Por Carlos ARENAS POSADAS

El presidente Griñán en reunión con 22 empresarios de Andalucía
El presidente Griñán en reunión con 22 empresarios de Andalucía

El presidente Griñán, y no Pepe Griñán como quiere que se le llame, ha hecho público un mensaje de buenas intenciones tal y como corresponde a las fiestas navideñas. Un mensaje que contiene lo que ha llamado un Pacto por Andalucía, que ha concretado en ocho líneas estratégicas de acción política y económica. Ningún reproche a las intenciones. Andalucía representa poco más o menos el 17 por ciento de la superficie española y el 18 por ciento de la población, y no hay ninguna variable de las que se utilizan para dimensionar (convencionalmente) el desarrollo económico y social -PIB, ahorro de las familias, densidad empresarial, stock de capital, inversión en formación, y en I+D+i, etc.-, que alcance ni de lejos esos porcentajes con respecto a la media española. Por el contrario, somos líderes en todo aquello que supone atraso, incertidumbres, malestar -a la cabeza, una tasa de desempleo de más del 30 por ciento-. Bienvenido sea cualquier pacto que sirva cambiar tan desagradable balance.

No obstante, me caben serias dudas de que las buenas intenciones vayan acompañadas de la necesaria voluntad política y, especialmente, del rigor intelectual y coherencia necesarios para que las propuestas sea creíbles y  los resultados fructíferos.

Por Javier ARISTU

Gran Vía de Granada. Foto: Landahlauts
Gran Vía de Granada. Foto: Landahlauts

Hace ya nueve meses que cuajó en nuestra tierra el acuerdo político entre PSOE e IU para dotar a Andalucía de un gobierno que, surgido y resultado de los resultados electorales del 25 de marzo, fuera capaz de afrontar con eficacia y solidez parlamentaria los vendavales y borrascas de esta terrible crisis. No es mal momento para, cercanos al final del año, hacer un primer balance de esta experiencia primera y única hasta ahora en Andalucía. Importante experiencia ya que, como espada de Damocles que permanentemente está suspendida sobre todos nosotros, tenemos del otro lado la práctica de un gobierno del PP que está dispuesto a cambiar del revés las aceptadas y consensuadas formas de convivencia de los españoles desde 1977.

Sin embargo, y aún siendo conscientes de la política agresiva y deslegitimadora que el gobierno del PP desarrolla contra el gobierno autónomo, seríamos poco juiciosos si pretendiéramos valorar la gestión del gobierno Griñán sólo y exclusivamente desde la comparación con el gobierno Rajoy. La importancia que el gobierno autónomo andaluz tiene, la amplitud de su influencia territorial y poblacional, los recursos presupuestarios (más de 32.000 millones de euros en 2012) y legales (autonomía plena y exclusividad de prestación de servicios en sanidad, educación y otras áreas) de los que dispone y su papel como autonomía del 151 nos obligan a intentar centrar en él mismo, y sólo en él mismo, nuestra modesta valoración y análisis.

Por Carlos ARENAS POSADAS

Manifestación en Sevilla, el 4D de 1977. Foto: Manuel Sanvicente
Manifestación en Sevilla, el 4D de 1977. Foto: Manuel Sanvicente

El 4 de diciembre de 1977, Andalucía tuvo también su “diada”. Cerca de dos millones de personas, dicen las crónicas, se manifestaron en todas las capitales y pueblos andaluces en reclamación de su autonomía política, según rezaban las pancartas que encabezaban las marchas. En Barcelona, un cuarto de millón de andaluces recorrió las ramblas hasta la plaza de Sant Jaume con el mismo objetivo. El pueblo andaluz, proclamaron los líderes políticos en las tribunas, demandaba participar de igual a igual en el diseño territorial del nuevo Estado democrático con la misma legitimidad que se le otorgaba de oficio a Cataluña y al País Vasco.

Miles de banderas andaluzas cubrían las cabezas de los manifestantes; mujeres y hombres, manifestantes de toda edad y condición -es decir, burgueses y proletarios, clases medias, profesionales y jornaleros-, aparecían allí cohesionados por un mismo sentimiento de agravio, de protesta por la discriminación territorial que se avecinaba. Causó sorpresa en toda España que la Andalucía apática y desconocida, la madre de todos los tópicos españolistas, se levantara contra su españolidad.

Por Javier ARISTU y Pedro E. GARCÍA BALLESTEROS

“…ni siquiera al racionalizar la medida ha sido capaz la Consejería de Educación de librarse de sus prejuicios ideológicos: de la distribución de portátiles quedarán excluidos los centros de la enseñanza concertada, cuyo alumnado no podrá beneficiarse de la iniciativa salvo que sus gestores se hagan cargo del coste de los ordenadores en función de sus prioridades y necesidades. Esta discriminación es injustificable y sectaria. Todos los estudiantes deben ser tratados igual, ya que la libertad de los padres no puede implicar tratamientos desiguales ni agravios comparativos”.

La cita anterior la hemos sacado del Diario de Sevilla del 10 de octubre y formó parte de su editorial dedicado a la medida de la Consejería de educación de la Junta de Andalucía relativa a adaptar (reducir) la política de conceder ordenadores personales a los alumnos de la enseñanza obligatoria y bachillerato en Andalucía dentro del denominado Programa TIC 2.0.

