Grecia y el lado oscuro de la eurozona (1)

Foto flickr: Dimitris Alexakis

Por Antonio LETTIERI

La victoria de Syriza, con Alexis Tsipras al frente, en las elecciones griegas del 25 de enero ha creado un gran desconcierto en la eurozona. Lo cual no sorprende tratándose de la verdadera primera crisis política de la eurozona tras su nacimiento hace quince años. Hasta ahora estábamos acostumbrados a discutir solo de dificultades económicas.

Sin embargo, la victoria de Syriza era previsible. Es normal que en un país conmocionado por una crisis económica y social que dura ya siete años, pudieran ser derrotados en unas elecciones los partidos de gobierno en favor de los que no han tenido esa responsabilidad. Berlín y Bruselas habían hecho todo lo posible para evitarlo. Angela Merkel había ido a Atenas para apoyar al gobierno de Antonis Samaras. Después, la Comisión europea había enviado a Pierre Moscovici, el comisario francés de economía, para advertir a los griegos sobre los riesgos que corrían si escogían la incógnita de un partido de la izquierda radical.

Pero esta vez las sirenas de la eurozona no han podido encantar al electorado griego. La victoria de Tsipras ha destruido el escenario político griego de los últimos 40 años, constantemente dominado, tras la caída del régimen de los coroneles, por Nueva Democracia y por el Pasok, los dos partidos de las dinastías de los Papandreu y de los Karamanlis. Syriza ha ganado las elecciones con un programa tan audaz como difícil: liberar a Grecia de la política de austeridad y del asfixiante control de la Troika, el arrogante grupo de tecnócratas que representa a la Comisión europea, el Banco central y el Fondo monetario internacional.

Pero ¿qué significa rechazar la política de austeridad impuesta por las autoridades de la eurozona? El nuevo gobierno debe recibir una parte de 7.200 millones de euros de acuerdo con el programa acordado por el anterior gobierno en el tristemente famoso Memorándum de 2012. Sin este pago, Grecia no puede devolver la cuota de la deuda que expira entre marzo y julio a favor del BCE y el FMI. La no devolución significa entrar en la zona de sombra de un impago de Grecia y de ruptura de la eurozona. El compromiso alcanzado en el último momento entre el eurogrupo, formado por los 19 ministros de finanzas de la eurozona, y Grecia no señala ni vencedores ni vencidos sino más bien una manera de ganar tiempo.

  1. Grecia tiene la cuerda en el cuello de una deuda gigantesca: 320.000 millones de euros, el 175% de su PIB.[1] La mayor parte de los economistas está convencida de que, dada su entidad, la deuda no es reembolsable. Alan Greenspan, desde su experiencia como presidente durante casi veinte años de la Reserva Federal, ha sido brutalmente claro acerca de la imposibilidad para Grecia de pagar la deuda y, finalmente, sobre la salida del euro: “Creo que Grecia finalmente saldrá (del euro)…Es solo cuestión de tiempo porque todos se han dado cuenta de que salir es la mejor estrategia”.[1]

El gobierno de Tsipras es ciertamente consciente de las dificultades pero se mueve en una dirección contraria a la vaticinada por Greenspan. No por casualidad el programa del nuevo gobierno se articula a lo largo de dos ejes principales: el primero tiene que ver, de hecho, con la reorganización de la deuda; el segundo está centrado en una profunda revisión de la política económica y social impuesta al país por las autoridades europeas durante los años de la crisis.

Sobre el primer punto, el nuevo ministro de finanzas Yanis Varoufakis, profesor de economía en las universidades de Atenas y Austin (Texas), donde enseña junto con James Galbraith, ha presentado a las autoridades de la eurozona una propuesta completa que, asumiendo la clara voluntad de devolver la deuda, pide renegociar las condiciones. En sustancia, el nuevo gobierno adelanta la propuesta de una reestructuración basada en la indización de los intereses relativos a la deuda en relación con la marcha del PIB. Un modo de garantizar a los acreedores la devolución y, al mismo tiempo, evitar el empeoramiento de las condiciones financieras del país deudor en las fases de recesión o estancamiento de la economía. En cualquier caso, el superávit primario —la cuota del presupuesto destinada al pago de los intereses— debería quedar limitada al 1,5% del PIB (en contra de la actual previsión del 4,5%), a fin de dejar espacio a las inversiones y al consumo colectivo necesario para relanzar el crecimiento, sin el cual la deuda misma se hace impagable.

