Cataluña: preguntas y respuestas

Foto: Ana Rey

Por Javier ARISTU

Cuento una anécdota real ocurrida a un familiar que vive y trabaja en Cataluña. Sucedió al día siguiente de la aprobación por el Parlament catalán de la ley de Transitoriedad. Fue este familiar a un gabinete de estética que suele visitar desde hace varios años para cultivarse e higienizar el cuerpo. Le estaba esperando la profesional esteticien con cara muy sonriente. Según le confesó —en catalán, obviamente— mientras comenzaba a preparar los potingues, «estaba radiante, exultante porque por fin vamos a alcanzar la independencia, un sueño que me invade desde que tenía catorce años». La chica debe tener unos 35 años en la actualidad. Mi familiar, discretamente y sin entrar en el terreno de quien la estaba despellejando física y literalmente en ese momento con la cera ardiente, le fue preguntando por diversos aspectos de este procés, un procés que había cruzado su rubicón ese 7 de septiembre de 2017. ¿Y qué va a pasar el 1-O? Respuesta: “Vamos a votar con libertad y después seremos independientes”. ¿Y qué haréis después con España? “¡Ah! Tendremos que negociar, claro; los asuntos tendremos que resolverlos negociando con Espanya”. Hubo por supuesto más preguntas dudosas y más respuestas optimistas pero con lo citado me basta. Estamos en lo que se llama un momento de alta carga emotiva donde la razón y la sensatez han huido del campo de batalla. Solo queda la emoción, el patetismo y la bravura. Mal andamos de esta forma.

En toda esta batalla de posiciones intelectuales y políticas hay dos elementos que se han erigido en dominantes: derecho a decidir (que no es sino el clásico derecho de autodeterminación en lenguaje cheli) como fundamento metafísico de todo y el referéndum como instrumento mágico de decisión democrática. Ambos talismanes están derrotando completamente al que la historia y la experiencia ha venido instituyendo como factor decisivo en la buena dirección de las sociedades políticas: la razón política. Hoy este valor está en desaparición, aunque espero que no derrotado. Incluso el ejercicio parlamentario que viene a ser el desarrollo más perfeccionado de esa razón política (palabra, voz y expresión de todos, mayorías y minorías) ha sido abochornado en las sesiones de los pasados días 6 y 7 de septiembre en Barcelona.

El llamado derecho a decidir, que, repito, no es sino el derecho de autodeterminación de los pueblos, ha venido recubriendo desde hace tiempo toda la estrategia del independentismo. Desde ciertas posiciones de una llamada “izquierda clásica” se nos dice que ese derecho es sagrado, consustancial con la naturaleza de izquierda. Lo fue, ciertamente, patrimonio de una izquierda bolchevique o radical a comienzos del siglo XX. Nunca fue aplicado en la práctica en los territorios de la antigua URSS, ni en China revolucionaria (veamos el caso de Tibet y otras zonas con etnias diferentes a la dominante). Ha sido, curiosamente, un principio esencial de los partidos comunistas y de izquierda radical…pero nunca estos lo aplicaron cuando alcanzaron el poder. El principio de autodeterminación se basa en el principio de las nacionalidades, o sea, que por el hecho de ser (o sentirse) nacionalidad se tiene derecho a independizarse de un Estado que la abarca. La cuestión por tanto es que hay un derecho colectivo predeterminado: el pueblo-nación como origen y fundamento de un destino construido. La experiencia de los últimos veinte años es prolífica en la demostración de que la aplicación de ese llamado derecho (impuesto, por cierto, sobre cualquier otro individual o colectivo) ha venido ocasionando en la geopolítica mundial auténticos destrozos y derribos en la convivencia de sociedades que, como antes y como siempre, han sido mestizas, multiculturales y complejas. Podemos hablar de la liquidación de los antiguos estados compuestos, como Yugoslavia, o de la relación de Rusia con Ucrania y Bielorrusia, por no aludir al lejano mundo de las repúblicas asiáticas del antiguo dominio soviético. O de los territorios y poblaciones hoy bajo los estados de Bulgaria, Rumania, Hungría o Polonia, antes dominios del Imperio austro-húngaro, que recogen una impresionante variedad de etnias y “nacionalidades”. Auténticos polvorines si se aplicara en ellos ese derecho de autodeterminación de los pueblos en abstracto.

Por tanto, el derecho de autodeterminación de los pueblos, en mi opinión, no viene a arreglar nada sino precisamente a enturbiar y complicar el futuro de las sociedades europeas. Es un catecismo de izquierda que ni cura la enfermedad —posiblemente la agravaría— ni perdona el pecado de sentirse nación antes que sociedad democrática de ciudadanos.

