Andalucía y el debate español

Foto RTVE

Por Javier ARISTU

Hay voces y opiniones publicadas que han destacado, lo pongo entre  comillas,  «la ausencia de Andalucía» en el debate de investidura celebrado estos días pasados. Con esa afirmación quieren destacar el rechazo que les produce el protagonismo que el debate catalán ha tenido en esa investidura y, a la vez que la política andaluza, y con ella sus representantes legislativos, no estén jugando ningún papel estelar en el actual escenario español. ¡Qué diferencia –dirán– con aquellos años de gloria cuando el presidente del gobierno y su vicepresidente eran andaluces y, además, dirigentes del mismo partido andaluz! Estas fotos, una de 1982 y otra de 2020,  nos pueden dar alguna idea aproximada de los cambios que se han producido en las correlaciones políticas y territoriales.

Es posible que la foto de aquellos años, los que van de 1982 a la década de los noventa en España, y las casi cuatro décadas de gobierno andaluz del PSOE, no exprese adecuadamente la imagen veraz de España y su auténtica y diversa realidad política territorial. En cierto modo, el debate de investidura de Pedro Sánchez ha recuperado una parte consistente y contumaz de una historia de España que se pretendió trasfigurar y envolver con algún que otro artificio. Me refiero a algo muy simple y que trataré de resumir en breves palabras aunque el asunto es bastante más complejo. En resumen: el problema de articulación territorial más grave que ha atravesado la historia española tiene que ver con la relación entre Cataluña y el País vasco con el Estado español. Dicho problema ha venido sacudiendo la anatomía de España durante más de cien años. En 1931 se acometió el problema a través de dar a Cataluña un Estatuto de Autonomía reconociendo su naturaleza nacional. Luego en la Constitución de 1978 se dio respuesta al mismo a través de un complejo, contradictorio pero a la vez inteligente acuerdo político que venía a reconocer la existencia de «nacionalidades y regiones» en España. De esa manera el Estado reconocía formalmente a Cataluña y País vasco como nacionalidad y abría el camino a construir un modelo de estructura territorial cuasi federal. En cierto modo, se reconocía el fracaso del Estado centralista y se confirmaba la vía de un estado compuesto de realidades diversas y plurales.

Y en esto entró Andalucía. El proceso del 4D y del 28F rompió el diseño y significó el protagonismo de la comunidad andaluza en ese juego de poderes territoriales. Pero, a su vez, generó una tensión anticatalana y antivasca que todavía dura y que incluso se ha incrementado. La emulación legítima de las elites andaluzas a seguir los pasos de las catalanas y vascos a través de un «Estatuto de primera» mediante el artº 151 significó dos cosas: el reconocimiento de Andalucía como sujeto político de primer orden pero también la neutralización de la importancia del problema mayor, el hecho de Cataluña como ente nacional o como «hecho de nacionalidad». La desgraciada frase de aquel ministro del «café para todos» no significaba tanto el ascenso de Andalucía a la “primera división” como el ninguneo e ignorancia del mayor problema que ha tenido la articulación española durante el siglo XX, el encaje de Cataluña en una España plural.

Y así hemos seguido durante casi cuatro décadas, construyendo y desarrollando un modelo de distribución territorial del poder que llamándose autonómico no ha dejado, sin embargo, de tener un profundo sesgo centralista y uniformador. Porque, en el fondo, lo que se trataba era de frenar e impedir que los catalanes siguieran en su senda catalanista. La vía de los gobiernos de Aznar fue clara en esa línea, a pesar de sus pactos del Majestic; y los gobiernos andaluces nunca dejaron de ser la sirena de alarma cuando se trataba de avanzar en el reconocimiento de la especificad catalana.

Porque existe, sí, esa especificidad catalana. Cataluña es una formación social, histórica, cultural y lingüística diferente al resto de los territorios que han constituido esa realidad histórica llamada España. En la época moderna, Cataluña no ha tenido una historia diferente a la de España como Estado nacional…pero al mismo tiempo ha tenido sus rasgos peculiares y diferentes al resto. Cosa que no ha ocurrido con Andalucía, formación social, histórica, cultural y lingüística integrada plenamente en el proyecto de España desde el siglo XV aunque fuera a través de sus cuatro reinos. Nunca ha tenido Andalucía una trayectoria distinta o diferenciada del de la monarquía española; ha sido, incluso, pieza clave de su proyecto americano y de su proyecto como estado liberal.

