Pobreza energética y miseria política

Foto: Jorge Franganillo (Flickr)

Por Juan MORENO

Con el tira y afloja de la subida de la electricidad y la polémica sobre cuanto va a repercutir en el recibo de la luz nos hemos echado encima, y casi dejado pasar, el invierno sin que se haya puesto sobre la agenda política y social la gravedad de quienes no pueden pagar luz o gas, con independencia de que suba más o menos.

 En España, pese a la destrucción masiva de empleo, ni siquiera se ha querido poner en marcha un plan de  “tregua invernal” para no interrumpir el servicio por impago durante los meses de invierno (octubre-marzo) como los que existen en otros países de la UE, como Francia, Bélgica, o los nórdicos) para las personas más vulnerables. Aquí solo en el plano regional o municipal se ha abordado el problema y no en todos los sitios.

 Aunque no sea una solución, esta y otras medidas  paliativas hubieran evitado  que muchas familias cayeran en la exclusión social. En el vértice de la insensibilidad social hay que situar la decisión del Partido Popular impedir que saliera adelante, en el Parlamento nacional, una iniciativa de Izquierda Unida para que no se le cortase la luz, el agua o el gas a quienes no puedan pagarlo durante el invierno.

Por el contrario en el ámbito europeo se ha abierto el debate para introducir la pobreza energética en la agenda de la UE.  El pasado día 7 de febrero se presentó en España el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (CESE) “Por una acción concertada para prevenir y combatir la pobreza energética” del cual fue ponente el sindicalista francés Pierre-Jean Coulon (de la Confederación Francesa de Trabajadores Cristianos, CFTC) y coponente Bernardo Hernández Bataller, secretario general de la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC). El acto, realizado en Madrid, estuvo enmarcado en una Mesa Redonda organizada por la Oficina de la UE en España y presidido por su director Francisco Fonseca.

En este dictamen, aprobado en septiembre, se hacen propuestas importantes al Consejo Europeo, a la Comisión y a los gobiernos de los Estados miembros, encaminadas a resolver, o al menos aliviar, la situación a la que se ven abocadas cerca de sesenta millones de personas en Europa, con graves dificultades para acceder a un consumo básico de energía.

Entre los fundamentos del dictamen se señalan las subidas de los precios de electricidad, gas, petróleo y de otros combustibles, que en mayor o menor medida se han disparado en todos los países creando serías dificultades de pago en los trabajadores con bajos ingresos o desempleados. Hasta ahora no existen indicadores ni definición de “pobreza energética” en el ámbito de la UE y solo recomendaciones a los estados miembros para que garanticen “una protección adecuada de los clientes vulnerables”.

Por ello el CESE (órgano consultivo de la UE) considera urgente que se establezca un Compromiso Europeo de Seguridad y Solidaridad Energética y en ese marco la creación de un Observatorio Europeo y un Fondo Europeo específicamente dedicados a la erradicación de la pobreza energética. El ponente Coulon defendió el establecimiento de una tasa energética con ese objetivo y el coponente Hernández Bataller abogó por la inclusión de una referencia en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE para que sea posible una legislación europea vinculante.

Ante la cercanía e importancia de las próximas elecciones europeas, convendría poner en primera línea de la campaña el balance de lo que han hecho los diferentes grupos  y cada diputado en concreto, en las cuestiones  como esta, o las de la renta básica, la sanidad o el empleo, que afectan de verdad a millones de personas. Naturalmente que, en lugar de criticar a la UE por las mal llamadas políticas de austeridad, los partidos euroescépticos, los xenófobos y los nacionalistas, preferirán que se hable de expulsar inmigrantes o de  reducir el “poder de Bruselas” o de identitarismos varios.

Juan MORENO es Consejero del Comité Económico y Social Europeo en representación de CCOO.

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