Ahora más que nunca

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Por Ramón BARRAGÁN REINA

PSOE, PODEMOS e IU tienen la obligación de conseguir un pacto de gobierno, estable y para cuatro años. No pueden dar la espalda a 11,6 millones de ciudadanos, que les votaron para que se produzca en España un gobierno de progreso, de izquierdas.

La izquierda española, si se precia de ello, no puede ahora dejar de ejercer su responsabilidad para dar a los españoles lo que han demandado en las urnas. La mayoría de los ciudadanos quieren cambios y los quieren con rubrica de izquierdas, con carácter progresista y moderado, sin tengan que llegar a ser revolucionarios en el sentido de ruptura total, aunque los partidos, todos o algunos, que conforman la izquierda, siempre plural y diversa, la puedan llevar en sus programas, lo cual es bueno y saludable para futuro y seguir avanzando.

Los ciudadanos saben lo que son los gobiernos de derechas en los últimos años de la crisis económica, aún no fallecida del todo… La derecha, comandada por Rajoy, ha contribuido a sanear a los bancos (con más de 60.000 millones de euros) y restituir el poder y las ganancias (véase los balances de los bancos y grandes empresas) del núcleo duro del capitalismo español, plenamente incardinado en el capitalismo financiero internacional, y de las multinacionales, a costa de una descomunal devaluación interna, con una fuerte bajada de salarios y de la rentas del trabajo[1], así como brutales recortes en el gasto social del Estado, con el único objetivo de mejorar las condiciones de producción y la productividad, para recuperar la competitividad vía exportaciones. Esa política, marcada por la “reforma laboral” de 2012 y los continuados recortes presupuestarios, ha provocado un incremento de la explotación de los trabajadores (menos salario, mayor jornada, más despidos mal pagados y raquíticas subidas del SMI), un aumento la precariedad laboral y una mayor desprotección individual y colectiva; un mayor sufrimiento y esquilmamiento de la mayoría de los españoles con recortes brutales en educación, sanidad, dependencia y pensiones, en la regulación y contratación laborales, en becas, ciencia e investigación y un largo etcétera, que han disminuido el nivel de bienestar social (que seguía estando por debajo del bienestar medio europeo); ha empobrecido a un mayor número de españoles, aumentado la desigualdad, la pobreza, la marginación y exclusión social a niveles insoportables e impropios de una supuesta sociedad desarrollada, cuya economía –eso sí– ha bajado del noveno al décimo cuarto lugar en el contexto internacional, y ha hipotecado el futuro de todos, al tener que seguir pagando los intereses de la deuda global acumulada que supera el 100% del PIB, más de 30.000 millones de euros anuales, sólo en 2016 están presupuestados 33.000 millones, y tener que disminuir el déficit presupuestario. Pueden vanagloriase de que durante los cuatro años de Gobierno han disminuido el paro en ¡507.800 personas!, sin que quieran ver que aún está en esa situación 4.779.500 hombres y mujeres, que ha disminuido la población activa en 566.000 trabajadores y han disminuido en número de trabajadores ocupados en 58.800 durante, a la vez que han aumentado los españoles que han optado por irse al extranjero a trabajar. La EPA del cuarto trimestre de 2015 nos indica también que 153.100 trabajadores han salido de España o han desistido de buscar empleo…

También los derechos y las libertades democráticas se han resentido durante los años de gobierno del PP, con una ley, la ley Mordaza, que afecta gravemente a derechos fundamentales y nos retrotrae al más puro franquismo, pues es una auténtica ley de Orden Público, y con la retrógrada modificación del Código Penal, que va en el mismo sentido, dado su carácter autoritario y populista, y que, entre otras cosas, criminaliza la protesta. Como muestra, basta recordar que 300 sindicalistas están a la espera de juicio y pesa sobre ellos 125 años de cárcel por ejercer su derecho a la huelga y la libertad sindical.

