que trabajan en lo micro, que no piensan y solo hacen números. Se eliminó a los historiadores porque, una vez que tienes la verdad, no quieres que el pasado sea examinado. Promocionaron a los semiintelectuales a los altares. Y elevaron a los que solo hacen números.

John Ralston Saul

psantelmoComo historiador, no deja de preocuparme el mal uso que se hace de la historia para justificar privilegios,  ambiciones o fracasos. Es más, como historiador me preocupa que la profesión no haya salido al paso de las tergiversaciones interesadas de la historia que sirven como suculento nutriente para las voraces pirañas que engordan con las especulaciones del día a día.

Los últimos tiempos nos aportan múltiples ejemplos del uso torticero de momentos históricos, al gusto del consumidor, para cuadrar los balances de las empresas.  Unos mercachifles encuentran ese momento la semana pasada; otros lo retrotraen poco menos que al neolítico.

Por Carlos ARENAS POSADAS

El presidente Griñán en reunión con 22 empresarios de Andalucía
El presidente Griñán en reunión con 22 empresarios de Andalucía

El presidente Griñán, y no Pepe Griñán como quiere que se le llame, ha hecho público un mensaje de buenas intenciones tal y como corresponde a las fiestas navideñas. Un mensaje que contiene lo que ha llamado un Pacto por Andalucía, que ha concretado en ocho líneas estratégicas de acción política y económica. Ningún reproche a las intenciones. Andalucía representa poco más o menos el 17 por ciento de la superficie española y el 18 por ciento de la población, y no hay ninguna variable de las que se utilizan para dimensionar (convencionalmente) el desarrollo económico y social -PIB, ahorro de las familias, densidad empresarial, stock de capital, inversión en formación, y en I+D+i, etc.-, que alcance ni de lejos esos porcentajes con respecto a la media española. Por el contrario, somos líderes en todo aquello que supone atraso, incertidumbres, malestar -a la cabeza, una tasa de desempleo de más del 30 por ciento-. Bienvenido sea cualquier pacto que sirva cambiar tan desagradable balance.

No obstante, me caben serias dudas de que las buenas intenciones vayan acompañadas de la necesaria voluntad política y, especialmente, del rigor intelectual y coherencia necesarios para que las propuestas sea creíbles y  los resultados fructíferos.

Por Javier ARISTU

Gran Vía de Granada. Foto: Landahlauts
Gran Vía de Granada. Foto: Landahlauts

Hace ya nueve meses que cuajó en nuestra tierra el acuerdo político entre PSOE e IU para dotar a Andalucía de un gobierno que, surgido y resultado de los resultados electorales del 25 de marzo, fuera capaz de afrontar con eficacia y solidez parlamentaria los vendavales y borrascas de esta terrible crisis. No es mal momento para, cercanos al final del año, hacer un primer balance de esta experiencia primera y única hasta ahora en Andalucía. Importante experiencia ya que, como espada de Damocles que permanentemente está suspendida sobre todos nosotros, tenemos del otro lado la práctica de un gobierno del PP que está dispuesto a cambiar del revés las aceptadas y consensuadas formas de convivencia de los españoles desde 1977.

Sin embargo, y aún siendo conscientes de la política agresiva y deslegitimadora que el gobierno del PP desarrolla contra el gobierno autónomo, seríamos poco juiciosos si pretendiéramos valorar la gestión del gobierno Griñán sólo y exclusivamente desde la comparación con el gobierno Rajoy. La importancia que el gobierno autónomo andaluz tiene, la amplitud de su influencia territorial y poblacional, los recursos presupuestarios (más de 32.000 millones de euros en 2012) y legales (autonomía plena y exclusividad de prestación de servicios en sanidad, educación y otras áreas) de los que dispone y su papel como autonomía del 151 nos obligan a intentar centrar en él mismo, y sólo en él mismo, nuestra modesta valoración y análisis.

Por Carlos ARENAS POSADAS

Manifestación en Sevilla, el 4D de 1977. Foto: Manuel Sanvicente
Manifestación en Sevilla, el 4D de 1977. Foto: Manuel Sanvicente

El 4 de diciembre de 1977, Andalucía tuvo también su “diada”. Cerca de dos millones de personas, dicen las crónicas, se manifestaron en todas las capitales y pueblos andaluces en reclamación de su autonomía política, según rezaban las pancartas que encabezaban las marchas. En Barcelona, un cuarto de millón de andaluces recorrió las ramblas hasta la plaza de Sant Jaume con el mismo objetivo. El pueblo andaluz, proclamaron los líderes políticos en las tribunas, demandaba participar de igual a igual en el diseño territorial del nuevo Estado democrático con la misma legitimidad que se le otorgaba de oficio a Cataluña y al País Vasco.

Miles de banderas andaluzas cubrían las cabezas de los manifestantes; mujeres y hombres, manifestantes de toda edad y condición -es decir, burgueses y proletarios, clases medias, profesionales y jornaleros-, aparecían allí cohesionados por un mismo sentimiento de agravio, de protesta por la discriminación territorial que se avecinaba. Causó sorpresa en toda España que la Andalucía apática y desconocida, la madre de todos los tópicos españolistas, se levantara contra su españolidad.

Por Javier ARISTU y Pedro E. GARCÍA BALLESTEROS

“…ni siquiera al racionalizar la medida ha sido capaz la Consejería de Educación de librarse de sus prejuicios ideológicos: de la distribución de portátiles quedarán excluidos los centros de la enseñanza concertada, cuyo alumnado no podrá beneficiarse de la iniciativa salvo que sus gestores se hagan cargo del coste de los ordenadores en función de sus prioridades y necesidades. Esta discriminación es injustificable y sectaria. Todos los estudiantes deben ser tratados igual, ya que la libertad de los padres no puede implicar tratamientos desiguales ni agravios comparativos”.

La cita anterior la hemos sacado del Diario de Sevilla del 10 de octubre y formó parte de su editorial dedicado a la medida de la Consejería de educación de la Junta de Andalucía relativa a adaptar (reducir) la política de conceder ordenadores personales a los alumnos de la enseñanza obligatoria y bachillerato en Andalucía dentro del denominado Programa TIC 2.0.

Resumamos los hechos: con vistas a dotar a los alumnos andaluces de capacidad de usuario con las tecnologías de la información la escuela debe ser un instrumento fundamental y decisivo para ello. El reto de alfabetizar en  informática y capacitar para el uso de esas tecnologías es general y universal en todas las escuelas del mundo. Unas con más éxito que otras, todas las administraciones educativas en los países europeos han acometido en los últimos veinte años políticas tendentes a ese objetivo de instruir a los alumnos en el uso de las tecnologías informáticas para la adquisición de conocimientos y para el aprendizaje social. Las inversiones en equipos y en software han sido cuantiosas. Los centros educativos se han transformado en continentes instructivos donde en el mejor de los casos la información mediante ordenadores y otros sistemas ha sido una prioritaria forma de relacionar a la comunidad educativa; en otras menos desarrolladas los profesores han dado por suficiente una instrucción básica a sus colegas y a sus alumnos sobre el acceso a internet como medio de información y aprendizaje. En Andalucía esa política ha estado centrada en dos modelos paralelos: dotar a los centros de infraestructuras permanentes (salas con ordenadores, pizarras electrónicas, acceso a internet, etc.) y, a partir de 2007, dar a los alumnos, dependiendo del nivel en el que estuvieran, un ordenador portátil para su uso exclusivo en el centro y en su casa.