Cataluña, Andalucía y el derecho a decidir

Por Javier ARISTU

Comienza a ser llamativo, si no preocupante, la relación especular que mantienen algunos dirigentes políticos andaluces con Cataluña. Mantengo desde hace tiempo que la tradicional e histórica relación que ha mantenido Andalucía con Cataluña, o los andaluces con los catalanes, ha pasado en los últimos años a una nueva dimensión. Durante gran parte  del siglo XX los andaluces fueron a Cataluña a poner su fuerza de trabajo al servicio de la empresa y del capital catalán. Especialmente durante la mitad del pasado siglo esa oleada migratoria se convirtió en un fenómeno cultural y político de primer orden y ha dado sentido a la actual Cataluña, por mucho que les pese a las actuales élites dirigentes catalanistas de aquella comunidad. Hoy es muy difícil entender la Cataluña de 2017 omitiendo las realidades geográficas, sociales y culturales que están presentes en poblaciones como Hospitalet, Santa Coloma, Cornellá, Badalona, El Prat, Sant Adriá y muchos barrios de la propia Barcelona, donde la población de origen andaluz inunda sus casas y calles. Muchos cientos de miles de ciudadanos de origen andaluz (y de otras regiones españolas)  se han integrado en esa multiforme y plural sociedad catalana, colaboran diariamente en la vida y existencia de esa comunidad política y aportan su trabajo y su valor para mantener el prestigio que hasta ahora ha tenido Cataluña. No estoy seguro de que la actual dinámica segregadora de la élite directiva catalana esté reconociendo ese papel fundamental que jugaron y han jugado esas comunidades de sureños, charnegos o andalusos, como se quieran llamar. No es casualidad que sea Ciudadanos, ese partido escorado hacia el conservadurismo político en el conjunto español, quien pueda estar recogiendo en Cataluña las expectativas y frustraciones de la comunidad catalana de origen andaluz. Ya ocurrió así en las elecciones de 2015 cuando el partido de Inés Arrimadas se colocó como fuerza primera entre las opositoras del bloque soberanista, por delante de socialistas y de la izquierda de Catalunya Si que es Pot (actual Comunes). Los sondeos electorales siguen confirmando esa posición.

Desde el sistema político de Andalucía se ha asistido históricamente a la deriva de Cataluña con una mezcla de colaboración y recelo. El periodo en que gobernaba Chaves en Andalucía y Pujol o Maragall en Cataluña fue una simbiosis de diálogo y desconfianza. Nunca se planteó desde el Palacio de San Telmo algo que fuera más allá de la corrección política: se hacía políticas de solidaridad y apoyo cultural con los andaluces de Cataluña a través de subvenciones a sus casas regionales y soporte al regreso migratorio pero jamás se estableció una política de meterse en medio del avispero cultural catalanista. Maragall, ya es sabido, fue además un personaje que en cierto modo encendió de nuevo la llama con la reclamación del nuevo estatuto catalán ante Zapatero; reclamación y llama que provocó nuestro nuevo y segundo Estatuto de Andalucía que no sabemos todavía para que sirvió exactamente su redacción y qué de nuevo aportó a la convivencia entre los andaluces y de estos con el resto de españoles.

Al día de hoy esa actitud se ha transformado en un auténtico festival de insensateces y anacronismos. Así, el Partido Popular andaluz por boca de su secretario Juan Manuel Moreno dice que Andalucía «debe seguir liderando la defensa de la soberanía nacional, que no es negociable ni fraccionable», cosa completamente estúpida: la soberanía española hace más de dos décadas que se viene “negociando” con la Unión Europea puesto que, como se sabe, hay asuntos esenciales para los españoles sobre los que ya el Reino de España no tiene capacidad legislativa ni soberanía al haber pasado estas a la Unión.

El PSOE de esta comunidad dirigida por Susana Díaz, que aspiró hace pocas semanas a erigirse en guía y bandera del resto de España, manifiesta una postura que no parece ser la de su secretario general: Susana ha insistido en que el debate sobre territorios es “trasnochado” y hace falta ese concepto de ciudadanía “plena que tenga derechos y libertades por igual en el conjunto del territorio”. Palabras que no aclaran casi nada a la hora de resolver el encaje de territorios en el futuro del Estado. ¿Seguir igual que ahora? ¿Abrirse a una reforma constitucional que abra la vía federal y suponga, por tanto, la compatibilidad de derechos de las personas en todo el estado con diferencias o asimetrías entre los territorios? Ni palabra se dice de eso.

