Una nueva cacicada ( y una posible alternativa)

Universidad Pablo de Olavide

Por Carlos ARENAS POSADAS

La mayoría absoluta del PP, la que consiguió en 2011 con celestiales promesas que engatusaron a esa parte de la población que tiene a gala pasar de política, ha producido la última de las cacicadas populares: cambiar por decreto la ley que regula la estructura de los grados universitarios, para que puedan pasar de cuatro a tres años, pasando los estudios de postgrado de uno a dos.

Sin consultar con nadie, se lanza, solo cinco años después de la última reforma en la universidad, a una nueva, con lo que coincidirán el próximo curso estudiantes de tres planes de estudios distintos: los de las extinguidas licenciaturas de cinco años; los de los actuales grados de cuatro y los de los nuevos grados de tres.

Cuáles son las intenciones y las consecuencias  de la reforma:

Una. Recortar el gasto universitario. Haciendo sencillas cuentas, con la reducción de un curso, sobrarán de las universidades un 25 por ciento de los profesores, lo que afectará, como ya lo está haciendo, a personas con muchos años en la carrera docente que tendrán un difícil encaje en el mercado de trabajo.

Dos. Reducir un año el grado universitario supone recortar  en un 25 por ciento la inversión familiar pero también el dinero destinado a subvencionar las tasas universitarias, a pesar de que en España sean unas de las más altas de Europa (recordar que el Estado subvenciona en torno el 80 por ciento del precio real de la matrícula). 

Tres. Seguir desprestigiando la Universidad pública, que se verá abocada, cinco años después,  a un nuevo y traumático proceso de confección de planes de estudios, con lo que eso significa de tensiones entre departamentos, de incertidumbres profesionales y, en definitiva, de pérdida de tiempo y de descuido de las funciones docentes e investigadoras. Todo ello en provecho de las universidades privadas donde el plan de estudio nace del ordeno y mando.

Cuatro. Es verdad que la estructura actual de los grados (4+1) dificulta el engarce y la convalidación de los estudios universitarios españoles con los europeos donde predominan el (3+2). Pero la “flexibilidad” que persigue el ministerio dejando en manos de las universidades y de las comunidades autónomas la configuración de los títulos, producirá que en una parte del país existan grados de  tres y en otra de cuatro años, con lo que el desajuste hoy existente con respecto a Europa se convertirá en un caos dentro del sistema universitario español.

Cuatro. Como ha escrito Juan Torres (Público 30 de Enero), la reforma no solo favorece a la universidad privada sino muy especialmente a la banca que encontrará una oportunidad de  negocio acreditando a los estudiantes los dos años de estudios de posgrado a precios no subvencionados.

Cinco. Hace muchos años gritábamos aquello de “los hijos de los obreros a la universidad”.  Con la democracia, los hijos de las clases populares han podido en mayor o menor medida acceder a los estudios universitarios.  Hasta el gobierno de Rajoy. Con este gobierno, la subida de las tasas académicas, la reducción de las becas y ahora la segmentación de los estudios buscan segmentar aun más la sociedad en función del poder adquisitivo de los estudiantes, de si pueden o no pueden pagar los precios del postgrado. Se cumple así una regla histórica en España: cuando la formación se generaliza se crean barreras y tramos nuevos para que queden bien patentes la distinción entre las clases sociales.

Seis. Tal y como están las cosas, con elevadísimas tasas de desempleo entre estudiantes,  los graduados de tres años saldrán al mercado de trabajo un año antes para colmatar aún más el ejército de parados.  Cada vez más, en los últimos años, la Universidad ha dejado de ser una palanca de promoción social. Este decreto es la puntilla a la identificación de la Universidad con la formación superior;  será la banalización que pondrá aún más al graduado universitario al pie de los empleadores.

La Generalitat de Cataluña  ha pedido aplazar la reforma hasta 2016; cumpliría así, al mismo tiempo, su voluntad  de reducir gastos y de construir su propio sistema universitario. La Junta de Andalucía, por el contrario, se opone a los cambios y quiere convencer a los rectores de la conveniencia de seguir con la actual estructura del 4+1 (asumiendo el coste adicional).

Me parece, sin embargo, que el modelo 3+2 no es intrínsecamente  perverso (de hecho, favorece la especialización de los universitarios, su mejor encaje en los mercados de trabajo y un estímulo para la mejora de la calidad de la docencia) y que la “flexibilización” que reclama el ministro debe ser aprovechada por las universidades, despertándolas de su tradicional sopor.

Aceptando el reto de la “flexibilización”, ¿hay alguna fórmula que permita evitar soslayar las consecuencias perversas del cambio anunciadas más arriba y aprovechar las indudables ventajas que contienen?

Hay  una sencilla que me temo sea inasumible en la actualidad: que las becas para cursar postgrados  sean tantas como para que estos estudios avanzados sean cursados por buenos estudiantes sin medios económicos para cursarlos.

Otra  fórmula podría parecerse a la que ya propuse hace cinco años cuando el  debate sobre la estructura de los grados se planteó por primera vez: los cuatro años del grado podrían dividirse en una estructura 3+1; es decir, tres primeros años de estudios básicos  y uno final para especialización en el que el estudiante escoja el  itinerario que le apetezca en base a la oferta de las asignaturas obligatorias y optativas que ya existen. El resultado es la obtención de un título de grado de cuatro años (con créditos a precios de grado) que lleva inserto una especialización, una denominación o mención específica que le hará más fácil y provechoso el encaje  con los estudios de postgrado de un año. El  esquema final de la formación universitaria sería pues (3+1) +1.

No deja de ser esta una solución “técnica” que activaría la languidecente vida de las Universidades. La solución del principal problema de la universidad andaluza quedaría pendiente: no tenemos un modelo productivo que demande universitarios; pero esa es otra película.

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