Aborto: la regresión española

777455_1Por Le Monde (editorial)

El proyecto de ley sobre la interrupción del embarazo presentado por el ministro Ruiz Gallardón ha agitado las conciencias no sólo españolas sino en toda Europa. Una gran mayoría de la prensa, de pensadores y exponentes de la opinión pública han reaccionado con firmeza ante la agresión que el ministro Ruiz Gallardón y todo el gobierno de Rajoy han cometido contra la libertad de la mujer. Como exponente de la importancia que en Europa se da a esta decisión, auténtica regresión en los derechos fundamentales y símbolo de la concepción ideológica de este gobierno y del partido que lo sustenta, traducimos el editorial que el periódico Le Monde ha publicado el pasado día 30. Que el año 2014 sea en el que podamos asistir a la derrota de esta auténtica contrarrevolución ética e ideológica.

Hubo un tiempo en el que España mostraba el camino en el tema de los derechos de la mujer. El socialista José Luis Rodríguez Zapatero innovó poniendo en práctica, en 2004, una verdadera paridad en el gobierno. De esta forma, en Madrid se concibió y aplicó una de las políticas más progresistas de Europa en la lucha contra la plaga de la violencia conyugal.

Desgraciadamente, la dinámica se ha invertido. Si España reivindica hoy un papel pionero en relación con los derechos de la mujer es en sentido regresivo. El gobierno conservador de Mariano Rajoy está a punto de producir un viraje de 180 grados en relación con el aborto. El anteproyecto de  Ley de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada presentado en consejo de ministros poco antes de Navidad suprime pura y simplemente el derecho de la mujer a decidir libremente acerca de la interrupción de su embarazo. Este derecho, consagrado por una ley que entró en vigor en 2010, que autorizaba el aborto sin condiciones hasta la catorceava semana de embarazo, había liberalizado de manera considerable la legislación postfranquista de 1985.

El nuevo texto, propuesto por el ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón, y que pronto será sometido a debate en el Parlamento, es más restrictivo aún que el de 1985. Sólo autoriza el aborto en dos supuestos: si ha existido violación y si la salud física o psíquica de la madre está amenazada «de manera importante o duradera». Este riesgo deberá ser certificado por dos médicos diferentes, ajenos al centro donde deberá ser practicado el aborto. La ley de 1985 permitía el aborto en caso de malformación del feto, lo que no está previsto ya en el actual proyecto de ley. «No se puede dejar la vida del feto depender exclusivamente de la decisión de la madre», ha afirmado Ruiz Gallardón.

Rajoy había prometido en la campaña electoral revisar la ley electoral de 2010, muy criticada por el episcopado español y la derecha conservadora, pero no había avisado de que fuera tan radical. Esta iniciativa no se basa en ninguna justificación de salud pública, dado que el número de interrupciones del embarazo en España ha descendido en 2012. Las motivaciones del ministro de justicia son, en realidad, de orden ideológico: Ruiz Gallardón declara «haber terminado con el mito de la superioridad moral de la izquierda» y quiere ahora llevar su cruzada antiaborto hasta el Parlamento europeo.

El gobierno español va, en este asunto, a contracorriente. Veinte de los veintiocho estados de la Unión europea reconocen el derecho de la mujer a decidir libremente sobre su embarazo en las primeras doce o catorce semanas. Seis lo acompañan de condiciones; sólo dos, Malta e Irlanda, prohíben el aborto. Este derecho, adquirido tras dura lucha por las mujeres como reconocimiento de su libertad para disponer de su cuerpo, es un derecho fundamental. Rajoy comete un grave error al convertirlo en instrumento de reconquista ideológica.

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Traducción de J. Aristu

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