Abengoa, 75 años

Por Javier ARISTU

En 1941 los ingenieros Javier Benujumea Puigcerver y  José Manuel Abaurre Fernández-Pasalagua, fundaron en Sevilla una pequeña empresa eléctrica titulada Abengoa. Décadas después, solo una generación posterior, la de los hijos del fundador, la firma  está en trance de quiebra. 25.000 millones de euros es su deuda con bancos e instituciones financieras. Sic transit gloria mundi sería un dicho que su fundador conocería dadas sus relaciones y querencias con los padres jesuitas. La otra querencia fue el poder político, sin nunca aparecer como otros industriales ligados a partido alguno. Pero bien conectados con el poder local, autonómico y estatal a través de matrimonios, funciones representativas y conexiones sociales. Su consejo de administración era un prodigio de buenas relaciones y conexiones con el espectro político del poder [véase el reportaje de El Diario.es]. Su fundación Focus ha llegado a ser el emblema de un activismo expositivo destinado a dar pátina cultural de prestigio a una influencia social que a su vez no era contradictoria con lo más arcaico y casposo del sevillanismo: Javier Benjumea Llorente, el mayor de la segunda generación, es el teniente hermano mayor de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Capital social, le llaman. Iglesia, industria, formación y política, los cuatro elementos de los abengoas. Ahora se ha agregado un centro universitario, la universidad Loyola que, incorporando la ETEA de Córdoba,  tratan de levantar el Deusto andaluz a imitación del modelo vasco precisamente en el interior del campus de Palmeras Altas, la sede de la empresa en Sevilla. De dicha universidad es patrono Felipe Benjumea, el segundo de la saga, antes presidente factótum y ahora honorario de Abengoa.

Siempre es una tragedia que una empresa se hunda o desaparezca. Con ella pueden desaparecer un capital humano y tecnológico acumulado a lo largo de estas siete décadas y un capital social y urbano que dieron cierto sentido a una ciudad, Sevilla y, posteriormente, Andalucía. Hoy Abengoa es una empresa globalizada, internacionalizada (el 80 por ciento de su fuerza de trabajo está fuera de España) pero su sede y una parte considerable de sus trabajadores se concentran en la ciudad de Sevilla donde casi todo el mundo conoce su enclave de Palmas Altas, concebido como edificio sostenible energéticamente pero donde —qué contradicción— la empresa no ha conseguido incorporar un sistema de movilidad precisamente sostenible: los cientos de coches que llevan a un solo conductor inundan sus aparcamientos en la periferia sevillana.

Los periódicos de estos días destacan las dificultades de la empresa, su concurso de acreedores, sus posibilidades de quiebra. La Junta de Andalucía ya ha salido proclamando la necesidad de rescatar la empresa (repito: 25.000 millones de euro de deuda) y la ministra Báñez anuncia su disposición a reclamar a la banca una solución. Mientras, un sector de la prensa económica se niega a ese tipo de operaciones de salvamento público (véase la noticia en El Economista). ¿Dirían lo mismo con una empresa residente en otro territorio?

Ya veremos en pocos meses cómo se produce el desenlace y si hay posibilidades de que Abengoa se reestructure y salga adelante, aligerando deuda e inversiones. Uno intuye que tras la situación de la empresa además de errores de planificación, aventuras inversoras desproporcionadas y contexto internacional desfavorable en los últimos tiempos, puede residir también algún que otro interés de competidores y territorios deseosos de eliminar a un fuerte competidor tecnológico y económico en el sector energético. Abengoa había apostado a fondo por la economía descarbonizada, sostenible y alternativa y eso, parece ser, no es compartido por el tinglado energético predominante [ver artículo de Rafael Salgueiro].

Pero entre los elementos que han venido destacándose alrededor de la noticia a mí me está llamando la atención los relativos a los trabajadores y sus circunstancias. No me refiero, solo, al sonrojante dato de que en la situación de cuasi quiebra de la empresa su presidente Felipe Benjumea se embolse 11 millones de euros como “indemnización” por su apartamiento del puesto mientras peligran los de cientos de trabajadores. Me refiero a la tragedia que afecta a toda una sociedad como la sevillana desde muchos puntos de vista (pérdida de inteligencia y de capacidad tecnológica, posible emigración de dicho capital humano a otras geografías, etc.) y al sentido del trabajo como innovación y aportación de valor. Siempre hemos visto a Abengoa como una empresa líder en tecnología de sistemas…pero a la retaguardia en política laboral y de relaciones humanas dentro de la misma. Abengoa no ha practicado jamás los mínimos niveles de participación en la empresa, no ha desarrollado modelos de cogestión o coparticipación con los representantes de los trabajadores. Ha visto a estos como seres “vigilables”, a los que había que controlar con métodos a veces cuasi coercitivos en vez de participativos. Abengoa ha sido empresa puntera técnicamente…pero de una técnica carente de factor humano. Todo lo contrario de lo que los socios religiosos de don Javier Benjumea, los jesuitas, nos anuncian en sus ideario: «valores evangélicos de libertad y respeto, justicia y solidaridad, búsqueda de la verdad, diálogo y tolerancia, responsabilidad y participación» [Identidad y Misión de la universidad Loyola, en su página web].

Ningún trabajador de Abengoa da su nombre cuando habla de la situación en el interior de la empresa ni de la actual crisis. Se sienten vigilados. La afiliación sindical ha sido hasta ahora clandestina: ser de un sindicato suponía la estigmatización y el posible despido o la marginación profesional. Hablan de la empresa en crisis sin dar sus nombres, como temiendo las represalias [ver El.diario].

Ahora nos pedirán solidaridad, y habrá que dársela para salvar la empresa, a los trabajadores y su capital social. Hasta convocarán una manifestación en apoyo de la empresa “sevillana”. Y seguramente iremos aunque no todos defendamos los mismos intereses. Abengoa debe salvarse, sí. El estado debe actuar para resolver la situación pero todos, caso de que esa situación se logre resolver, debemos comenzar a pensar que el futuro de la empresa a lo mejor pasa por una composición de su capital, de su consejo de administración y de su directiva diferentes. No estoy pensando en una nacionalización o estatalización de la empresa pero es obvio que otro modelo de propiedad y de gestión, donde lo público a lo mejor debe jugar un papel importante, se impondría caso de que estos poderes públicos intyerviniesen para encontrar soluciones. Estamos hablando de que una gestión empresarial, guiada desde una óptica privada y mercantil, ha llevado a la ruina a la compañía. Esta vez no han sido gestores públicos —como en las cajas de ahorro— los que han llevado al fracaso a una empresa: han sido directamente los empresarios liberales y privados. Que alguien tome nota, por favor.

Anuncios