Una resolución demoledora

Por Javier ARISTU

En estos momentos tocaría hablar de Grecia. Es el asunto clave, decisivo de este arranque de verano pero no voy a decir nada nuevo que no se sepa ni aportaría ningún elemento innovador al cúmulo de análisis, opiniones y juicios sensatos que se vienen difundiendo desde el sábado noche. Lo que podría regalar a raudales es cabreo, mucho cabreo por lo que está sucediendo en relación con el país heleno, y su gente.

Hablemos de Andalucía, de los EREs, del partido gobernante y de la ética.

Finalmente, el magistrado del Supremo, Alberto Jorge Barreiro, ha resuelto imputar a dos ex presidentes de la Junta y a un ex consejeros de la misma por el presunto delito de prevaricación, y, a otro ex consejero de Empleo por el delito, además, de malversación. Lo que fue la estructura de mando de la Junta de Andalucía y del PSOE andaluz durante la década de comienzos de siglo (Chaves, Griñán y Zarrías), íntimamente relacionada con la del partido en Sevilla (Viera), tendrá que pasar por el nada deseado camino de un  juicio oral, no sabemos todavía si  en el Supremo o en otro tribunal. El golpe asestado por esta decisión del magistrado Barrero coloca a los inculpados en una situación que, hasta ahora, parecía casi imposible —siempre habían manifestado su desconocimiento de la trama— y a su partido con un problema de primer orden y que viene a ser una dificultad muy grave en los planes tanto de Susana Díaz como de Pedro Sánchez: dos presidentes federales que fueron del PSOE, un miembro de la ejecutiva con Zapatero y otro que llegó a ser responsable durante varios años de la organización más poderosa y emblemática del partido (Sevilla), son inculpados de delitos muy graves cometidos en sus etapas de servidores públicos.

No sé cuál hubiera sido la respuesta del electorado el pasado mes de marzo si esta noticia se hubiera producido entonces. Si a ello sumamos el escándalo de la formación que todavía anda entre papeles de juzgados de instrucción la incógnita podría haber sido mayor.  Pero al margen de las hipótesis y elucubraciones sobre la incidencia electoral de estos asuntos es indudable que el impacto político sobre el actual gobierno andaluz y sobre el PSOE de Andalucía es de primer orden. No vale ni se puede decir que al dejar las actas de diputados ya no tienen nada que ver con el partido. Lo que hay tras la resolución  del magistrado y, sin cuestionar la inocencia de los inculpados ni la sentencia definitiva cuando se produzca, y lo que más nos debe motivar a la reflexión como ciudadanos, son los aspectos políticos e institucionales que muestran una manera de actuar, una forma de entender el gobierno de la cosa pública.

Tras los EREs andaluces —diez años de funcionamiento irregular en algunas áreas de las políticas sociales y de empleo— se esconde el monstruo de la prepotencia del administrador absoluto que no depende de controles, se oculta la dominación del gestor público que, apoyado en mayorías absolutas permanentes, trasiega con fondos públicos y decisiones políticas y administrativas que afectan a la gente, y lo hace de una manera arbitraria e irregular, sin depender de protocolos oficiales ni objetivos. En muchos casos, al parecer, se decidía la subvención o el expediente de regulación de empleo en función de la clientela, es decir, de la fracción social corporativa (un pueblo, una empresa, un sindicato de rama o de empresa, un grupo de amiguetes) que podía garantizar no la paz social sino directamente los votos, la alcaldía para el amigo y compañero o el territorio de apoyo para mantener la hegemonía como partido electoral. Al margen de algunos bribones y de otros golfos que se lucraron —y al parecer no poco— con el dinero destinado al reajuste social de familias afectadas por los despidos o la crisis de empresas, lo que se tiene que analizar para tomar las lecciones oportunas es el sistema político-administrativo que está tras estos diez años de EREs. Hablamos de los vasos comunicantes entre partido-administración pública-empresa privada (seguros y corredores) que —ya veremos los que dice la sentencia cuando culmine el juicio—  dan cuerpo y eficacia a un tinglado institucional donde delinquir es fácil y privatizar (bien para el interés político del partido, bien para interés de familiares o bien para el propio bolsillo del intermediario) el recurso público se convierte en ley.

Hay otra faceta no menos grave que produce este asunto. A partir de ahora, tras el “calentamiento social y mediático” que han desarrollado una mayoría de medios de comunicación, no situados precisamente en ondas progresistas o filosocialistas, contra las políticas denominadas de amortiguación social, va ser difícil que cualquier medida acordada entre cualquier gobierno o institución y un sindicato tenga el beneplácito de la audiencia. Todo lo que signifique, en el futuro inmediato, destinar fondos públicos a paliar las deficiencias de un plan económico de la empresa o su situación de crisis será visto como un robo de las arcas públicas. El mercado ha ganado, la economía privada, que tanto se ha beneficiado de estas actuaciones del poder público, puede cantar victoria ya que lo que ha quedado es que políticos y sindicalistas estaban compinchados para beneficio propio.   El daño que especialmente los gestores de los EREs, pero también los colaboradores desde diversas instituciones, han provocado en una política de apoyo al desahuciado social, al despedido, al expulsado a la nada —porque eso puede significar hoy ser despedido de una empresa con 45 años— es formidable. Los EREs tal y como en parte se han gestionado en Andalucía —no podemos hablar con fundamento de la experiencia de otras Comunidades— han supuesto uno de los mayores golpes a las políticas sociales. Será cuestión de que los responsables políticos y sociales saquen consecuencias y, por encima de los casos personales de Chaves, Griñán, Zarrías y Viera, sean capaces de reconstruir una política de amortiguación social basada en la ley, la objetividad y la transparencia.