Sobre responsabilidades políticas

Por Javier ARISTU

Un amigo y socio de batallas políticas anteriores me recrimina amablemente que en mi anterior entrada en este blog afirme que las pasadas elecciones andaluzas han cerrado un capítulo de las responsabilidades políticas sobre los EREs. Literalmente la frase con la que mi amigo no está de acuerdo es aquella que decía: “…situados ya en abril de este 2015, las responsabilidades políticas fueron dilucidadas con las elecciones del pasado 22M.” Da la impresión, y es a lo mejor lo que ha sorprendido al veterano compañero, que la amnesia está ya legalizada tras la apertura de las urnas. No es así como yo lo veo. Si el lector continúa verá que digo a continuación “Los votantes formalmente cerraron el periodo y abrieron uno nuevo. Otra cosa es que se piense con razón que dichos dirigentes de la Junta no asumieron políticamente en su momento las responsabilidades que se derivaron de aquellas acciones de corrupción y malversación de caudales públicos.” Como el asunto me parece de interés y tiene que ver con la médula de nuestra democracia trataré de explicarme mejor.

Es imprescindible, de entrada, distinguir entre lo que son las responsabilidades políticas, asumidas por las personas que ejercen cargos de elección, de las responsabilidades jurídicas que todos los ciudadanos, entre ellos los políticos también,  tenemos por el hecho de ser eso, ciudadanos. Cuando una persona es elegida por los ciudadanos para ejercer un cargo asume desde ese instante unos compromisos contractuales con los mismos, que le obligan  a ejercer el poder dado de forma lícita y adecuada. Si no es así, comete pena de responsabilidad política y debe ser sancionado, con castigos de naturaleza política puesto que la falta ha sido política.

Ya es clásica la distinción entre las democracias presidencialistas, en las que el presidente es elegido directamente por el pueblo, estableciéndose un “doble poder” entre el presidente y las cámaras representativas, y, por otro lado, las democracias parlamentarias, donde el presidente del ejecutivo, e incluso el del estado, es elegido por las propias cámaras. Ambas tienen establecidas normas y procedimientos distintos para sancionar la responsabilidad política. En el primer caso, en las democracias presidencialistas, la responsabilidad política puede llegar hasta el de que las cámaras de representantes (congresistas y senadores) expulsen del cargo a su detentador (es conocido el caso del presidente Nixon que iba a recibir un impeachment de las cámaras por lo que antes dimitió del cargo). En el segundo caso, el de las democracias parlamentarias, el mecanismo más usual suele ser el de la moción de censura por la que el presidente del consejo de ministros es “castigado” y destituido de su función. En el caso de las democracias presidencialistas estaríamos ante una sanción de tipo político-jurídica; en el de la democracia parlamentaria sería lisa y llanamente un juicio político, sin ningún tipo de consecuencias jurídicas. ¿Por qué? Sencillamente porque la falta se considera de responsabilidad política; la cámara de representantes no puede ejercer la justicia, esta le compete a los jueces y magistrados. Junto a estas sanciones existen, afortunadamente, otros mecanismos en los que aparece palpable esa ruptura del contrato entre ciudadano y representante: la reprobación del cargo o la dimisión. En el primer caso se trata de una declaración política sin consecuencias prácticas posiblemente; en el segundo es cuando el cargo público cesa voluntariamente en sus funciones porque reconoce que los hechos denunciados, aunque hayan sido ejecutados por un subordinado y él no fuera conocedor de los mismos, se han producido bajo su responsabilidad política y en consecuencia él asume su pena. Parece que este mecanismo es el usual en los países democráticos…aunque al parecer España no lo termina de practicar.