Sólo este balance invalidaría al PP para seguir gobernando España. Pero si a eso se le añaden todos los múltiples casos de corrupción destapados durante estos años, con claros indicios o sospechas fundadas de financiación ilegal del partido y de sus campañas electorales en algunas Comunidades Autónomas, la invalidación para continuar es total y está plenamente justificada. El último caso, la Operación Taula en la Comunidad Valenciana, ha sido la puntilla por si alguien tenía dudas. Además, han obtenido 7,2 millones de votos, que son muchos, pero han perdido 3,6 millones de votantes y 63 diputados, quedándose en 123, aunque mantienen la mayoría absoluta en el Senado, lo que les da aún un gran poder para cualquier reforma constitucional. No obstante, se han ganado a pulso pasar a la oposición, salir de los puestos de la Administración que había “logrado” e iniciar un camino de regeneración democrática.

Junto al PP, la nueva derecha, Ciudadanos, se ha quedado con 40 diputados y 3,5 millones de votos. Ellos y algunos más esperaban otra cosa… En total, 10.716.293 españoles votaron opciones de derecha o centro derecha, pero no alcanzan la mayoría absoluta para gobernar.

Por encima de esos números en cuanto a votos, la izquierda española alcanza una clara mayoría al sumar 11.643.375 votos (PSOE, 5.530.779; Podemos y candidaturas unitarias: catalana, gallega y valenciana, 5.189.463, y UP-IU, 923.133). Todos han perdido, unos en relación a las anteriores elecciones (PSOE e IU) en relación a las expectativas partidistas, caso de Podemos, pues no han alcanzado “los cielos”, por lo que o van juntos o no pueden hacer nada.[2]

Con esta relidad y en las actuales circunstancias, nadie puede excluir a nadie. Todos los partidos de izquierda son, por tanto, necesarios: PSOE, Podemos e IU, pero también los grupos que en Cataluña, Galicia y Valencia han formado candidaturas de unidad, vinculadas a Podemos. Nadie debe menospreciar a nadie, porque así lo han querido los electores, aunque el número de diputados sea inferior al de la derecha en su conjunto y necesiten el apoyo o la abstención de otros partidos. Cerca de un millón de votos, en concreto 927.082, marcan la diferencia entre las dos opciones políticas principales, entre las políticas de progreso al servicio de la mayoría social y las políticas al servicio de las élites económicas nacionales e internacionales, los llamados mercados, o sea, las multinacionales y los grupos desalmados de inversores mundiales. Son los votos los que cuentas, pues expresan la voluntad popular, no los diputados que indica el número de asientos en el Congreso.

La izquierda debe, por consiguiente, alcanzar un pacto de Gobierno o al menos de legislatura que garantice la gobernabilidad de España por cuatro años… No sería de recibo un acuerdo para que Pedro Sánchez alcance la alcanzar la Presidencia del Consejo de Ministros y a mitad de legislatura o antes hacer lo que hizo Susana Diaz en Andalucía. Hacer eso sería seguir la estrategia de la derecha económica y política del PP de volver al bipartidismo imperfecto español, que es lo que quieren y anhelan, y no cejaran en ello ahora, en cualquier momento y durante los próximos cuatro años.

Alcanzar el acuerdo necesario es posible, pues son más los puntos en común que las diferencias, legítimas y necesarias, de la que la izquierda siempre ha hecho gala, frente a la tradicional uniformidad de la derecha.

Todos plantean, aunque con ciertas diferencias, matices y énfasis en sus concreciones: derogar la reforma laboral y restituir derechos de los trabajadores y sus sindicatos, especialmente los de huelga y negociación colectiva; subir el salario mínimo interprofesional, que pronto deberá llegar a 1.000 €; atajar la situación de emergencia social, garantizando una renta o ingreso mínimo vital y el acceso a bienes básicos (agua, energía y vivienda) para familias en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión; eliminar los recortes en sanidad, para que vuelva a ser universal, en educación y en dependencia; cambiar la fiscalidad para supongan gravar a las rentas más altas y aumentar los impuestos de sucesiones y donaciones, es decir, afrontar una reforma fiscal, para que esta sea progresiva y progresista, de una vez por todas, y garantizar los derechos y la protección de las mujeres. Todos ello exigiría de inmediato, entre otras cuestiones en las que hay similitud, eliminar los copagos, ofrecer garantías de atención a las víctimas de violencia de género, equiparar los permisos de maternidad y paternidad, aprobar un plan contra la pobreza energética, frenar los desahucios e incluir la dación en pago y aumentar la financiación de la Educación y la Sanidad. También hay amplio consenso en las leyes a revisar, derogar o modificar: Código Penal, Ley de Seguridad Ciudadana o Ley Mordaza, Ley de Seguridad Privada, Ley de Enjuiciamiento Criminal, Ley contra la Violencia de Género, LOMCE, Ley Electoral y Ley de Transparencia… Sin olvidar el art. 135 de la Constitución.