Fue el papel de unas elites catalanas, y catalanistas, las que dieron personalidad y teorización al proyecto de Cataluña como nación dentro del proyecto español. Hay un concepto que desarrolla el historiador Josep Maria Fradera que me parece clave para entender lo que fue el catalanismo hasta Prat de la Riba: «España como nación, Cataluña como patria». Síntesis perfecta de todo un proyecto que no era ni centralista ni separatista. Fueron las elites catalanas con Prat de la Riba las que ampliaron seguramente aquel proyecto de defensa de la cultura catalana para convertirlo en un nacionalismo peculiar y no rupturista: Cataluña como guía de una España reformada. O dicho con las mejores y más precisas palabras de Solé Tura: «La burguesía nacionalista de la Lliga no quería la independencia, sino la reforma del Estado; no quería la ruptura sino el compromiso; no quería la República, sino la apertura de la Monarquía». Años primeros del siglo XX.

Ha pasado casi un siglo de aquellos momentos. Asistimos en estos primeros años del siglo XXI a un proyecto completamente nuevo, desconocido y rupturista: el proyecto de independencia de Cataluña. Todavía está por resolverse cuáles son las causas profundas y verdaderas que han podido provocar respuesta tan radical y abrupta. El independentismo es, sin duda, un proyecto impracticable, inviable e irrealizable pero que de momento tiene tras sí a más de dos millones de catalanes inasequibles al desaliento. Y ese independentismo responde, seguramente también, al fracaso político del propio Estado español, de sus gobiernos –como apuntó Pedro Sánchez en su discurso de investidura– a la hora de proseguir el tratamiento ante la demanda de catalanes.

En cierto modo ha resurgido la enfermedad que la política no fue capaz de curar adecuadamente en 1978 y en años posteriores. Es posible que los catalanes tampoco cuidaran bien su salud en estos años o no fueran capaces de percibir que ellos también tenían su responsabilidad a la hora de constatar los fracasos como sociedad y como entidad política encargada de cuidar de sus propios ciudadanos. Las culpas son tanto de España como Estado como de Cataluña como nacionalidad. Son innumerables las causas de ese renacer de la enfermedad. Pero ha vuelto a dar la cara y habrá que acometer su curación.

No nos extrañemos por tanto que sea Cataluña hoy la que protagonice el debate porque, a su manera, al arreglar el problema de Cataluña estamos arreglando el problema de España. Hace ya bastantes años, en una conversación con Julio Anguita, siendo este candidato de IU-CA a la presidencia de la Junta de Andalucía, me dijo que Andalucía iba a ser la que pusiera en cuestión, en crisis, el modelo de Estado español y, yendo más aún, de Europa como proyecto político. No entendí entonces a dónde quería llegar el dirigente de izquierda andaluz con esa reflexión, pero ya tenía entonces y tengo ahora claro una cosa: si algún territorio podía poner en crisis el modelo del Estado autonómico y democrático español esos solo podían ser el País vasco o Cataluña. La historia de más de cien años nos mostraba el nudo del problema territorial de España. Nunca Andalucía fue objeto de discordia con España; más bien eran sus elites políticas la que habían marcado y condicionado el modelo español centralista y conservador. Eso había ocurrido a lo largo de los primeros años del siglo XX y eso parece que vuelve a ser en estos primeros años del siglo XXI, cuando somos gobernados por una alianza de derechas.

Cualquier progresista español y andaluz debe tener claras dos cosas: una, que resolver el contencioso catalán mediante el acuerdo y el pacto es el camino obligado para resolver el problema mayor de España; y dos, que Andalucía como comunidad política  debería jugar un papel proactivo y positivo hacia ese acuerdo ya que el centralismo español nunca ha sido un componente benefactor para la sociedad andaluza.