Propuestas estrella

Por Francisco FLORES TRISTÁN

Estamos en precampaña electoral y esta vez los datos de las encuestas nos hacen pensar  en unos resultados bastante menos previsibles que en ocasiones anteriores. La volatilidad es muy alta. No hace nada Podemos se situaba prácticamente en primer lugar. Tras las elecciones catalanas entra en crisis y cae en picado; últimamente parece remontar. Ciudadanos  estaba hace pocos meses en cuarto lugar, a distancia de los otros tres. Hace unos días un sondeo les daba como segunda fuerza, adelantando al PSOE.  Hace menos de un mes el PSOE  figuraba en primer lugar pero  el sondeo antes citado, hace menos de una semana, lo situaba en tercer lugar. Hay un dato sin embargo  que varía poco. Casi todos los sondeos dan al PP siempre en primer lugar aunque eso sí, perdiendo un gran número de votos y desde luego, la mayoría absoluta.

Estos datos parece que están poniendo nerviosos a los dirigentes de los principales partidos políticos que afinan sus estrategias electorales intentando rebañar votos como sea. Pero lo que resulta preocupante es que en general estas estrategias no parecen pasar por una reflexión seria sobre los problemas del país y sobre la manera de afrontarlos sino por lanzar propuestas impactantes, rotundas que buscan, más allá de su eficacia o adecuación, “impresionar al espectador”, dejarlo “anonadado” ante la brillantez de la noticia.

En realidad nada de esto es nuevo y trasciende el marco de la política. El estilo llamémosle “sensacionalista” hace tiempo que ha invadido los medios de comunicación. Primero fueron los programas de determinadas cadenas pero las demás fueron imitando su estilo. Incluso los programas de debate político se han impregnado del estilo de la telebasura.; Lo que varía es el tema pero son casi lo mismo: tertulias con público, que jalea, ríe o se cabrea haciendo que el político o tertuliano de turno busque más que exponer ideas, soltar en el momento oportuno la frase más redonda que provoque  el aplauso o las risas del público y desconcierte así al interlocutor. Tanto tiempo criticando  a los políticos norteamericanos, centrados en los gestos y en la imagen y hemos acabado haciendo lo mismo. Lo importante es impactar con un “fichaje estrella”, sea un general del Ejército o la diputada azote de corruptos de un partido en declive, o con una propuesta rotunda, que suscite la admiración del electorado.

Pero es que además, con algunas de estas “propuestas estrella” podemos vestir un santo  desvistiendo a otro. Me voy a referir a dos de las últimas que han publicado los medios de comunicación. La primera es de Podemos, la de elegir por sufragio universal al Consejo General del Poder Judicial. No sé si el objetivo es democratizar el Consejo o evitar la intervención de los partidos en la designación de sus miembros. Si es el primero, ya en 1985 se reformó la Ley orgánica haciendo que la totalidad de sus miembros fueran elegidos por las Cámaras (la normativa anterior establecía que 12 de sus 20 miembros eran elegidos por el conjunto de jueces y magistrados). Es un procedimiento indirecto pero igual de democrático que la elección de Presidente del Gobierno, que tampoco es directa sino elegido por los diputados. Pero creo que el objetivo es más bien evitar la influencia partidista en la designación de los vocales, con todo lo que ello conlleva de dudas sobre la  falta de neutralidad u objetividad de este órgano. Sin embargo el remedio puede ser peor que la enfermedad porque la inmensa mayoría de jueces y magistrados son desconocidos para el gran público. ¿Qué criterio tendría el electorado para votar uno u otro candidato? No veo otro más que la tendencia ideológica de los mismos deducida de las Asociaciones judiciales que los propusieran o por los partidos o personalidades políticas que públicamente los apoyaran.  El encuadramiento de los miembros del Consejo por afinidades ideológicas o políticas seguiría existiendo, incluso puede que más acentuada.

Hay países, como EEUU, donde los ciudadanos eligen directamente a sus jueces pero no conozco ninguno donde el órgano máximo de la Judicatura sea elegido por sufragio universal. En EEUU, los jueces del Tribunal Supremo, que es al mismo tiempo máximo órgano de la Judicatura y Tribunal constitucional, son nombrados por el Presidente y ratificados por el Senado, con carácter vitalicio. A mi juicio el problema no es tanto de sistema electoral cuanto de voluntad política y de cultura cívica. El sistema actual, de mayoría cualificada de las Cámaras, podría funcionar si hubiera voluntad política para hacerlo, si en lugar de acordar cuotas de uno u otro partido que los demás se comprometen a votar aunque tengan que mirar a otro lado al hacerlo, acordaran nombrar a personas que independientemente de la ideología que tengan (que todo el mundo tiene alguna) sean realmente personas de reconocido prestigio en la profesión y dotadas de una mínima ecuanimidad. Estoy seguro que este tipo de personas existen en la Judicatura como las hay en el resto de las profesiones,  pero hay que buscarlas y contrastar su currículo en la comisión correspondiente de las Cámaras evitando así por ejemplo el bochorno que produce ver ocupar esos cargos a una persona que conduce su motocicleta sin casco con tasas de alcoholemia tres veces superiores a la legal.