La corrupción, la regeneración de la actividad pública y la recuperación plena de las libertades democráticas tiene que ser estar muy presente en ese gran acuerdo, pues hay bastantes coincidencias en sus Programas. Todos proponen modificaciones en el Código Penal, el aforamiento de diputados, las incompatibilidades, las normas de contratación pública, la financiación de los partidos, la transparencia y publicidad, la libertad de expresión y de protesta, y un largo etcétera.

Por último, deberían acordar los mecanismos parlamentarios y sociales que permitan debatir y establecer los cambios y las reformas necesarias en la Constitución, teniendo en cuenta las limitaciones dada la actual composición del Congreso y del Senado.

A favor tienen a la ciudadanía con los votos emitidos el 20D y la opinión favorable en las encuestas posteriores (Metroscopia y My Word), donde la la mayoría de los votantes de PSOE y PODEMOS quieren que Sánchez e Iglesias lleguen a un acuerdo.

A pesar de todo, soy consciente de las grandes dificultades que tiene un pacto, un acuerdo de Gobierno o de legislatura en estos momentos: la persistencia de líneas rojas o condiciones excesivas por parte de unos y otros; las prisas, que siempre son malas consejeras, tanto de los agentes negociadores como de los medios de comunicación; las diferencias y maniobras internas de los partidos llamados a entenderse, aunque se vayan limando, de acuerdo con las últimas negociaciones y reuniones, y, sobre todo, las ingerencias previsibles por parte de la derecha económica y política que, como lo tiene casi todo perdido, preferirán nuevas elecciones, a pesar de todo, con el deseo de recomponer la situación a su favor.

Llegado el momento, cada vez más cerca, de la negociación de un pacto de izquierdas, ya sea de Gobierno o de legislatura, exige en estos momentos, casi de forma simultanea, abrir negociaciones con Ciudadanos, dado su manifiesto rechazo a Rajoy y al PP y dada la composición del Congreso, para que al menos se abstenga. No verlo, rechazarlo u obstaculizarlo es no ver la realidad o, lo que es peor, querer nuevas elecciones antes que un acuerdo razonable para el progreso de la justicia y la igualdad en la sociedad española.

La responsabilidad es enorme y las dificultades están claras, pero tener que celebrar nuevas elecciones sería un gran fracaso para todos y para las opciones progresistas y de izquierda. Se perdería una clara oportunidad de iniciar el cambio que la mayoría de los españoles necesitan y demandan., representados por esos 11,6 millones de votantes. Ahora más que nunca la negociación futura requiere prudencia en las partes, respeto mutuo y buena fe, fundamental para que todo llegue a buen puerto.


 

[1] La distancia entre rentas salariales y empresariales y de capital se ha reducido a sólo tres puntos (datos de diciembre de 2014). Al comienzo de la crisis esa diferencia era de 8,4. Desde los ochenta viene observándose una tendencia descendente en la participación en el PIB de las rentas de trabajo en las economías desarrolladas, que ahora se ha incrementado. Véase: NUÑEZ, FRANCSICO, Los salarios sólo representan el 46,7% del PIB, en EL MUNDO, 22/12/2014 (http://www.elmundo.es/economia/ 2014/12/22/5497d9c9ca474139528b4570.html).

[2] Los nacionalistas y/o independentistas de derecha e izquierda obtuvieron un número similar de votos: 848.836 en el caso de DL, PNV y CC, y 817.756 en el caso de ERC y BILDU. En total son 25 diputados.