Lo último viene del área de Podemos. Ya sabemos que dentro de esa formación las posiciones son múltiples. Para unos la patria (¿con mayúsculas Patria?) sería compatible con la soberanía de Cataluña, en versión de Pablo Iglesias; unos irán a votar el 1 de octubre pero otros no lo harán; será un auténtico referéndum o más bien una manifestación popular de protesta…al concierto le falta afinar los instrumentos. La última intervención viene de la portavoz andaluza de Podemos. Según El Correo de Andalucía Teresa Rodríguez ha dicho que la “consulta” catalana del 1 de octubre «es «legítima y razonable y en Andalucía existe el precedente de la manifestación del 4 de diciembre de 1977 y del referéndum de autonomía del 28-F de 1980». La comparación chirría porque la historia no tiene nada que ver con lo que ella dice. Aclaremos la cuestión.

La manifestación del 4D de 1977 se produjo pocos meses después de las primeras elecciones democráticas (15 de junio) y fue acordada por la asamblea de parlamentarios andaluces que representaban en Madrid los votos de los andaluces (el llamado Pacto de Antequera a través de los partidos UCD, PSOE, PCE) y por el conjunto de partidos democráticos andaluces (que yo recuerde UCD, PSOE, PCE, PSA, AP, PTE y otros). Insisto: la manifestación del 4D fue convocada por todas las fuerzas parlamentarias democráticas. Su objetivo era claro: la Autonomía de Andalucía.

Tras esa fecha que congregó una inmensa masa de gente en la calle comenzó un sinuoso, complejo y dificultoso proceso de negociación entre el gobierno de Suárez (UCD) y el resto de fuerzas a fin de concretar la vía y el procedimiento para conseguir el estatuto de Autonomía. Como se sabe, pero es bueno recordarlo, la UCD propugnó una vía lenta, la del 143 de la Constitución Española ya en vigor, en aras de mantener aparcada dicha autonomía andaluza hasta conseguir resolver los dos expedientes más complicados que tenía entonces: País Vasco y Cataluña. Sin embargo, el resto de fuerzas políticas (con excepción de la AP de Fraga) optaron —y se la jugaron en cierta medida— por la vía del art. 151 de la CE, vía más rápida y que suponía alcanzar la plena autonomía en igualdad con Cataluña y País Vasco a través de un referéndum. Este se celebró el 28 de febrero de 1980 y, tras algunos meses de negociación para validar su resultado, supuso la fecha de lanzamiento de la Autonomía de Andalucía. Luego vinieron la redacción del Estatuto de Carmona (1981) y las primeras elecciones autonómicas en Andalucía (23 de mayo de 1982) que dan lugar al primer Parlamento y primer Gobierno andaluces.

¿A dónde me lleva este breve resumen de fechas y procesos? En primer lugar, al argumento de que todas las manifestaciones y actos fueron siempre expresión de la unidad de todas las fuerzas políticas andaluzas. Ningún movimiento se hizo a partir de la división de las mismas. Incluso cuando la UCD se segregó del proceso, tratando de impedir la vía del 151, los sectores andaluces que formaban parte de esa fuerza de gobierno se salieron y apoyaron el proceso autonómico en su conjunto y con ese procedimiento del 151. En segundo lugar, todas las operaciones puestas en acción se hicieron con el más amplio respeto a las normas existentes, a la ley del momento. La presión de masas en la calle se hizo —nunca ha habido más gente en las calles andaluzas, salvando las manifestaciones de los días posteriores al 23F y del asesinato de Miguel Ángel Blanco— desde la unidad de las fuerzas políticas y desde el respeto a la ley y a la negociación política; el respeto a la ley era a una muy inmadura e inestable ley y la negociación política se realizó con creces.

Todo completamente diferente a lo que está ocurriendo en Cataluña desde hace unos años. El procés catalán está provocando la mayor división social que ha podido conocer esa nacionalidad desde hace muchas décadas; se han formado dos bloques de fuerzas políticas, las soberanistas y las contrarias a ese proceso unilateral; se está realizando un proceso de independencia sin cumplir las mínimas condiciones de legalidad…y más argumentos que se están repitiendo por todas partes (léase el reciente artículo de Joan Botella en El País).

Por tanto, el procés de Catalunya no tiene nada que ver con el andaluz de 1980. El nuestro fue un referéndum con todas las de la ley y todas las condiciones de legalidad y democracia mientras que el previsto del 1 de octubre en Cataluña es una auténtica farsa. Farsa que puede convertirse en tragedia. Bueno sería que la portavoz de Podemos Andalucía releyera algún manual de Historia Contemporánea de Andalucía y también de Historia de Cataluña para que no repitiera las inexactitudes de las que se hace eco la prensa. Uno puede entender que en su afán de que Podemos sea la oposición al PSOE en Sevilla y al PP en Madrid se utilice la propuesta del 1 de octubre catalán para atacar a las anteriores fuerzas de gobierno…pero siempre que no se pierdan los papeles y se digan tamañas inexactitudes que ni la historia ni la política seria pueden avalar.