Resumamos los hechos: con vistas a dotar a los alumnos andaluces de capacidad de usuario con las tecnologías de la información la escuela debe ser un instrumento fundamental y decisivo para ello. El reto de alfabetizar en  informática y capacitar para el uso de esas tecnologías es general y universal en todas las escuelas del mundo. Unas con más éxito que otras, todas las administraciones educativas en los países europeos han acometido en los últimos veinte años políticas tendentes a ese objetivo de instruir a los alumnos en el uso de las tecnologías informáticas para la adquisición de conocimientos y para el aprendizaje social. Las inversiones en equipos y en software han sido cuantiosas. Los centros educativos se han transformado en continentes instructivos donde en el mejor de los casos la información mediante ordenadores y otros sistemas ha sido una prioritaria forma de relacionar a la comunidad educativa; en otras menos desarrolladas los profesores han dado por suficiente una instrucción básica a sus colegas y a sus alumnos sobre el acceso a internet como medio de información y aprendizaje. En Andalucía esa política ha estado centrada en dos modelos paralelos: dotar a los centros de infraestructuras permanentes (salas con ordenadores, pizarras electrónicas, acceso a internet, etc.) y, a partir de 2007, dar a los alumnos, dependiendo del nivel en el que estuvieran, un ordenador portátil para su uso exclusivo en el centro y en su casa.

Por Carlos ARENAS POSADAS

El empresariado andaluz ha estado de suerte en los últimos treinta años; lo ha estado porque ha conseguido borrar la mala imagen que se tenía de él allá por los años setenta, en los años de la mal llamada crisis del petróleo, cuando desde la academia y desde los sectores intelectuales más prestigiosos, se le culpaba del atraso andaluz, incluso  de haber traicionado las esperanzas de desarrollo y bienestar de todo un pueblo.

Se creía por entonces que junto a las causas exógenas de la crisis de los setenta (el precio del petróleo), globales (la crisis del modelo de acumulación keynesiano-fordista), o políticas (el régimen de Franco y la preterición de Andalucía por parte del Estado), existían razones endógenas propias de Andalucía derivadas de una deficiente estructura económica, un raquítico sistema financiero y la incapacidad política por encauzar recursos, establecer prioridades y articular el sistema productivo de toda la región. Hoy sabemos que las razones endógenas de la crisis de los setenta no eran causas sino consecuencias de la estrategia diseñada por un  empresariado autóctono, por una clase capitalista, que, a lo largo de muchas décadas –diría que siglos-, había hecho del abuso de poder, de la acumulación privilegiada de capital físico, humano, social y político, de la búsqueda y captación de rentas, de la disposición de una abundante mano de obra barata, las bases de acumulación de su riqueza.

Por Rosa BENDALA GARCÍA

En el, de momento, último paquete de ajustes, brilla por su simplicidad una medida fácil: los funcionarios no cobrarán este año la paga extra de navidad. Mejor para la salud, dirán algunos, porque ese dinero iba derechito al hígado en forma de alcohol y grasas. Mejor para la tesorería, pensarán, sin confesarlo, los gestores de los dineros de las Comunidades Autónomas, entre ellas la nuestra, que se ahorrarán en un mes tan comprometido como diciembre un montón de millones de euros y, para redondear la buena nueva, le pueden echar la culpa al gobierno de Madrid. Que se jodan, sentenciarán otros, utilizando el contundente castellano que alguna diputada ha dejado oír a los muros del hemiciclo (¿no son representantes del pueblo? Pues hala, a hablar como el pueblo, que ya se sabe que es soez y deslenguado).

 De los funcionarios casi todo el mundo habla, y la mayoría, de oídas: que si en España hay más funcionarios que en ninguna parte del mundo, que si los funcionarios cobran un montón de dinero, que si no trabajan, que son unos inútiles, y, en fin, que ya va siendo hora de que se les acabe la sopa boba (ay, Larra, Larra, vaya navajazo nos diste). Ya lo dijo el Secretario de Estado, del que no conocemos otros méritos que su verbo brillante: hay que olvidarse de los cafés y del periódico….Pero a la inconsistencia de los argumentos es preciso oponer la realidad de los datos, y también la realidad de las demandas sociales. Vayamos por partes.

Por Carlos ARENAS POSADAS

Uno de los conceptos más útiles de la moderna ciencia económica es el de la “dependencia de la trayectoria”;  viene a querer decir, grosso modo, que las sociedades circulan por unos raíles construidos en el remoto pasado y, aunque cada vez más difusos, aún marcan el itinerario que seguirán en el futuro a menos que sean destruidos si se considera que conducen por una vía muerta.

Esas vías eran y son el entramado institucional de leyes, normas, valores, creencias, etc., que marcan las conductas de los pueblos. Son instituciones que han sido creadas por las élites dominantes a lo largo de la historia, que han sido impuestas o consensuadas, cambiadas o levemente modificadas por ellas -“para que todo siga igual” que diría el príncipe Salina-,  en las malas coyunturas o en las crisis sistémicas de su dominación. Los raíles por los que circulamos son, en última instancia, el resultado de la pugna de intereses entre los distintos sectores sociales a lo largo del tiempo.