Pero, entre todos los mecanismos de los que se sirven las democracias para hacer pagar las responsabilidades políticas, el más efectivo y el definitivo es el escrutinio electoral. A través de las elecciones, periódicas y universales, los ciudadanos pueden depurar las responsabilidades de aquellos cargos a los que ni la dimisión ni las mociones de censura alcanzan. Con las elecciones el pueblo soberano juzga la responsabilidad del que ha gobernado hasta entonces, y, atención,  del que ha hecho oposición. Por eso podemos decir que en este caso el máximo juez, el pueblo votando, dicta la última sentencia sobre el debate y la responsabilidad política. Duro posiblemente, pero de una efectividad completa por dos razones: porque es toda la ciudadanía, no solo sus representantes, quien vota, y porque ese voto marca el final del proceso, evita que la ciudadanía esté enredada con querellas y cuitas que no harían sino desgastar la propia convivencia. Al votar el pueblo dictamina, pasa página política, que no jurídica. Así de fácil y así de claro. Ahora, a lo mejor, se puede entender mejor por qué escribí lo que escribí. Chaves y Griñán, además, no se presentaban a las elecciones andaluzas por lo que no había ninguna persona política a quien responsabilizar de los actos por el asunto EREs.

Sin embargo, no todo se cierra así. Es evidente que hubo responsabilidades políticas a lo largo de estos años de manejo continuo de fondos públicos que iban a manos privadas de manera irregular, ilícita e irresponsable. Dichas acciones, por lo que sabemos, afectaron a las máximas responsabilidades, empezando por directores generales (¿son cargos administrativos o políticos?), consejeros (cargos claramente políticos) y Presidente de la Junta. No sabemos si de forma activa o pasiva. El ex consejero de Empleo dice que él no sabía nada porque su condición de maestro le daba plus de ignorancia (¡y continúa de diputado en las Cortes generales!), uno de los ex Presidentes sí afirma que hubo un gran fraude pero no una ilegalidad, el otro presidente taxativamente declara que si hubo fraude lo dirá la justicia pero que “nunca jamás” se cometió ilegalidad bajo su mandato. Sea lo que fuere lo verdaderamente dramático es que durante la legislatura anterior no se fue capaz de depurar las responsabilidades políticas que hubieran servido para descomprimir la vida política andaluza; precisamente porque por parte del partido del gobierno eso nunca se asumió (siempre eran asuntos de subordinados, de funcionarios pérfidos o de compañeros desleales, nunca del responsable político del momento) hemos visto cómo el asunto de los EREs ha enfangado nuestra convivencia y nos ha hecho aparecer como una comunidad donde la corrupción y la prevaricación campa por sus respetos.

En Andalucía, como en España, se necesita un curso intensivo acerca de qué es la responsabilidad política y por qué esta es un instrumento indispensable de permanente regeneración de la política. Déjenme copiar un fragmento de un estupendo artículo del profesor Javier de Lucas, escrito en 2013, porque resume muy bien lo que quiero decir:  “Cuando un cargo público se aferra como criterio de legitimidad al hecho de que no ha sido condenado por los tribunales, significa que no ha entendido nada de lo que es la responsabilidad política. Como lo enseñan una vez más el reciente episodio de la moción de censura en Ponferrada, la creativa “delegación de cargos” del Sr Oriol Pujol o el episodio de los ERES en Andalucía, ésta no se demuestra por la inexistencia o caducidad de antecedentes penales. Para todo cargo público, la responsabilidad política exige ejercicio continuo del deber de transparencia y de la disponibilidad de dar cuentas a los ciudadanos, que son sus jefes. No es un don adquirido para siempre por lotería (la de la lista del partido, o la biológica, la de nacer de padre o madre rey/reina y, eso sí, dentro de matrimonio heterosexual y monogámico). Día a día. Y si no se cumple, no basta con pedir perdón y seguir como si nada. Aquí no vale lavar los pecados mediante la confesión y el propósito de enmienda (que permite volver a pecar cuantas veces sea el caso). Asumir la responsabilidad política significa marcharse cuando uno no ha estado a la altura de la alta función (del privilegio) encomendada. Sin necesidad de parapetarse tras el muro de interminables procesos y el derecho de presunción de inocencia. Porque ese derecho protege otra cosa, que no la responsabilidad política”. [clicar artículo completo]. Claro como el agua. En Andalucía faltaron dimisiones en su momento, y transparencia desde el poder político, y otras medidas acordes con la importancia de los hechos, pero ahora, tras las elecciones autonómicas, lo que queda es la instancia judicial que será la que esclarezca las responsabilidades judiciales, nunca las políticas que, lamento decirlo, una parte importante de las mismas ha sido clausurada con el voto de marzo.

