Después del 9N (y 2)

Foto Flickr: Josep Tomàs

Por Francisco FLORES TRISTÁN

Las alternativas

A.- La reforma federal

            Dejando al margen la solución que parece ser la opción del Gobierno Rajoy, la de “no hacer nada”, de esperar que el otro maquinista detenga el tren en el último momento o que en el choque sea el otro el que lleve la peor parte, parecen plantearse dos posibles opciones que podrían contribuir a resolver el problema, la “solución federal” y el referéndum vinculante, es decir el ejercicio de lo que podríamos llamar el “derecho de autodeterminación” para Cataluña.

            La primera opción, la federal, es la defendida por el PSOE aunque compartida en general con algunas reservas por las fuerzas de Izquierda y nacionalistas. Aunque dista mucho de estar concretada, la opción de reforma de la Constitución en un sentido federal ofrece ventajas apreciables:

  • Por una parte podría clarificarse definitivamente el Título VIII de la Constitución delimitando con mayor claridad las competencias del Gobierno central y los Autonómicos.
  • Se podría completar el proceso de descentralización especialmente en aspectos como los Tribunales de Justicia, lo que podría resolver gran parte de los motivos de inconstitucionalidad de la sentencia del TC sobre el Estatut, origen según muchos del actual enfrentamiento de la Generalitat con el Gobierno central. Si la reforma federal se inspirara en el modelo norteamericano, o el de la I República española, las Comunidades Autónomas podrían configurarse como Estados, con Tribunales propios, que coexistirían con los Tribunales federales. Esta configuración haría inútil la primera pregunta de la consulta
  • También permitiría dotar de sentido al Senado y tendría que posibilitar un sistema de financiación pactado que resultara aceptable para todos, basado en modelos federales ya existentes como el norteamericano o el alemán.

Sin embargo la solución federal también presenta una serie de problemas  que podrían dificultar seriamente su puesta en práctica:

  • La primera de ellas sería convencer a la Derecha, es decir al PP y a los sectores conservadores del empresariado y las clases medias que ellos representan de las bondades de tal reforma. Aparentemente esto es poco menos que imposible porque observamos incluso tendencias  dentro del PP a recortar el Estado autonómico. Sin embargo dejando al margen el sector más recalcitrante, da la impresión que las reticencias del PP vienen más por el miedo a lo desconocido, por el vértigo que les produce perder el asidero de la actual Constitución de la que por cierto ellos no fueron precisamente entusiastas en su momento, que por un rechazo frontal a la reforma federal en la que los sectores que representan no tendrían por qué verse perjudicados. Y en todo caso, dada la cambiante e inestable correlación de fuerzas, si este tema se plantea en el debate de  cara a las próximas elecciones, una postura intransigente por parte de un solo partido y la ausencia de propuestas  alternativas podría privarle del apoyo del electorado más centrista y moderado.
  • Una dificultad mayor sería lograr el encaje de Cataluña en esa opción federal. Una idea extendida en Cataluña y fuera de ella es que el Estado autonómico se desgració cuando se impuso el “café para todos”. Particularmente no creo que se pueda mantener indefinidamente en una mesa a unos comensales tomando café y el resto, achicoria. Más temprano que tarde los “achicoriados” van a exigir café, como los vecinos. Por eso creo que sería peligroso, y desde luego no solucionaría nada, privilegiar a unos territorios sobre el resto. No sé muy bien lo que quieren decir los que defienden un “Federalismo asimétrico”. Entiendo que hay territorios que tienen singularidades de las que los demás carecemos, por ejemplo una lengua propia. Si por Federalismo asimétrico se entiende el respeto por estas singularidades, incluso el tener una Policía autonómica que los demás no tienen, no habría nada que objetar. Pero si esto se lleva al terreno financiero privilegiando a unos territorios sobre otros, eso sí que provocaría el rechazo del resto de territorios, independientemente del partido que gobierne en ellos. El conceder por ejemplo a Cataluña un régimen fiscal similar al vasco, aparte de la discriminación respecto a otros territorios, supondría mermar de numerosos recursos al Gobierno central o federal que podría contribuir a hacerlo inviable y ello, no tanto por el hecho en sí de tener una Hacienda propia, como por el sistema de “cupos”, es decir de la insuficiencia dell aporte de la Hacienda foral a la Caja común.
  • En cualquier caso el principal problema de la opción federal es la negativa de las principales fuerzas políticas catalanas a contemplarla como solución si previamente no se celebra un referéndum que posibilite decidir a los catalanes el mantenimiento o no de su integración en España. La opción federal defendida por el PSOE parte de la idea implícita que se podría convencer al menos a una parte del nacionalismo catalán (¿CiU?), “seducirles” con una oferta federal que podrían aceptar, renunciando al referéndum sobre la independencia. El pueblo catalán, y el resto de España votarían esa reforma constitucional. Sin embargo, en las circunstancias actuales, después del 9 N parece realmente difícil que una solución así pudiera ponerse en práctica.
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Foto Flickr: Josep Tomàs