El otro dispositivo, el referéndum, se plantea como la piedra mágica que resolverá los otros problemas. Se cree que el plebiscito en un día señalado supondrá la solución. Será sin duda una decisión, legítima si se hace de acuerdo con unas normas básicas de legitimidad y legalidad democrática, pero a veces no es una solución. En muchos casos se ha convertido además en un problema. Niego, por tanto, que todo referéndum, por sí mismo, sea válido y legítimo. Referendos los ha habido en democracias y en dictaduras. Es evidente que forma parte de una cultura democrática de la sanción final que hace toda una sociedad a un proyecto, a una ley, a una decisión parlamentaria. Para ello es necesario e indispensable que, previo al referéndum, se construya una red de cohesión y de acuerdo político amplio. Los británicos, en mi opinión, fueron al referéndum del Brexit precipitadamente (el que lo convocó goza en estos momentos de unas posiblemente permanentes vacaciones políticas), sin debatir a fondo y prolongadamente en su sociedad política los pros y contras de dicho Brexit. Y así les va, indecisos sobre qué tipo de salida de Europa deben acometer y las consecuencias negativas que ello les va a suponer. Quien crea que, aunque fuera legal y legítimo, el referéndum en Cataluña acerca de la independencia en estos momentos será la solución al problema planteado está diciendo solo parte de la verdad.

El amigo Javier Pérez Royo ha planteado en reciente artículo con rotundidad este criterio de que el referéndum es una “condición sine qua non” para proseguir en “lo que se considera que es una competición democrática en cualquier país civilizado”. Ni se me ocurre polemizar con él desde una perspectiva jurídico-política porque no soy experto. Pero me atrevo a discrepar en algún aspecto. Aceptando que el referéndum tendrá que celebrarse en algún momento futuro dado el nivel de consenso que tiene en Cataluña ese llamado derecho a decidir, se me ocurre pronunciarme por que esta condición tendrá que venir después de otras, si realmente se quiere solucionar el inmenso problema que hoy tienen Cataluña y España.

Me explico. Plantear el referéndum como punto de partida para luego negociar con España —como decía la esteticien de mi familiar— es condenar, creo, la solución al fracaso. Que es lo que está pasando. Plantear el referéndum como última decisión tras un prolongado, difícil y arriesgado proceso de negociación entre el Estado (fuerzas políticas) y las fuerzas catalanas es propiciar las vías políticas antes que las vías plebiscitarias. Las vías políticas son las que de verdad pueden arreglar este enconado problema; las vías plebiscitarias solo pueden ser sancionadoras de algo previo. Este asunto o se arregla encerrándose las fuerzas políticas representativas en una cámara de discusión y negociación o no lo va a arreglar ningún plebiscito. Imaginemos que hoy las fuerzas independentistas pudieran ganar un referéndum acorde con la ley con el 51% de los votos. ¿Qué suponemos que van a hacer los sectores (y sus fuerzas políticas que les representan) del 49%? ¿Alguien cree que la “minoría parlamentaria” —que parece que en sondeos es paradójicamente mayoritaria— va a aceptar mansamente la situación? ¿Acaso no es posible en el futuro un nuevo conflicto cultural y social a partir de que ese 49% podría, por ejemplo, exigir el castellano como lengua de uso vehicular en “sus” escuelas, desterrando el catalán? ¿Se sentiría ese bloque no independentista parte del “poble catalá”? ¿No podría producirse otro tipo de desobediencia civil hacia esa Generalitat del 51% como está propugnado esta última respecto del Estado español? Y podríamos hacernos muchas más preguntas que no hacen sino aumentar la alarma.

Concluyo: un referéndum planteado como piedra pedestal no va a consolidar en nada la estabilidad de la sociedad catalana sino que va a destruir lo poco que aún queda de convivencia y cohesión social. Un referéndum como conclusión de un debate político serio destinado a cohesionar lo que hoy está roto es razonable y necesario. Este debate tendrá que implicar desde el PP hasta Esquerra Republicana, desde el PSOE hasta Unidos Podemos. Tendrá que ser en sede parlamentaria y también en sede discreta, fuera de los focos mediáticos que a veces son tan perjudiciales para los acuerdos duraderos. Pero me da que son demasiadas las grietas y las heridas por ambas partes como para pensar a corto plazo en encuentros y procesos de acercamiento. Lamentablemente se han saltado muchas luces rojas que en política suponen auténticos descalabros difíciles de arreglar.