CUADRO: ¿A QUIÉN DEBE GRECIA?

Lo que Grecia debe. Total de la deuda: 322.000 millones de euros

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Los mercados financieros se han mostrado favorables a la propuesta del gobierno de Tsipras que, por primera vez, afronta abiertamente el problema de la solvencia de la deuda y adelanta una solución que hace creíble el esfuerzo para devolverla.

2. El segundo punto del programa del gobierno de Tsipras se centra en las medidas de carácter interno, dirigidas a modificar las condiciones opresivas que la Troika impuso al país durante los años de la crisis, provocando la ruina del mismo y una catástrofe social. Los datos son elocuentes. La atención a la austeridad ha provocado el aumento de la deuda desde el 110 por ciento del PIB, al comienzo de la crisis, hasta el 175 por ciento actual. Entretanto, la renta nacional ha disminuido un cuarto y el desempleo ha sobrepasado el 25 por ciento de la población activa. En un país reducido a la pobreza, las familias que no han conseguido sufragar las cuotas de la hipoteca han visto que sus hogares eran subastados. Muchas permanecían a oscuras y sin calefacción por los cortes de electricidad. Los hospitales públicos se han quedado sin medicinas y el cuidado de los enfermos, cuando era posible, se confiaba a voluntarios. Una catástrofe social que no se veía desde los tiempos de la Gran Depresión de los años treinta del pasado siglo en los Estados Unidos.

Syriza había llevado la campaña electoral bajo el lema del rechazo al programa de austeridad desarrollado por la Troika con la complicidad de los anteriores gobiernos. Sin embargo, era clara la necesidad de encontrar un compromiso con las autoridades europeas por la gestión de la deuda. De aquí la exigencia del gobierno de Tsipras de acordar un programa-puente de seis meses durante el cual se negociara un nuevo acuerdo completo. En esta fase intermedia, el Fondo europeo de estabilidad financiera (FEEF) mantendría su compromiso de entregar el último tramo del préstamo de 7.200 millones de euros.

A una persona normal le resultaría difícil considerar irracional una propuesta que prevé, en el marco de una reestructuración acordada, la devolución de 240.000 millones de euros, correspondientes al 80% de la deuda completa, en gran parte con las instituciones y gobiernos de la eurozona. Pero no es así. Wolfgang Schäuble, ministro de finanzas alemán, rechaza al completo la propuesta presentada por Varoufakis. El gobierno griego debe continuar con el programa de austeridad y reformas impuesto por la Troika. El hecho de que este programa haya puesto de rodillas al país y que el gobierno de coalición de Samaras haya sido repudiado por el voto popular no cuenta. La democracia del voto es un lujo al que no puede optar una pequeña, periférica provincia del imperio.

3. Grecia tiene la soga al cuello: sin el pago del último tramo de los créditos del FEEF no se puede devolver al BCE ni al FMI las cuotas de la deuda que expira. Sin un acuerdo, Grecia corre el riesgo de la quiebra, de la carrera a las puertas de los bancos para retirar los fondos, de la fuga de capitales al exterior y el inevitable recurso al control de movimientos de capital: una secuencia que preludia, en último término, la salida de Grecia del euro.

Pero el problema no es solo Grecia. Su quiebra no puede dejar de golpear a las instituciones crediticias, entre los cuales están los gobiernos de la eurozona, y principalmente Alemania, Francia, Italia y España, que son los mayores acreedores en el marco de los 170.000 millones de euros proporcionados a Grecia por el Fondo europeo de estabilidad financiera. El compromiso es, a pesar de la disparidad de fuerzas, una necesidad para ambos contendientes. Tratar de distinguir vencedores y perdedores, como hace una gran parte de la prensa europea, es un falso ejercicio. Tsipras dice: “Hemos ganado una batalla pero no la guerra”. Es un juicio cautamente realista. Se ha ganado tiempo, y Grecia está empeñada en utilizarlo para negociar un acuerdo global. Pero para las autoridades europeas el tiempo debe trabajar para doblegar la resistencia de Grecia, reconduciendo las piezas al punto de partida.