Pero hay más que decir o al menos a mí me lo parece. Karl Jaspers, en otro contexto y con otras circunstancias bien distintas, formuló en 1945  una clasificación de culpas (podríamos llamarlas responsabilidades) donde dejaba claro que no entraba la colectiva, esto es que ningún pueblo tiene culpa por los actos cometidos por sus dirigentes aunque de alguna forma, dice el filósofo, alguna responsabilidad tiene un pueblo por haber permitido, consentido y apoyado, a dictadores o criminales. En la clasificación que él establece aparecen la culpa criminal (acciones demostrables que infringen leyes inequívocas) y cuya instancia de resolución es el tribunal; la culpa política (acciones de los estadistas por las que los ciudadanos sufren sus consecuencias), cuya instancia es la voluntad del vencedor; la culpa moral (acciones del individuo como tal) cuya instancia es la propia conciencia; y, finalmente, la culpa metafísica (todos los hombres somos solidarios y cada uno de nosotros nos hacemos responsables de lo que le ocurre a los otros, de las injusticias y agravios a los que son sometidos) cuya instancia, dice Jaspers, es Dios. Que cada uno decida cómo le afecta cada una de estas culpas o responsabilidades. Solo me parece clara la primera, la culpa criminal, que solo los jueces y nadie más pueden establecer. Pero de las otras tres, ¿quién no está libre de culpa? ¿No es acaso cierto que, aun no aceptando que pueda existir una culpa colectiva, hay evidente responsabilidad en el electorado andaluz que da el gobierno a quien se lo da? ¿No es posible entender que más allá de la culpa criminal existe una culpa moral en aquellos que vieron pasar delante de sí los fraudes, que se beneficiaron de ellos, que callaron o intoxicaron? Y no hablemos de la culpa metafísica…porque solo Dios de ella puede hablar, dice Jaspers.

 Insisto: eran otras circunstancias y otros hechos los que Jaspers pretendía analizar desde la mirada del filósofo y sería injusto trasladar mecánicamente ese texto a los hechos de la Andalucía de la última década. Pero si los diputados, consejeros y presidentes de la Junta, si los responsables del partido socialista en los máximos niveles hubieran leído (es posible que alguno de ellos lo haya hecho) este pequeño opúsculo titulado El problema de la culpa (solo 132 páginas) a lo mejor nos habrían ahorrado a los andaluces muchas horas de preocupaciones, habrían ahorrado a los medios de comunicación muchas páginas y horas de tertulias, habrían ahorrado a la política muchas horas de debates repetitivos por el bien de otros destinados mejor a resolver los problemas de los más necesitados.

Concluyo. Nuestras sociedades democráticas son, por principio, imperfectas y por eso la política como actitud moral trata de mejorar este mundo. Pero la imperfección es hija también de la experiencia y creo que a lo largo de las décadas que nos preceden se ha ido construyendo un andamiaje de normas, procedimientos y principios que debemos conservar, desarrollar y mejorar. La gran aportación del pensamiento político europeo y americano acerca de la distinción entre responsabilidad política y responsabilidad jurídica es fundamental para construir sociedades democráticas. Imperfectas, pero con normas legales y objetivas.

 No sé si Chaves, Griñán o Viera serán inculpados finalmente y juzgados como responsables penales. Es evidente que cuando hubo que hacerlo no se aplicaron ellos mismos la vara de la responsabilidad política y ahora es ya tarde o no es posible. Al presidente francés Chirac se le juzgó (responsabilidad jurídica) tras dejar la presidencia de la República por hechos que cometió durante su mandato (responsabilidad política). Digo, por tanto, que un capítulo se ha cerrado pero no ha concluido el libro.