A propósito de ciudadanos, territorios e “ismos”

Por Carlos ARENAS POSADAS

La derrota de la clase obrera y de las clases medias ante las estrategias neo-liberales en las últimas tres décadas, más evidentemente desde 2008, ha producido una transmutación de las perspectivas de la izquierda. Las esperanzas puestas en la clase obrera se han frustrado para posarse sobre un nuevo demiurgo, la “ciudadanía”, convertida ahora en el sujeto social transformador. Hemos vuelto así al comienzo del siglo XIX, cuando la “nación”, que no era otra cosa que la suma de individuos libres, protagonizaba la lucha contra el absolutismo.

Claro que aquella lucha por la libertad, la igualdad y la fraternidad fue muy pronto usurpada por privilegiados guardianes y depositarios de la supuesta voluntad nacional, desviándola hacia ámbitos espurios, hasta convertir el derecho de los hombres y de los ciudadanos en derechos de los  territorios por ellos administrados.

Los nacionalismos en general y los españoles en particular han sido la construcción política más falaz y oportunista levantada en nombre de los ciudadanos. Nadie puede negar el éxito de las clases dominantes o de las aspirantes a serlo en engatusar a los ciudadanos con la idea patriótica a lo largo del último siglo.

Amparándose también en la supuesta voluntad de los ciudadanos, en los últimos meses han surgido tesis que plantean la necesidad de una alternativa federal para el país. Son voces disonantes que expresan distintas concepciones de lo que debería ser una España federal.

Las hay de quienes propician un federalismo de arriba abajo. El pasado día 9 en Madrid, intelectuales y conocidos hombres públicos presentaron un manifiesto en que se definen como “ciudadanos preocupados por el futuro de nuestro país, (que) instamos a los partidos políticos, a las instituciones democráticas que tienen las facultades para cambiar la actual situación, a que alcancen los consensos y adopten los procedimientos necesarios para reformar nuestra Constitución en un sentido federal”. Aquí, la acción ciudadana se limita, ceteris paribus, a solicitar a la clase política la adopción de medidas para crear un nuevo diseño institucional referido escuetamente al ámbito competencial de los distintos territorios dentro del Estado.

En puridad, se trata de la misma alternativa que persigue un PSOE, que finalmente puede hacer compatibles su modelo de organización interna federal y el extremado jacobinismo que históricamente ha demostrado en su práctica política.

 Además de la de su secretario general,  merece la pena comentar dos opiniones que respecto al federalismo mantienen dos personas muy cualificadas dentro del socialismo andaluz. La presidenta de la comunidad, en nombre de “la igualdad de todos los ciudadanos” interviene para rechazar todo “federalismo asimétrico” que privilegie a unas regiones del Estado en virtud de específicos rasgos identitarios o culturales. Prefiere ir, eufemísticamente, “hacia un modelo de convivencia que nos permita diseñar un país atractivo para los próximos 30 años, que refuerce la paz y la convivencia”. (El País 19/10/2014). Otro presidente de la Junta de Andalucía, José Rodríguez de la Borbolla, invoca también al “federalismo asimétrico” para mostrar su oposición a un modelo de Estado que “llevaría como consecuencia una persistencia en la desigualdad social entre los españoles de los distintos territorios”. (Diario de Sevilla 18/10/2014). Tirando de españolismo, propone Don José, como proponía su abuelo don Pedro hace un siglo, que “hoy, en 2014, hay que seguir reivindicando España, desde Andalucía (…) porque Andalucía es la garantía del equilibrio de España”. ¡Qué duda cabe! El equilibrio de España, la viabilidad del Estado español debe mucho al papel silente que los dirigentes andaluces de todas las épocas han mostrado ante las desigualdades evidentes entre los andaluces y el resto de españoles; un silencio cómplice del que se han beneficiado, en feliz maridaje, las castas políticas y económicas españolas y andaluzas desde hace siglos. Como escribió en su día Samir Amin, “todo país desarrollado ha creado en su seno su propio país subdesarrollado”; la persistencia de esa polarización es lo que ha hecho viable España desde hace siglo y medio.