Las relaciones de fuerza permanecen equilibradas. El eurogrupo aplaza hasta abril la suspensión del último tramo del préstamo. El BCE y el FMI toman distancias del compromiso. En las semanas sucesivas Draghi confirmará que Grecia está excluida de los nuevos escenarios que se abren con el quantitative easing. Los bancos centrales de los países del euro están autorizados a adquirir en el mercado secundario obligaciones emitidas por los respectivos gobiernos, pero se niega esta posibilidad a la banca central griega. La consigna parece que es clara: ninguna vía de salida a un gobierno que rompe la disciplina. Pero si las dificultades de Grecia son evidentes, la intransigencia de las autoridades europeas oculta, como hemos visto, una dificultad de la eurozona en su globalidad.

El partido está abierto, a pesar de los prematuros anuncios de una derrota fatal del gobierno griego. Los comentaristas sin prejuicios toman posición a favor de las propuestas griegas. Wolfgang Münchau escribe en el Financial Times: “Mi consejo a Yanis Varoufakis es que ignore las amenazas más o menos veladas y permanezca firme en sus posiciones. Es miembro del primer gobierno de la zona euro dotado de un mandato democrático para oponerse a una política totalmente carente de sentido. Una política que se ha demostrado económicamente analfabeta y políticamente insostenible”.[1]

Independientemente de lo que ocurra al final la confrontación tiene el mérito de aclarar los términos del conflicto que agita no solo a Grecia sino a la eurozona en su conjunto. La rebelión del gobierno griego ha expuesto con meridiana claridad las paradojas y las contradicciones de las políticas impuestas por Bruselas con el resuelto apoyo de Berlín.

Ha quedado definitivamente claro que, paradójicamente, el verdadero núcleo del choque no tiene que ver con la cuestión de la deuda sino con la otra cara de la moneda: las reformas estructurales. Para la deuda, como hemos visto, el gobierno griego ha presentado una propuesta clara y está listo para negociar los términos. El disenso estalla, incluso antes de abrir la negociación, sobre el capítulo de las reformas estructurales, la cara oscura de la austeridad.

No es casualidad que las autoridades europeas pretendan el pleno control de la política económica y social de los Estados miembros. Es una cuestión de disciplina impuesta desde arriba sobre la cual no transigen las autoridades de la zona. El conjunto de reformas y medidas también de detalle comprende todos los aspectos de la política interna. Un ejemplo paradigmático se puede encontrar en la famosa carta del BCE al gobierno italiano de Berlusconi en el verano de 2011 —un minucioso programa de gobierno cuya aplicación, iniciada por Monti y continuada por Letta, avanza rápidamente con el gobierno de Renzi.

En el caso griego, el gobierno Tsipras está comprometido en desarrollar un cierto número de reformas que considera claves para modernizar el país. Entre estas, el esfuerzo contra la evasión que afecta a los privilegios acordados de las oligarquías que controlan uno de los más potentes sectores navieros del planeta; la corrupción y el clientelismo que alimentan la ineficiencia del sistema económico y administrativo. Pero estos esfuerzos son acogidos con suficiencia y escepticismo por las autoridades europeas. Para las instituciones de la eurozona el corazón de las tristemente famosas reformas estructurales son las políticas de privatización, de recorte de los sistemas de bienestar y de desregulación del mercado de trabajo.

4. El capítulo de las privatizaciones vuelve a salir en la primera fase de la crisis griega, cuando la Comisión europea exige como contrapartida de las ayudas financieras el compromiso para un amplio plan de privatizaciones. El aspecto más intrigante es que los préstamos acordados al gobierno son destinados al reembolso de las deudas contraídas por los bancos griegos con los bancos alemanes, franceses y holandeses. Un modo de transferir las deudas privadas de los bancos a cargo del presupuesto público, según un esquema que se repite en Irlanda y en España. Las privatizaciones se convierten en un instrumento de reembolso de una parte de la deuda pública, aumentada desmesuradamente a favor de las bancas acreedoras extranjeras.

