Federalismo, sí

Mapa de España de 1960. Foto flickr: Joanjo Aguar Matoses

Por Javier ARISTU

Tengo que reconocer que no me hallo cómodo en los debates “identitarios”: me parecen, literalmente, una mejunje intelectual o, por ser más finos, un engañabobos. Ese tipo de marcos de discusión y acción —el de las identidades, señas nacionales, banderas, escudos, himnos y demás abalorios— ya sabemos que ha servido para, precisamente, ocultar o eliminar de las preocupaciones de la gente los verdaderos problemas que, creo que estaremos de acuerdo, son los que afectan a la vida material y diaria de la gente. No me seducen nada —nunca me sedujeron, para ser más exactos— los discursos que se basan en un pretendido expolio de una nación por otra; a decir verdad, sólo me han convencido los ejemplos históricos que mostraron, esto sí es verdad, la esclavitud que una elite nacional practicaba contra todo un pueblo: los de la India por el Reino Unido, por ejemplo, o los territorios bajo dominio colonial europeo en África (el Congo, emblemático), o el Vietnam francés… y tantos más que han pintado de sangre y sufrimiento la historia mundial de los siglos XIX y primera mitad del XX. Podríamos hablar en estos días de Gaza (Palestina, no lo olvidemos) y el sometimiento injusto y brutal al que la somete el estado de Israel. Son casos evidentes de un expolio integral del patrimonio, los recursos y la vida de un pueblo. Los que se refieren a los casos de Escocia, de Cataluña, como de otros territorios y sociedades europeas, son de otro tipo, nada que ver con el clásico capítulo de los “expolios de naciones”. Por cierto, si el lector quiere leer o escuchar (en inglés) un discurso histórico sobre la independencia de las naciones, vaya, oiga y lea el que Gordon Brown, antiguo premier británico, dio en Glasgow un día antes del referéndum escocés.

Pero decir esto no puede excusarnos de declarar un hecho: un porcentaje muy sólido e importante de la sociedad catalana (¿mayoría aritmética, minoría considerable, porcentaje decisivo?, es igual) apuesta en estos momentos por dos cosas: 1)  según los sondeos, desea someter a votación democrática entre todos los catalanes qué camino tomar en relación con España; 2) un porcentaje considerable estaría, al parecer, por el camino de la independencia. Y eso, en estos momentos, ya no puede ser dejado al debate político entre los partidos, en los ámbitos parlamentarios respectivos. Da la impresión de que hemos llegado a un momento en que habrá que votar o… habrá que votar. No se vislumbra otra alternativa posible que surja del diálogo interpartidario y que pueda eliminar del tablero de juego la opción de la decisión popular. Matizo: hay que recuperar el diálogo social y político —entre partidos españoles y entre estos y los partidos catalanes— pero sobre un terreno nuevo que solamente puede pasar a través de un replanteamiento del encaje de Cataluña en el estado, lo cual no es posible ya sino a través de un proceso de decisión popular donde vote todo el cuerpo electoral. En dos palabras: no sirve ya ni la camisa del estatuto catalán actual (enmendado y anulado en partes sustantivas por el TC en 2010), ni el traje de la actual Constitución con su modelo autonómico. Subrayo las palabras recientemente escritas por Javier Pérez Royo (El País, 4 de octubre): «España y Cataluña tienen que reconstituirse políticamente. Con el binomio Constitución/Estatuto, tal como están, ni España ni Cataluña pueden ser gobernadas. Se trata de una operación que únicamente puede ser realizada por órganos de naturaleza política legitimados democráticamente de manera directa, en la que no tiene cabida el Tribunal Constitucional». Sólo es posible atisbar una solución medianamente viable a través de un complicado, sinuoso, trabajoso pero indispensable proceso de modificación de la Constitución. Sabemos que el PP no está por la labor; sabemos que los partidos catalanes en su mayoría no quieren ni oír hablar de ese camino. Y sin  embargo ese es el único capaz de dotar de racionalidad y estabilidad al futuro del estado y, por ende, a la sociedad española en su conjunto. Modificación constitucional que supondrá necesariamente posterior decisión o refrendo del cuerpo electoral.

