Un boicot

Por Javier ARISTU

Sé que hoy toca hablar del Comité federal del PSOE, que celebra su reunión para decidir la posición a tomar en el posible próximo debate de investidura. Pero, antes, y a propósito de un hecho sucedido la semana pasada, me parece importante reflexionar sobre la relación entre poder, y símbolos del mismo, y contrapoder, y símbolos del mismo.

Se ha comentado mucho la noticia de la frustrada conferencia de Felipe González y Juan Luis Cebrián en la Universidad Autónoma de Madrid el pasado 19 de octubre. Hay dos artículos que he leído con mucho interés, publicados uno en Cuarto Poder y otro en Ctxt (Contexto y acción). Y esto por varias razones: una) que el primero está firmado por un amigo, Sebastián Martín, que, además, es persona de criterio valioso y juicioso; dos) que otro de los artículos leídos está “firmado” por uno de los participantes en el boicot a los dos conferenciantes; y tres) porque, en general, no me suelen interesar las opiniones que se vierten en otros medios como La Razón o ABC que, al parecer y siguiendo su línea editorial, han aprovechado el acontecimiento para provocar un ataque desmesurado y manipulador contra Pablo Iglesias, Podemos y los propios estudiantes boicoteadores. Ataque al que se ha apuntado, para no variar su última línea editorial, el periódico El País. No voy, en consecuencia, dedicar estas líneas a descalificar o criticar las plataformas ideológicas o de opinión de esos diarios de la derecha española. El propio artículo de Sebastián Martín, como el de otras personas que han salido a la tribuna pública, aporta sustanciosos argumentos para esa misión.

Empecemos con el primero del amigo. Sebastián Martín desarrolla a lo largo de su artículo un conjunto de argumentos y opiniones perfectamente suscribibles por aquellos que pensamos que en España —y en Europa también, no se olvide—se viene produciendo desde hace años un retroceso en el terreno de los derechos y las libertades. Resumo los principales puntos a los que se refiere Sebastián Martín: 1) nuestra cultura pública y constitucional va haciéndose cada vez más autoritaria; 2) a la hora de ponderar a quién proteger en el ejercicio de su libertad de expresión, es evidente que deben priorizarse las posturas de los más débiles, en este caso las de los manifestantes; 3) la libertad de expresión es una garantía constitucional especialmente consagrada frente a su posible cercenamiento por parte de poderes gubernativos; 4) la libertad de expresión, contemplada en su genealogía, fue reivindicada como inmunidad institucionalmente garantizada de la crítica contra el poder; 5) la rebelión estudiantil es algo natural con la existencia de un sistema democrático, no debe ser, por tanto, visualizada como un error sino precisamente como un derecho y una virtud; 6) la criminalización de la protesta expresa la falta de sentido democrático de los medios que así han actuado; y 7), finalmente, defender la democracia supone proteger el derecho a la protesta frente a los poderosos.

Creo que el hecho de que el autor de este alegato sea profesor de Historia del Derecho indica la importancia que el acontecimiento del pasado 19 de octubre tiene para la configuración de un estado de derecho y de una sociedad de libertades. Vaya, pues mi acuerdo con el profesor Martín en el ochenta por ciento de su interesante artículo.

Sin embargo, hay una parte, pequeña, de su reflexión que creo que podría mejorarse a fin de completar su estupendo análisis. Me refiero al último párrafo, cuando, de forma genérica y abstracta, sin nombrar a nadie, porque todos los actores eran “anónimos”, deja en un estado gaseoso la crítica a la forma de llevar adelante la protesta. Se dice en esas frases finales: «Sobra, a mi juicio, todo atisbo de intimidación, amenaza o insulto en cualquier acto de protesta. Incurrir en ellos desautoriza a quienes la protagonizan. Ir más allá de la visibilización simbólica, reventando irreversiblemente un acto, también supone un flaco favor a la propia causa, como ha podido comprobarse desde el primer momento». Queda claro, desde mi lectura, que el profesor Martín no comparte algunas formas o símbolos de aquella protesta. Pero, ¿no hubiera quedado más explícito si en vez de hablar de “visibilización simbólica” se hubiera referido al hecho de ir enmascarados dentro de la Universidad y que ese hecho, ocultar la cara, es la antítesis de la ciudadanía? ¿O por qué no criticar que en ese acto, en ese recinto y en ese momento aparezca una pancarta de Euskal Preso Etxera que uno no sabe a cuento de qué se expone allí? ¿Y qué decir acerca del uso de la palabra “asesino” en una pancarta contra “el representante del poder” cuando no existe ninguna sentencia judicial que así lo considere? Creo que no se trata de plantear posturas equidistantes sino de situar la crítica allá donde deba ir: la crítica al poderoso es necesaria y hay que visibilizarla, y la crítica al débil hay que ejercerla cuando este usa contenidos y formas inadecuadas. Mantenerse en la postura de criticar solo al poderoso pero “perdonar” siempre las erróneas actitudes del que protesta porque es el débil nos llevaría a un acriticismo imperdonable en una auténtica cultura de izquierda y a un angelismo político creyendo que todo lo nuevo, y todo lo joven y débil, es bueno per se.