Está claro que esto implica cambiar de cultura política. La irrupción de nuevas fuerzas, como Podemos o Ciudadanos, debería servir al menos para eso. El sistema más perfecto no funcionará si no hay grupos o personas que estén imbuidos de la cultura del respeto al derecho ajeno y al prestigio de las instituciones. Ello pasaría también porque los partidos mayoritarios no coparan las Mesas de los Parlamentos como acaba de ocurrir en el Parlament de Cataluña y antes ocurrió en el de Andalucía. Es lógico que los partidos o coaliciones mayoritarias ocupen el Gobierno; para eso los han votado los ciudadanos. Pero no lo es que copen la dirección del Parlamento, que es un órgano de control del gobierno, como tampoco o es que escoja para presidirlos a personas cuyo valor más importante es ser fiel al jefe o jefa del partido que lo ha nombrado.

La otra propuesta estrella que me gustaría comentar es del PSOE. Se trata de la propuesta de Educación obligatoria hasta los 18 años. Mira que hay problemas en la Educación; cualquiera que haya vivido en ese mundo los conoce, como también conoce que una gran mayoría de jóvenes de 16 a 18 años, especialmente desde que empezó la crisis, está ya escolarizado. La obligatoriedad no añadiría muchos más jóvenes a los Institutos y Colegios, pero podría complicar aún más la situación de muchos centros. Todo el que haya dado clases a adolescentes sabe de la dificultad de mantener en el Centro a menores de 16 que no quieren estar allí, que solo están porque la Ley los obliga. La falta de interés por la Escuela y por lo que se hace en ella provoca aburrimiento y frustración y enseguida el conflicto y la alteración de la clase con el subsiguiente perjuicio al resto de  estudiantes. El profesor o profesora tiene que ocuparse a la vez de enseñar a 30 o más alumnos y a “seducir” al alumno conflictivo, que no quiere estar allí o, cuanto menos, a evitar que su comportamiento disruptivo  afecte negativamente al resto. Pues bien, ahora imaginemos que a estos muchachos o muchachas que no quieren estar en el Instituto se les obliga a permanecer en él hasta los 18 años. No digo que en todos los centros; probablemente en casi ningún Colegio privado  y en los Institutos del centro, pero en algunos Institutos públicos una medida de este tipo puede provocar una situación realmente explosiva. Hace mucho tiempo que ha  cambiado la imagen pública de nuestros Institutos: Se levantaron los muros y las puertas se cerraron a cal y canto con el conserje a la hora del recreo pidiendo el carnet a los alumnos e impidiendo la salida a los menores. A muchos alumnos les recuerda a la cárcel. Obligar a la población entre 16 y 18 años a permanecer en el Centro contra su voluntad  va a agudizar esa impresión.

Por otra parte no tiene sentido hacer obligatoria la Educación de 16 a 18 años si se mantiene el mínimo de edad para trabajar en los 16. Aunque quizá el objetivo colateral pueda ser sacar oficialmente de las listas del paro a este tramo de edad. ¿Es legítimo obligar a escolarizarse contra su voluntad a una persona de 16 o 17 años? Hasta hace bien poco, hasta el reciente cambio legal operado por el PP, se permitía legalmente abortar a una chica entre 16 y 18 años. ¿Una persona de 16 o 17 años es lo suficientemente madura como para tomar la decisión de abortar pero no para decidir estudiar o trabajar? No me parece muy coherente.

Por último un problema colateral pero de importancia no menor es que la obligatoriedad de este tramo obligaría a concertar también el Bachillerato: Los centros concertados estarían encantados, pero… con tantas necesidades como hay en la Enseñanza, ¿se puede permitir el lujo el Estado de distraer los fondos necesarios para este fin?  Por supuesto que toda esta argumentación no implica apoyar la extensión de la Educación hasta los 18 años o más; pero extender la Educación significa dar facilidades no “imponer por obligación”.  En la Educación, como en otros sectores hay muchos problemas que hay que abordar con serenidad, reflexión y sin concesiones al sensacionalismo. Sin embargo me voy a permitir sugerir una medida que lamentablemente no veo en los programas de los partidos y que sin duda suscitaría la general aprobación del profesorado pero también de la mayoría de padres y madres y alumnos porque en esta legislatura muchos han luchado para conseguirla: Se trata de la derogación del Real Decreto 14/2012 que aumentaba la ratio en los centros de Primaria y Secundaria e imponía un aumento de 18 a 20 horas lectivas al profesorado de Secundaria. Evidentemente esta medida no va a resolver los problemas que tiene planteados el sector pero sentaría las bases para mejorarlos. Por una parte aliviaría la presión que ahora mismo existe sobre el profesorado de Secundaria. La vuelta a las 18 horas daría un respiro a un profesorado que tiene que afrontar la educación en la etapa de mayor conflictividad pero además tanto esta medida como la reducción de la ratio aumentaría el empleo en el sector y sentaría las bases, con mayores efectivos docentes y un profesorado más motivado, para afrontar el resto de problemas que afectan a la Educación pero que, por la importancia estratégica del sector educativo, implica al conjunto del sistema productivo.

Quedan todavía casi dos meses para las Elecciones generales. Los partidos de Izquierdas deberían ocupar ese tiempo en afinar sus programas para presentar un proyecto que tenga la credibilidad y solvencia necesarias, más allá de propuestas sensacionalistas, para movilizar a la ciudadanía y atraer al abstencionista o a quien acaba votando otras opciones no tanto por convencimiento sino por la falta de un proyecto de país serio y solvente en la Izquierda.

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