CUADRO. “DONANTES DE SANGRE”

Exposición de bancos y Estados hacia Grecia antes de la crisis y hoy día.

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En las primeras versiones, se trata de un gigantesco plan de privatizaciones que debería aportar a la caja del estado 50.000 millones de euros, que es como decir un monto del orden de los 400 o 500 mil millones  si nos fijamos en la escala de la economía italiana o francesa. En resumen, todo lo que es público debe pasar a manos privadas: electricidad, gas, el agua de Atenas y Salónica, ferrocarriles, los puertos, aeropuertos, correos, las autopistas, los edificios públicos más importantes, sin olvidarnos de los casinos. El plan, administrado por un nuevo ente de naturaleza privada debería llevarse a cabo en el plazo de un trienio, antes del 2015. La revista The Economist, tradicionalmente inclinada a valorar positivamente las políticas de privatización, escribió: “Con un objetivo de 50.000 millones de euros (72.000 millones de dólares) para el año 2015, el plan de privatización de Grecia se plantea recaudar una cantidad de  dinero proporcional al PIB como nunca ha realizado ningún otro gobierno de la OCDE”. Además, comenta The Economist, se trata de “un proyecto de privatización de bienes y servicios realizable en un plazo absurdamente corto” [1].

Los tiempos corren y el objetivo cuantitativo de las privatizaciones se redimensiona hacia los 25.000 millones. El gobierno Tsipras, en el documento presentado al eurogrupo, declara no estar en contra de la línea de principio de las privatizaciones y de no poner en discusión aquellas que ya están en marcha, pero respecto a la amplitud y contenidos se reserva la oportunidad y la conveniencia de verificar estos de forma articulada. Lo cual no basta a las autoridades europeas y al FMI. No aceptan que sea el gobierno griego quien asuma la tarea en sus propias manos. Se reservan el derecho de ejercer su control sobre los procesos en curso, sobre las modalidades y sobre los tiempos previstos para la actuación integral del plan. La transferencia de soberanía de un gobierno nacional que tiene un mandato democrático y popular a las autoridades europeas no admite excepciones, ni siquiera cuando se trata de funciones propias de un estado moderno, como las decisiones respecto a la  propiedad y gestión de infraestructuras estratégicas  y prestaciones de servicios colectivos esenciales.

En cualquier caso, el punto crucial de las reformas estructurales no es el de las privatizaciones sino que se asienta en las reformas del trabajo y de los sistemas de bienestar. Aquí se manifiesta en toda su plenitud el fundamentalismo ideológico de las políticas económicas y sociales de la eurozona. Las principales propuestas de intervención del gobierno griego dirigidas a aliviar el estado de malestar y de pobreza de una gran parte de la población son rechazadas, o al menos sometidas a una severa verificación de compatibilidad con las limitaciones presupuestarias propuestas por la Comisión europea. Algunos ejemplos de medidas sociales que Berlín y Bruselas impugnan son elocuentes. La lista comprende, por un lado, medidas de carácter económico: el aumento gradual del salario mínimo mensual hasta llevarlo en 2016 al nivel anterior a la crisis, cerca de 751 euros; el restablecimiento de la negociación colectiva nacional; el aumento de las pensiones más bajas con la reintroducción de la decimotercera mensualidad; el reintegro de una parte de empleados públicos despedidos. Por otro lado, medidas de carácter humanitario: la ampliación de la asistencia sanitaria, bonos de comida para las familias más necesitadas, comedor en las escuelas infantiles, entre otras. Las autoridades de la eurozona bloquean el conjunto del programa, impidiendo al gobierno griego financiarse con emisiones de títulos también a corto plazo con los bancos privados o la banca central griega. La soga al cuello se estrecha.

[Continúa Parte 2]

Traducción de Javier Aristu