La ley de violencia de género y el aforamiento

Por Francisco PALERO GÓMEZ

Las tormentosas relaciones del exministro de Justicia con su mujer han sido y son noticia a partir de que el Juzgado de violencia de género núm. 2 de Las Palmas y el Fiscal apreciasen la existencia de un posible delito de violencia de género, que en razón del aforamiento del actor, habría de ser examinado por el Tribunal Supremo.

Y allí fueron remitidos los autos que, después de ser examinados por el Tribunal, han sido devueltos a Las Palmas, al considerar que pudiera haber defectos procesales importantes en la instrucción que, de no ser corregidos, conducirán obligatoriamente al sobreseimiento de la causa.

Este estado de la cuestión ha suscitado, o actualizado, dos polémicas fundamentales que paso a comentar.

Por un lado existe una corriente de opinión crítica con la Ley de violencia de género que formula, con reiteración y con evidente mala fe, que la misma es discriminatoria para el varón y por ello vulneradora del principio constitucional de igualdad. Se afirma que la ley fundamenta el principio de la inversión de la carga de la prueba y que por ello prima la posición de la mujer que solo ha de afirmar, y no probar, la existencia del posible delito.

Para que no queden dudas en la reflexión posterior, soy de los que apoya la vigente ley, primero porque parte de una evidencia: la violencia de género es ejercida, salvo excepcionales excepciones, por el varón, todavía dominante y heredero de la vieja concepción de la propiedad sobre la mujer. La realidad además, de forma tozuda, reafirma esta evidencia, de tal forma que una semana sí y otra también, es asesinada una mujer por su pareja o expareja.

Recordar porque es obligado que la realidad tiene explicación, pues hemos estado inmersos todo un siglo en una realidad política, todavía reciente (sociológica y culturalmente, el franquismo termino ayer), donde la mujer era considerada menor de edad y dependiente o bien del padre, o bien del marido o bien del varón cabeza de familia cuando convivía con el hermano o familiar directo.

Recordar también que sin ningún elemento crítico se cantaban o tarareaban hasta ayer – en grupo o en privado – canciones como el tango “La maté porque era mía” o el corrido mejicano titulado “El preso número 9”, donde se reafirma el concepto de propiedad del varón respecto a la mujer.

En conclusión y en razón de la herencia, la mujer es considerada por una parte de la población masculina – se afirme o no – como desigual. Y la igualdad democrática que consagra la Constitución tiene su fundamento en tratar igual a los iguales y no al revés. Lo demás es hipocresía.

Y además la ley no contempla como principio la inversión de la carga de la prueba, como retóricamente suele afirmarse.

Cierto que el derecho penal democrático parte del principio acusatorio, esto es, que ha de probar el que afirma y que lo no probado no existe, y así se evidencia ante los juzgados cuando existen signos externos de violencia, o existen testigos; pero los delitos contra la mujer, casi siempre cometidos en el ámbito de la intimidad familiar, son de difícil prueba material y tangible y ha de ser el tribunal quien aprecie, desde el principio de la oralidad, y garantizando siempre los derechos de defensa del acusado, la veracidad de lo denunciado. Cientos de sentencias así lo realizan con acierto, y aun siendo cierta la existencia de un margen de abuso de la ley para conseguir otros objetivos en el marco de la discusión de la separación o el divorcio, su aplicación, en aras de garantizar la igualdad, está siendo mayoritariamente bien aplicada. Al menos esa es mi experiencia en el ejercicio del derecho.

Por consiguiente, afirmar a la luz de los avatares procesales del caso que nos ocupa la no idoneidad de la ley -obviamente sin entrar a emitir juicio alguno en relación sobre si ha existido o no delito que en razón de la presunción de inocencia solo ha de ser despejado por los jueces-, no lo comparto.

El segundo elemento que quiero comentar tiene relación con la existencia de la ley de aforamiento aplicada al Sr. López Aguilar en razón de ser un cargo público. Recordar que la ley del fuero conlleva que procesalmente los casos penales en los que se vean inmersos esos cargos han de ser tratados, no por el juez natural – el de su domicilio – sino por los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas o por el Tribunal Supremo.

Resulta evidente que existe una opinión pública – quizás mayoritaria – que sería partidaria de eliminar de nuestro derecho el aforamiento.

Mi opinión, aun nadando a contracorriente, es contraria a su eliminación, afirmando que es necesario un debate sereno y una decisión para la modificación profunda de la ley.

El derecho del fuero nació y se reafirmó en los estados democráticos como elemento de protección a la acción libre del ciudadano electo para un cargo. Esto es, nació para garantizar las máximas garantías del electo en los actos que pudieran imputarle como delitos – pero realizados en el ejercicio de su cargo -, y evitar la anulación del ejercicio de sus obligaciones por la imputación de acusaciones falsas, de tal forma que los casos concretos debían ser examinados siempre por un tribunal superior y por ello constituido en sala. Y así debería ser, pero ni un paso más, y todos los delitos que no tuvieran una relación directa y derivada del ejercicio del cargo no deberían ser examinados en la aplicación de esa ley.

En el caso que nos ocupa, resulta evidente que los hechos judicialmente discutidos – delictivos o no – son realizados en el seno de unas relaciones personales de pareja y totalmente alejados y diferenciados de la función pública del ex ministro.

Por consiguiente en este, como en otros supuestos, no debería ser el encausado protegido por el derecho del fuero, sino ser su tribunal cercano el llamado a resolver.

De no ser así, es percibido por la ciudadanía no como un derecho de protección democrática al electo, sino como un privilegio no justificado y perjudicial para el sistema político democrático, y para la ley concreta, en este caso la de violencia de género. Y en muchos casos, creo que en este también, es también perjudicial para el prestigio del acusado y su futuro político.

Reiteremos que nos encontramos ante una situación donde el juez natural – violencia de género de Canarias y el Fiscal- afirman que debe procesarse y el Tribunal Supremo que, sin pronunciarse sobre la inexistencia del posible delito, señala que el procedimiento no es correcto, sin entrar, como jurídicamente es correcto, en el fondo del asunto.

El alto tribunal ha devuelto el caso a Canarias y, de no ser procesalmente corregido , el asunto terminará en auto de sobreseimiento – no en sentencia – y por ello quedará ante la opinión pública, especialmente ante los recalcitrantes contra la ley que protege a las mujeres, que el tema ha sido resuelto no con justicia sino en razón de privilegio, el de aquel que siendo ministro de justicia promocionó una ley pero que, al discutir si es aplicable a su persona, elude mediante un situación privilegiada en su relación – jurídicamente correcta – con el Tribunal Supremo. Y se afirmará, como es cierto, que con un protagonista no aforado, hubiera existido proceso.

Parece evidente que el archivo del caso sin sentencia – y admitiendo que sea cierta la declaración de inocencia formulada por el encausado – no será la mejor solución para el prestigio del Sr. López Aguilar ni para la potenciación de una ley que, lamentablemente todos los días y en razón de la tozudez de los hechos, reafirma su vigencia.

El caso concreto que comentamos sin duda obliga a la reflexión, no para anular el derecho al fuero, sino para señalar que leyes como la que nos ocupa deberían contemplar en defensa de la mujer, junto al principio de tolerancia cero también aforamiento cero.

Francisco Palero es abogado.

Anuncios