B.- El referéndum vinculante

Nos referimos con esto a una votación de la ciudadanía de Cataluña sobre si desea seguir formando parte de España u opta por la independencia. Los nacionalistas catalanes, Iniciativa y en parte también el PSC (precisando en este último caso que debía ser un referéndum “pactado con el Gobierno de España y legal) han defendido esta solución. En la misma posición están partidos estatales como IU y el recién constituido Podemos.

El derecho de autodeterminación que subyace tras esta idea ha sido aplicado históricamente a territorios coloniales pero goza de pocos defensores cuando se trata de aplicarlo para separar territorios  de un determinado país especialmente si se trata de países democráticos. Contrariamente a lo que se suele decir casi ningún país tiene recogido en sus leyes este derecho para sus territorios. Algún reputado analista ha citado reiteradamente el caso de EEUU como país donde existe el derecho a separarse. Nada más lejos de la realidad teniendo en cuenta que cuando ese derecho se ejerció provocó una guerra civil con cerca de 700.000 muertos; por si hubiera alguna duda recientemente el Gobierno de EEUU contestó a un escrito de más de 120.000 texanos que reivindicaban el derecho a la secesión en estos términos: “Nuestros padres fundadores establecieron la Constitución de los Estados Unidos ‘para formar una unión más perfecta’…. Pero no establecieron el derecho a marcharse. Como explicó el presidente Abraham Lincoln en su primer discurso inaugural en 1861… la unión de estos estados es perpetua“. El caso escocés es muy distinto no solo por la inexistencia de Constitución escrita en Gran Bretaña sino por el hecho de que Escocia fue un Estado independiente hasta 1707 (aunque con el mismo monarca que Inglaterra desde 1603) en que a través del “Acta de Unión” decidió libremente fusionar su Parlamento con el inglés. Si hubiera triunfado el sí en el pasado referéndum Escocia simplemente habría recuperado la soberanía que libremente cedió.

Pero una vez dicho todo esto, a pesar de los numerosos argumentos que podríamos encontrar para negar el derecho a separarse de un territorio del Estado en el que históricamente está integrado… la Política es el arte de lo posible. Si una mayoría clara en un determinado territorio es partidaria de la secesión… acabará separándose. No se le ponen puertas al campo. En Cataluña actualmente dudo mucho que exista una mayoría clara a favor de la separación pero sí la hay en favor de votar esa hipotética separación. Las fuerzas políticas tienen la obligación de canalizar el conflicto y buscar soluciones negociadas. Y esta solución podría pasar por alternativas en la línea de la “Ley de Claridad” aprobada por el Parlamento canadiense respondiendo a una anterior sentencia del TSJ de este país. La Ley de Claridad viene a insistir en que la provincia que quiera separase debe plantear en referéndum una “pregunta clara” a los ciudadanos  y que debe haber una “mayoría reforzada”. Parece razonable  que si para reformar una Constitución en la mayoría de los países se exige una mayoría cualificada con el argumento de que es una Ley lo suficientemente importante como para no cambiarla por un fugaz cambio de mayorías, con mayor razón habría que exigir una mayoría cualificada para romper una unión de 500 años (u 800 si consideramos la Corona de Aragón).

