Batallas escolares

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Las derechas españolas han iniciado la undécima batalla escolar. Bajo el mantra de la libertad de enseñanza en todas sus variantes (libertad de los padres a elegir la educación de sus hijos, libertad de creación de centros, etc.) lo que tratan es de defender unos determinados privilegios que en resumidas cuentas se reducen a «yo creo centros como y donde quiera y tú me los pagas», o dicho de forma más sinuosa: «yo decido qué educación quiero y el estado me la debe pagar».

El asunto viene de lejos, de muy lejos. No quiero ponerme nostálgico pero si tiramos del hilo nos iríamos hasta las batallas por la otra libertad de enseñanza en el siglo XIX, la que protagonizó un señor llamado Francisco Giner de los Ríos, y que defendía el derecho a una enseñanza laica, libre de dogmas y fantasmas religiosos y en un país donde la Iglesia católica reinaba con exclusividad docente. O a los años de la II República cuando el naciente y débil estado laico trató de construir, imitando a los países del entorno, un sistema educativo público, libre de tutelas religiosas. Fue la batalla escolar que ha impregnado buena parte de nuestra historia contemporánea.

Lo mismo se repitió en la Transición de 1976. Cuando los partidos de la izquierda trataron de construir un nuevo modelo de escuela pública basada en los principios de universalidad, pluralismo, gratuidad, laicidad y democracia, la Iglesia y sus asociaciones empresariales salieron en tromba contra aquella iniciativa que trataba de superar el inmenso déficit educativo que durante el franquismo se  había ido produciendo. Déficit en estructuras y edificios, déficit en contenidos y formación del profesorado, déficit en servicios públicos educativos para la ciudadanía. Fue una batalla escolar de primer orden y que rodeó la discusión sobre el art. 27 de la Constitución. Recuerdo las intervenciones y declaraciones de autoridades eclesiales propugnando la libertad de enseñanza y recuerdo las horas que dedicamos desde las organizaciones de izquierda a debatir y polemizar con los representantes de aquel sistema educativo privado, sistema que había   sido dominante durante el franquismo y pretendía seguir siendo en democracia. Y sostenidos con el dinero público porque, nos decían, era derecho de los padres. Todavía tengo en mi biblioteca materiales y libros que se generaron a partir de aquellos debates públicos y que siguen siendo de palpitante actualidad, entre otras cosas porque la derecha escolar y los sectores de la Iglesia educadora siguen sin asumir el principio básico del servicio público y de la obligación de los poderes públicos de compensar las desigualdades sociales. Me lo ha recordado el periodista Enric Juliana con un acertado post que ha publicado el pasado sábado en la Vanguardia.

La política del PSOE gobernante a partir de 1982 consistió en resumidas cuentas en dos vectores: desarrollar una estructura educativa estatal que llegara a la gran mayoría de la sociedad y, al mismo tiempo, no provocar a la patronal privada-religiosa concediendo una importante cantidad de dinero para mantener y extender la estructura católica de la enseñanza allí donde estaba ya instalada, generalmente en las zonas con mayor renta de las ciudades. Primero se gestó una política hacia los centros subvencionados y después la política de concertación con la empresa privada de la enseñanza. De esta forma se ha consolidado una doble estructura educativa española con un reparto en torno al 70 por ciento de centros públicos y un 30 por ciento de enseñanza privada. El problema, por tanto, no es que la enseñanza pública estatal pierda terreno en la sociedad sino que esa doble red escolar es la radiografía de una estratificación social desequilibrada e injusta: las clases sociales acomodadas mandan a sus hijos a centros privados que reciben dinero público mientras que las clases sociales de menor renta no tienen otra opción que enviar a los suyos a los centros públicos de la zona. La novedad es que aquellos centros religiosos que antes estaban en los centros de las ciudades ahora, tras un goloso proceso de recuperación de plusvalías de aquellos terrenos, han pasado a las periferias verdes y reciben a los hijos de esas acomodadas clases que llegan en transporte escolar desde sus casas.

La batalla hoy se ha desplazado desde la búsqueda de dinero público para sostener los centros privados hasta los vectores ideológicos y de transmisión cultural. En una sociedad bombardeada por una buena cantidad de debates y batallas ideológicas sobre el sexo, el género, la igualdad de grupos culturales diversos, la evolución humana, la genética, el sentido de la vida, etc., la escuela privada religiosa, en su gran mayoría, trata de mantenerse como una isla al margen de esos cambios civilizatorios y para ello pretende adoptar un ideario y un catecismo curricular que evite la contaminación de esos peligros que recorre la sociedad mundana. Trata de ser como una balsa en medio del proceloso océano, balsa donde se acoja a aquellos temerosos de esos dilemas e incógnitas que la ciencia nos está provocando.

¿Tendrá éxito ese modelo de escuela y sociedad ajena a los cambios y novedades de este siglo XXI? Sinceramente, me cuesta trabajo pensar que un maestro de primaria de un centro privado religioso pueda competir contra la evidencia de la ciencia a la hora de proclamar el origen del hombre y su destino cósmico. Pero, mientras, va a ser un muro de defensa contra esa sociedad abierta y moderna y va a provocar mucho ruido.

Y para debilitar ese muro de intolerancia e intransigencia que puede ser hoy esa enseñanza doctrinaria nada mejor que una buena escuela pública moderna, científica, preparada e innovadora donde el profesor formado y adaptado a las buenas prácticas sea su ariete. Y me temo que eso no se ha conseguido. En la actualidad disponemos de una estructura pública educativa muy burocratizada, con viejos resabios del funcionario impasible a los cambios, con importantes carencias formativas y curriculares y sin motivación de servicio público. Y eso no se arregla solo con dinero sino con ideas claras sobre la reforma del aparato administrativo y objetivos también claros y evidentes a la hora de motivar al personal docente. Mucha tarea por delante.