Cambio político y cultura política

Por Manuel ALCARAZ RAMOS

Hubo un tiempo en que el sistema liberal más avanzado, el de la III República Francesa, a finales del siglo XIX, consideraba un signo de vitalidad la inestabilidad parlamentaria que provocaba continuos cambios de Gobierno: si el Parlamento representaba al pueblo, éste sería más fuerte en la medida en que debilitara al Ejecutivo, de legitimidad más confusa. Esta teoría hoy parece banal y retrógrada: sabemos que la estabilidad es imprescindible para que la democracia arraigue y para que el Estado social pueda desarrollar sus funciones.

Hubo un tiempo en España en que los acuerdos políticos recibían el despectivo apelativo de “pasteleo”. Contra el pasteleo de la tramposa Restauración se alzó la II República. Era un propósito decente y sabio. Sin embargo es discutible si la exacerbación de la virtud no menospreció la importancia de los acuerdos entre próximos y hasta entre oponentes –oponentes que quisieran hablar, pues en la República hubo algunos que sólo pensaron en acabar con el régimen constitucional-. Sin embargo el consenso fue uno de los grandes temas de la Transición: superar la narrativa guerracivilista y el miedo obligaba a todos al esfuerzo. Y en la memoria colectiva ha quedado ese consenso como mito, contemplado con nostalgia, aunque muchos que lo añoran repitan que todos los políticos son iguales dados al pasteleo.

La lección de todo ello es que existe una “cultura política” histórica, esto es, cambiante. Es absurdo defender en una democracia la existencia de unos principios de acción política inmutables, salvo aquellos que enmarcan estrictamente lo democrático: la soberanía popular, la igualdad ante la ley y como pretensión material, la libertad no restringida arbitrariamente, el sometimiento de las decisiones políticas a normas jurídicas, el respeto al pluralismo, la división de poderes, el principio de representación, el de participación y el de responsabilidad. Obsérvese que todos los debates actuales giran en torno a la definición de estos principios. Podemos ahora concretar el concepto de cultura política como el conjunto de interpretaciones diversas que se hacen de las acciones políticas que desarrollan los mencionados principios. Lo que significa que a los actos políticos concretos sus protagonistas les otorgan “sentido”. Desde este punto de vista la experiencia de la militancia política consiste, en gran medida, en compartir esos sentidos –relatos, mitos, símbolos-. Compartirlos tanto como ideas y pretensiones: lo que parece ser un conjunto estructurado de convicciones, en muchas ocasiones, no es más que apego a las tradiciones militantes. Que sus actores no sean conscientes de ello no importa: sucede en todo proceso de definición identitaria. La existencia de una cultura política así entendida es lo que dota de flexibilidad a la democracia, que puede adaptarse a los cambios en el mundo de la vida: crisis económicas, innovaciones técnicas y estéticas, alteraciones en las fuentes de identidad alternativas o en la religiosidad…

Sostendré ahora que lo que ha sucedido en las últimas Elecciones, lo que va a suceder en las próximas, no es una revolución, ni una fiesta continua, sino un proceso de redefinición de las culturas políticas principales y de recombinación entre ellas. Y que ello dará como resultado una adaptación del sistema democrático a condiciones socio-económicas cambiantes: la política se adapta a los desafíos de la crisis económica. Es imposible detallar todos los matices posibles. Valgan algunos.

1) Las clases medias urbanas buscan desesperadamente reubicarse en las coordenadas del imaginario político y prefieren modelos políticos “débiles” en sus estructuras y fuertes en sus liderazgos, lo que impugna la cultura democrática de las izquierdas y abre la puerta a nuevos fenómenos en las derechas, planteando serios interrogantes sobre el sujeto de la responsabilidad política en algunas formaciones y la volatilidad de estas apuestas.

2) No se destruye la identidad básica izquierda/derecha: si para algunos se relativiza, tiene suficiente fuerza inercial como para articular la mayoría de discursos presentes y futuros. A su vez hay cambios en la cultura interna de izquierdas y derechas, ahora fragmentadas. Aunque es discurso dominante la necesidad de la abolición del bipartidismo, la reacción real es buscar respuestas a la complejidad actual sumando los resultados en clave bipolar izquierda/derecha. Aventuro que si alguno de los partidos identificados como de izquierda o derecha cambia de partitura, de “bando”, será castigado. Igualmente, y más allá de circunstancias particulares, la organización de los relatos en clave de “sorpassos” puede dar desagradables sorpresas a los que quieran simplificar así sus objetivos.

3) Los pactos se incorporan con normalidad a la cultura política como forma, al mismo tiempo, de cambiar y de mantener los esquemas conocidos: ¿no son  negación de la cultura recibida de la Transición y reivindicación de la praxis de esa misma Transición? A largo plazo los ciudadanos juzgarán menos a esos pactos por el cumplimiento de programas que en relación a las expectativas simbólicas que creen. Seguramente apreciarán más la gobernabilidad y la estabilidad, los buenos modos y el juego limpio, que las medidas concretas.

4) La corrupción es vivida, en las condiciones de crisis económica, como una forma de violencia simbólica. Las cuestiones éticas ocuparán por un tiempo un papel central en el relato cultural de lo político. Pero los partidos no han abordado un debate complejo sobre el asunto. Básicamente se instalan en la “negatividad”: la crítica de comportamientos considerados como corruptos, “malos”. Pero no emerge un modelo positivo de ética política integral. Su sucedáneo, el puritanismo, la obra de los que se dan golpes de pecho y hacen ostentación de su bondad, tarde o temprano, como sucede en todo puritanismo, devendrá en hipocresía, frustrando esperanzas de regeneración estructural. Una ética que prefiera la razón aunque no desdeñe la emoción, que atienda a las consecuencias de los actos y no sólo a la compasión de las intenciones y que se abra a su reformulación en el debate público –nadie es propietario de una ética civil apriorísticamente entendida- debería ser prioritarias para una nueva cultura política que, inspirada en valores, profundice la democracia.

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Manuel Alcaraz es profesor de Derecho constitucional de la Universidad de Alicante