El segundo artículo aporta otros aspectos colaterales que también merecen ser comentados.

Para empezar, hay que destacar que el artículo se firma con el pseudónimo ‘Javier Sánchez’, alias atribuible a un estudiante de la UAM y que, según Ctxt, el medio donde se publica, es justificado “por temor a represalias legales y académicas”. Me quedé sorprendido cuando lo leí y cuando pensé en las razones que se aluden. No soy experto en derecho pero si todos los que publicamos en medios o plataformas públicas comenzamos a manifestar nuestra opinión firmando con nombres falsos para evitar “represalias legales” creo que estamos prostituyendo la democracia como ágora pública y plaza de los derechos ciudadanos. ¿Se imaginan en una asamblea estudiantil —u obrera, o de un club de fútbol o de una hermandad sacramental— a todos los participantes ocultos tras una careta o una máscara para “evitar represalias legales”?

Más adelante, el firmante pseudónimo aporta un conjunto de elementos cuanto menos discutibles. Dice: «Lo que a continuación escribo es completamente personal, no representa ni a un grupo de personas ni a un colectivo». Vale, pero unas líneas antes se atribuye la misma cuando ha escrito que la «única intención [de los asistentes]era hacer público su rechazo hacia el expresidente González». ¿En qué quedamos, es una ‘opinión personal’ o es ‘la representación de los asistentes’? ¿Cómo sabe que la única intención de los asistentes era esa?

Y nos sigue diciendo que la convocatoria del boicot fue a título personal, sin ninguna organización por medio, negando, además, que el boicot tenga ver con Podemos porque el firmante pseudónimo sabe «que la inmensa mayoría de los y las participantes no es, precisamente, defensora de este partido político». Si era una convocatoria personal, ¿cómo sabe que esas decenas de manifestantes no eran partidarios de esa organización? ¿Ojo clínico? ¿Sabiduría innata?

El asunto de las caras tapadas. Nuestro estudiante afirma que a ninguno de los que estaban allí les apetecía llevar la cara tapada (deduzco, pues, que el firmante la llevaba) pero que les obligó la existencia de la Ley mordaza. Y nos aporta su buen deseo: «Ojalá pudiéramos participar en acciones amparadas por la libertad de expresión y perfectamente dentro de los márgenes de la democracia, sin tener que tapar nuestros rostros, pero por desgracia no es posible por la Ley Mordaza y otras medidas represivas que llevan a cabo las instituciones». No puedo estar sino en desacuerdo. Plantear el activismo social de protesta desde esa afirmación no es sino desencadenar, de nuevo, el problema de la irresponsabilidad y el anonimato. Creo que en democracia el anonimato no es buen interlocutor. Hubo tiempo en que lo pudo ser, cuando el movimiento ludita inglés, por ejemplo, plantó cara al capitalismo naciente de ese país a principios del siglo XIX. Pero ha pasado mucho tiempo, aunque no tanta democracia en nuestro país, como para plantearse a estas alturas este tipo de acciones amparadas en el secreto y la máscara.

Pero hay un párrafo que me ha dejado muy confuso. Lo copio para pasar a comentarlo: «Los símbolos, a los que también aluden La Razón y otros medios, como la pancarta alusiva al acercamiento de los presos de ETA o alguna bandera, no son representativos del conjunto de la protesta, sino símbolos que exhibieron individualmente algunos participantes. Los organizadores no querían símbolos en la manifestación al margen de los alusivos a los motivos de la protesta, pero cuando participa tanta gente, cualquiera puede decidir libremente mostrar sus símbolos, aunque estos no representen los motivos ni objetivos de la protesta.» Creo que en estas líneas asistimos a un auténtico vendaval de contradicciones que, lamentablemente, es hoy mesa común dentro de muchas organizaciones del llamado activismo ciudadano. Me refiero a la confusión, interesada o desinteresada, entre acciones colectivas y responsabilidades colectivas o individuales. Se habla de “los organizadores” pero en ningún momento del artículo se sabe quiénes son (intuyo que el firmante pseudónimo lo sabrá); se dice que la pancarta de los presos de ETA no era representativa del conjunto de la protesta sino que alguien la debió de llevar… pero los organizadores permiten que eso ocurra porque todo el mundo es libre de hacer lo que quiera. ¿Se imaginan en la manifestación de los trabajadores de la Coca-Cola por sus empleos a gente dentro de la misma llevando una pancarta sobre la independencia catalana o contra el maltrato animal? ¿Qué habrían hecho los “organizadores” de la misma? Hay más guindas si se sigue leyendo este texto pero me parece que ya nos hemos alargado demasiado y, con los ejemplos que he citado, el lector se puede hacer una idea de que en este asunto del boicot a unos conferenciantes hay bastante cera por arder. No todo el monte es orégano.