Otra cuestión es definir lo que se entiende por mayoría reforzada. En Andalucía se exigió en el referéndum del 28 F una mayoría absoluta del censo de cada una de las provincias. Quizá esto pudiera parecer excesivo pero hay un precedente inobjetable, avalado además por la ONU, utilizado en el referéndum de separación de Montenegro respecto a Serbia. Si mal no recuerdo se exigió un 55% de los votantes con una participación mínima del 50% del censo. Una solución de este tipo tendría una importante virtud: centraría el debate en las ventajas e inconvenientes de la independencia o el mantenimiento de la unión. El debate actual está de alguna manera falseado porque, al menos visto desde fuera de Cataluña, el énfasis, el argumento principal es el derecho a decidir (que se debería llamar más bien el derecho a separarse) pero se cuela un poco de rondón la defensa de la independencia. Intuyo, teniendo en cuenta el porcentaje de votantes en favor de la independencia el 9 N, alrededor de un tercio del censo, que tras un debate regulado, asegurando la participación de todos los sectores y centrado sobre la independencia o el mantenimiento de los vínculos con España, la mayoría de los catalanes se inclinaría por seguir vinculados a España. Y si en última instancia no fuera así, al menos se podrían limitar los efectos negativos de la separación.

Evidentemente esta alternativa presenta numerosas dificultades que sería muy difícil soslayar. En primer lugar esto exigiría reformar la Constitución, en especial el art.2 aunque esto no sería un problema si la mayoría de las fuerzas políticas estuvieran de acuerdo.

El problema mayor es la oposición del PP y del PSOE a una solución de este tipo. De todas formas, igual que ocurre con la solución federal, es un tema que tendría que debatirse en toda España como elemento a considerar por el electorado en las próximas elecciones generales. Hay que considerar que estamos ante una situación muy grave y los problemas graves exigen soluciones a veces arriesgadas. Aunque los dos grandes partidos (hasta ahora) se opongan a este tipo de soluciones es muy probable, dado la situación actual de hartazgo, que incluso gran parte del electorado conservador apoyara en este momento la convocatoria de un referéndum legal en Cataluña para pronunciarse sobre la independencia. Y dentro del partido socialista la posición del PSC sería desde luego favorable.

De una manera o de otra habría que procurar que el debate catalán se centrara en las ventajas o inconvenientes de la independencia. Lo verdaderamente relevante para la ciudadanía de Cataluña va a ser seguir dentro o fuera de España. Y en este punto me parece observar una dejación de funciones y responsabilidades  entre los partidos y el resto de elementos de la sociedad que tendrían que defender las ventajas de permanecer juntos y los inconvenientes de la separación; unos, porque todo el peso de la argumentación lo ponen en la Ley, en las cuestiones jurídicas y otros por una actitud vergonzante,  temerosa de que se les pueda identificar con la Derecha rancia. La Izquierda catalana, los socialistas y los comunistas, los sindicatos CCOO y UGT lo hicieron muy bien durante la transición contribuyendo a integrar a la población trabajadora de origen inmigrante  en la sociedad catalana y comprometiéndola en la lucha por la Autonomía. Pero en los últimos tiempos se echa de menos ver a esta misma Izquierda defendiendo las ventajas de la integración y de la solidaridad con los trabajadores del resto de España y denunciando los argumentos egoístas tan parecidos a grupos tan marcadamente reaccionarios como la Liga del Norte italiana o los de los partidos de la Derecha antieuropea  del norte y centro de Europa. La masa de ciudadanos que no fue a votar el 9 N, una gran mayoría de los cuales son trabajadores de las zonas industriales, se está convirtiendo en un peso muerto a pesar de ser hoy día la mayoría de la población. Es un peso muerto por falta de liderazgo, por falta de alguien que la represente, que asuma con valentía la defensa de sus intereses. La Izquierda catalana tiene ahí una oportunidad que está desperdiciando y de la que, si no es capaz de romper su parálisis,  se arrepentirá sin duda en el futuro.

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