Juguete del viento

Foto Flickr por efradera

Por Javier ARISTU

Nada confía el marinero, a la hora del miedo,

en las pintadas popas. Mantente en guardia,

si es que no quieres ser juguete del viento.

Tú, que fuiste inquietudes para mí

y eres ahora deseo y cuidado no leve,

evita el mar, el mar que baña

las Cícladas brillantes.

Horacio (siglo I a.C)

Cuanto más se concentra y repite un  contenido político más fácil es atacarlo y destruirlo para construir uno nuevo. De un tiempo a esta parte se ha venido desarrollando, especialmente por parte del sector de la izquierda española relacionado con IU y, posteriormente, con Podemos, la tesis de que el origen de los actuales males reside en la dichosa transición española. Y por transición se entiende: la monarquía como forma del estado, la Constitución de 1978, y la “clase política o casta” surgida de aquellos años. Aquel proceso, difícil, correoso, complicado y reflejo de la correlación de fuerzas existente en aquel momento, se saldó —según estos comentaristas políticos que constituyen la dirección de los partidos de la llamada izquierda alternativa — con un fracaso que ha dado como resultado: un país desigual, injusto; una clase política corrupta, que se beneficia en su generalidad del poder que tiene; y una monarquía corrompida, despótica y fuera del control judicial. Llegan a decir: no queremos ser súbditos sino ciudadanos, olvidando que la Constitución les da precisamente a ellos la capacidad de ser soberanos (“La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”).

 ¿Fue tan importante y decisivo el proceso de transición como para hacer posible un periodo de  cuarenta años considerado por estos grupos del sistema político como un continuo inmutable, y donde no se hace distinción entre los diferentes gobiernos y las distintas etapas de este casi medio siglo de historia? ¿Cómo es que no se ha podido modificar este sistema en estas cuatro décadas, si tan corrupto y desastroso ha sido? ¿Tan atado y bien atado lo dejaron aquellos redactores de la Constitución de 1978 que, no por casualidad, representaban a un espectro social de más de 25 millones de españoles? Si tan negativa fue la transición, ¿por qué que no ha podido ser cambiada la correlación de fuerzas y se ha provocado un cambio político de fondo? ¿No será, al contrario, que aquella Constitución reflejó muy bien en aquel momento las necesidades y demandas del conjunto del pueblo español —incluidos el catalán, el gallego, el andaluz y no tanto el vasco— y fue capaz de ofrecer un marco de convivencia pacífica y democrática a todos los españoles? Cuarenta años con elecciones democráticas (diez legislaturas, con innumerables gobiernos, surgidos siempre de las urnas, cosa que no se había conseguido nunca hasta ahora en la historia española) es la prueba de que aquella Constitución valió la pena.

Lo que tenemos hoy no es, por tanto, un problema que debamos achacar a la transición ni a la Constitución. Los “padres fundadores” —la mayoría de ellos fue devorada por la vorágine y rapidez de los cambios políticos de esos cortos años— sólo plantaron las bases, sólidas en el principio fundamental de convivencia pacífica y  democracia política, aunque inestables —lo estamos viendo ahora— en relación con la forma de estado y el modelo territorial. El problema lo tenemos hoy por dos razones achacables a los gobiernos, no a la Carta magna: Una: la restauración de una derecha política hegemónica (PP), muy ligada a los núcleos franquistas de poder económico y social, que apartó y desplazó de la dirección del país al centroderecha (UCD), precisamente el que dirigió y hegemonizó la transición; esta derecha (Fraga y Aznar) se convirtió desde principio de los años 90 del pasado siglo en la única formación representativa del conservadurismo nacional a la vez que del neoliberalismo social y económico. Dos: el PSOE, partido hegemónico y en gran medida dominante del progresismo español durante un largo periodo ha pasado de tener un proyecto nacional y unitario de país —a través de un estado autonómico que no impedía el sentido de la unidad— a ser un conglomerado de equipos políticos que piensan solo en el marco de su territorio, e incapaz de ofrecer una propuesta consistente y alternativa al modelo liberal de economía y de sociedad que dirige el PP. La responsable del actual desaguisado no es por tanto la transición, un trayecto que duró 7 escasos años (1974-1981), sino todo el trayecto posterior de los treinta años desarrollado a través de los gobiernos de Felipe González (1982-1996), los dos de Aznar (1996-2004) los dos de Rodríguez Zapatero (2004-2011) y el actual de Rajoy, nombrado en 2012. Además de una crisis económica, industrial, social y cultural de las que hacen época.

La Constitución no es el origen del paro, de la crisis económica, de las preferentes, del hundimiento de las cajas de ahorro, del terrorismo, del fracaso educativo, de la corrupción de Gürtel, de la bajada de salarios y de las pensiones, y de tantas cosas más. No es ni siquiera la causa de que una mayoría de catalanes se sientan fuera de España (hasta ahora habían vivido perfectamente integrados y disfrutaban de un diferencial a su favor respecto a las demás comunidades). Como tampoco lo es de que ETA haya dejado de matar y esté consumida, ni de que España entrara en la Unión Europea. Bueno, no, a lo mejor es verdad que nuestra Constitución de 1978 fue decisiva para que este país pudiera entrar en aquella Europa que hasta entonces nos había impedido el paso.

¿Hay que modificar la Constitución? Sin duda; es más, es necesario y urgente en algunos aspectos, sobre todo el del Título VIII, la organización territorial del estado, y, más aún, el del encaje de ese estado con Europa. Hay otros retoques más o menos profundos que hacer. ¿Se quiere empezar por el Título II, el de la Corona? No me voy a asustar de una España republicana, faltaría más, pero calculemos bien las fuerzas, los ritmos, los objetivos y el resultado de esa batalla porque, como dice mi buen amigo y colega bloguero José Luis López Bulla, “el delenda est monarchia no se construye de manera atropellada” y, yo diría, desde un solo partido, por muy audaz y decidido que este sea.

A buen entendedor pocas palabras bastan: demos los palos que correspondan a la Constitución, sí, pero reconozcamos el mérito de aquello que la mantiene todavía válida como marco de convivencia, esperemos, para muchas décadas. Y demos los palos que correspondan a la interpretación sesgada, manipuladora, estrecha e interesada por parte de unos y otros, sabiendo que ni la corrupción, ni el mal gobierno, ni los recortes, ni los hombres de negro, ni el paro, ni los malos jueces, ni la expulsión del juez Garzón, ni los golfos de Gürtel tienen que ver con la Constitución: la tienen con una manera de entender la vida de un país y de una sociedad, con unas leyes que, surgidas de esa Constitución, podían ser de otra forma e interpretadas y aplicadas de otra manera, con un poder judicial que valora según su interés corporativo aquella Constitución, con unos políticos que, olvidados y huidos de la realidad, se han dedicado a cualquier cosa menos a hacer política con palabras mayúsculas (salvo honrosas excepciones que ahora no recuerdo). Cambiemos la realidad y dejemos a la Constitución sin tocarla mucho, que se puede venir abajo. Y a ver entonces quién es el guapo o la guapa capaz de construir un marco de convivencia para 45 millones de personas, tan distintas y diversas ellas, y para medio siglo de vigencia. Dudo que estemos ante las circunstancias y el talante político de aquella transición que ha hecho posible la más prolongada época de convivencia pacífica española.