Quisiera concluir con dos anécdotas históricas y una pequeña reflexión para caminantes.

La universidad de Sevilla, ha sido testigo de varios escraches y algunos boicots. Lo fue hace ya más de cuarenta años y sucesivamente. En 1963 ocurrieron los hechos de las huelgas de Asturias y el asesinato de Julián Grimau. Unos estudiantes de Derecho, facultad a la que pertenece mi querido amigo Sebastián Martín, abuchearon, cantaron e increparon a Manuel Fraga Iribarne, entonces nada menos que Ministro de Información y Turismo en el gobierno del dictador Franco, que iba a dar una conferencia en la facultad. El “escrache” fue dentro del Aula Magna, a cara descubierta, delante del Rector y de todas las autoridades académicas (entonces no se elegían, se nombraban a dedo) y con la policía en los pasillos. Los estudiantes abuchearon al ponente y comenzaron a cantar Asturias, patria querida. Fraga tuvo que suspender la conferencia y abandonó a zancadas la universidad. ¿Hubo represalias académicas y legales? Posiblemente, aunque no tengo en este preciso instante la fuente documental para contrastarlo. Entre esos estudiantes alborotadores, ¡paradojas de la historia!, estaban Felipe González y Alfonso Guerra amén de otros que luego serían dirigentes de partidos de izquierda.

Segunda anécdota, también en 1963, el 11 de julio. El ministro Solís, la sonrisa del Régimen, llega a Sevilla donde se va a reunir en el teatro San Fernando con varios cientos de sindicalistas del vertical, el sindicato oficial y franquista. Entre esa muchedumbre de paniaguados y chupones del sistema franquista hay un par de docenas de jóvenes trabajadores que militan, clandestinamente, en el PCE y están organizando en las fábricas sevillanas Comisiones obreras. Todos ellos son ya enlaces sindicales y jurados de empresa, cargos que le permiten realizar una actividad legal de defensa de los trabajadores. Cosas estratégicas del PCE. Ese pequeño grupito, en medio de esa masa de chillones con camisa azul, tiene el objetivo de interpelar al ministro Solís para conseguir que les dejen reunirse en su propio local sindical. Cuando Solís ha terminado el discurso, el joven trabajador encargado de interpelarlo —se llama Fernando Soto Martín y trabaja en la Hispano Aviación— le llama en voz alta: “¡señor ministro! ¡señor ministro!”. La sala enmudece, la tensión se nota en el público, no era normal ese gesto de llamar en voz alta al ministro. Solís, ante ese público y ese gesto, reacciona reclamando la presencia de ese grupo y, tras hablar con ellos, exige que por parte de los jerarcas sevillanos se le de respuesta a sus demandas. Algo se consiguió en ese momento aunque también tuvo consecuencias posteriores: parte de ese grupo de “interpeladores” irá a la cárcel durante largos periodos de sus vidas, serán expulsados de la fábrica, y serán núcleo dirigente de Comisiones Obreras. Aquel gesto de 1963 tuvo consecuencias negativas para sus vidas pero, a la vez, fue un momento decisivo para forjar un movimiento social como el de los trabajadores contra la dictadura.

Mi apostilla: nunca las acciones que van contra “el poder” son gratis. Pretender nadar y guardar la ropa es pura fantasía. Todo ejercicio a favor de aquello que uno cree que es su libertad conlleva consecuencias que pueden ser negativas para la carrera profesional del que decide acometer la acción de protesta, para su vida familiar, para sus intereses inmediatos. Hoy no estamos ante Fraga ni ante Solís, cosa que a veces se olvida, sino que andamos metidos en un juego de poderes democráticos que por supuesto hay que controlar y vigilar para que no se conviertan en autoritarismos en la práctica. Actuar, sí, contra el poder injusto, pero a cara descubierta y con la democracia por delante.