Me parece, en consecuencia, que los ciudadanos que no estamos ni con las posiciones de cerrazón del PP y del gobierno de Madrid ni con la dinámica encabezada por el gobierno de la Generalitat y sus aliados tenemos que decir y actuar con otros planteamientos y con otras cartas. Se me ocurren dos muy importantes para los próximos meses: extender y popularizar la opción de una España federal, que no es strictu sensu la actual España de las Autonomías y donde una nueva planta constitucional será necesaria, y, en segundo lugar pero no menos importante, plantearse las próximas elecciones generales de 2015 o 2016 como elecciones decisivas donde se dé la mayoría parlamentaria en el Estado a aquellos partidos capaces de sacar adelante una nueva relación y actitud con Cataluña, planteando la recíproca a esta última. En relación con la primera existen ya dos iniciativas, una en Cataluña desde hace dos años, Federalistes d’Esquerre, y otra recién nacida en el conjunto de España, Una España federal en una Europa federal, que merece la pena conocer, extender, difundir y apoyar. Respecto de la segunda tarea, habrá que hacer los esfuerzos necesarios a fin de conseguir que las actuales fuerzas políticas que no se sienten ligadas al proyecto del PP y están por una superación positiva del actual bloqueo consigan una mayoría parlamentaria capaz de diluirlo. Difícil pero necesario.

En ambos procesos Andalucía es decisiva. Creo que, por eso, también en esta Comunidad autónoma hay que superar los tics de épocas pasadas y comenzar, desde ahí, una nueva ruta teniendo como horizonte el federal; lo cual significa replantearse las relaciones de Andalucía respecto a Cataluña (o cualquier otro territorio) no desde la óptica de la emulación, la comparación o la rivalidad sino desde la solidaridad y el respeto a la diferencia. Un modelo de estado federal significa, por supuesto, equidad de derechos y servicios, pero también señala el derecho a la diferencia que, es en cierto sentido, lo contrario a una igualdad de gemelos. A riesgo de ser incomprendido o malinterpretado: hay que superar el debate del art. 151, por el que Andalucía conquistó su derecho a una “Autonomía de primer rango”, como los catalanes, vascos y gallegos, para proyectar uno nuevo, el de ser avanzadilla de un nuevo discurso, el de la construcción federal, desde abajo, cooperativa, solidaria, capaz de construir un Estado resultado de la aportación de sus respectivos territorios y no, a la inversa, una Autonomía concesión de ese Estado centralista. Como escribía hace poco Ángel Duarte en este mismo blog: «Las limitaciones de un modelo autonómico en el que la capacidad de gestión y decisión de las regiones y nacionalidades –en rigor, muy elevada en términos comparativos- no se ha visto complementada por una paralela “conquista del Estado”, si se me permite la expresión, por parte de los territorios que la integran». Lo cual supone, especialmente, replantearnos nuestra forma de ser y estar como Comunidad autónoma, revisar las relaciones de clase implícitas en su interior, criticar de forma constructiva los procesos de hegemonía y de gobierno que han dirigido esta sociedad desde 1982. Es necesario, por tanto, acometer un doble proceso que por un lado sea capaz de cambiar las instituciones sociales, económicas y políticas que se fueron gestando desde los años 80 del pasado siglo (muy especialmente desde una letal confluencia de todos los gobiernos andaluces con los intereses de una incombustible casta económica y social andaluza) y que han producido los decepcionantes resultados actuales; y, por otro lado, que sitúe la superación del sistema autonómico actual hacia la construcción de un nuevo entramado territorial y social federal.

Son jornadas de años, de muchos años; pero que hay que empezar a caminar si Andalucía no quiere quedarse en la cuneta y, sobre todo, si quiere que catalanes y otros sigan perteneciendo al mismo proyecto.