Quizás fuera ya hora de ir abandonando el papel pedigüeño que se esconde tras el temor a la asimetría de la señora Díaz y del señor Rodríguez de la Borbolla, de ir abandonando la estrategia del “subdesarrollo racional” que sirve tanto para montar clientelas como para perpetuar un modelo de capitalismo que excluye a la mayoría de los andaluces de los recursos para prosperar por sí mismos y converger con las regiones más ricas del país y de Europa.

Pero estábamos hablando de federalismo. Una perspectiva intermedia del federalismo es la que proponen, entre otros, no sin disenso, los socialistas catalanes y más nítidamente Iniciativa per Catalunya. Según su criterio, los ciudadanos catalanes deben pronunciarse en referéndum sobre el modelo de Estado que desean. Joan Herrera ha manifestado “somos consultistas (…) Yo no quiero solo la consulta para ir la independencia: la quiero para deliberar e incluso para que se mueva ficha. No hay federalismo sin consulta” (El País. 18/10/2014). Interpreto que, desde su punto de vista, la consulta a los ciudadanos catalanes clarificaría posiciones; haría visibles a los que hoy se sienten apocados por la marea cuatribarrada; se sabría qué parte de la población sostiene la alternativa soberanista y qué parte no. Más o menos dividida la sociedad catalana en dos mitades, los “consultistas” esperan que con la clarificación se impondría una tercera vía que evitara el famoso choque de trenes, no solo de Cataluña con España, sino de los catalanes entre sí. Desconcierta, sin embargo, que fuerzas políticas de izquierdas como Iniciativa o la CUP se hayan embarcado con tanta pasión en una campaña sobre derechos territoriales y no hayan reivindicado con el mismo ahínco que se incluyeran en el refrendo otras preguntas como, por ejemplo, sobre la titularidad de la banca, de los monopolios energéticos o sobre la legitimidad de la deuda.

La tercera forma de entender el federalismo es la que hace honor a la tradición republicana española; en concreto, a aquella opción pimargalliana que defendía la construcción del  federalismo a partir de libres acuerdos de ciudadanos a partir de una base local, municipal. Sería un federalismo de abajo arriba, construido por gentes libres sin que las vísceras  territoriales asomen para enturbiar su voluntad de asumir protagonismo político y económico.

Hoy, en Andalucía, tres fuerzas políticas podrían representar, no sin reparos, aquella tradición. Una, Izquierda Unida vive una especie de esquizofrenia entre el posibilismo al que se obliga como parte del gobierno y una voluntad que le lleva un poco acríticamente a converger con nuevas plataformas políticas. Podemos identifica saludablemente la patria con la gente, pero no se decide a hacer municipalismo en solitario por no dejar la marca en manos de advenedizos. La otra, Ganemos, sí tiene esa voluntad municipalista pero adolece, a mi juicio, de dos limitaciones: una; no contempla en sus objetivos  una estrategia federativa a medio plazo, con lo cual podría hacer el caldo gordo a esos nacionalismos de la señorita pepis que son los localismos; otra, que en aras de la pureza ciudadana y del afán “consultista”, puede desembocar en modelos de organización invisibles y en la confección de programas post-modernos o cosméticos.

Puestos los tres federalismos sobre el tapete, solo el que se construye de abajo arriba reúne  los requisitos para llamarse como tal. Se diría que se trata de una alternativa decimonónica, y así es. La única forma de afrontar la agresión de “los mercados”, de los grandes lobbies financieros, de los chantajes emocionales bajo cualquier bandera, es que los ciudadanos asuman individual y colectivamente la responsabilidad de tomar las riendas políticas, económicas y culturales del propio futuro. Se trataría pues de recuperar el concepto de “nación” en el sentido originario y noble de la palabra.

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