Veinte años de concertación social

Junta-CEA-Acuerdo-Empleo-presupuestos_EDIIMA20130320_0514_13Por Carlos ARENAS POSADAS

Concertación social es sinónimo de corporativismo; si corrientemente usamos aquella expresión y no esta se debe a que la palabra corporativismo suena mal, tiene mala fama: nos recuerda a dictaduras, a intereses estrechos de un colectivo económico y social. En realidad corporativismo es un modelo de gobernanza que suele aparecer en momentos en los que el sistema capitalista se halla en fases de desconcierto en los que necesita consenso para iniciar un nuevo modelo de acumulación de capital. Mediante una transacción corporativa las clases dominantes mantienen el control del sistema económico y político a cambio de ofrecer a sus rivales, especialmente a los trabajadores y a sus organizaciones, una serie de mejoras económicas y una capacidad de interlocución  previamente inexistente.  Cuando ese tránsito se ha efectuado, menguan las ganancias y aparece la fase recesiva, el ánimo corporativo desaparece, la guerra de clases desde arriba se reanuda  con bríos para arrebatar lo concedido y derrotar al rival de clase.

Los pactos de la Moncloa y los sucesivos acuerdos tripartitos de gobierno, patronal y sindicatos hasta 1986 encajan en el modelo interpretativo antedicho. Con aquella transacción el capitalismo español hizo su transición a un modelo homologable con Europa, garantizó ganancias de productividad por la vía del desempleo masivo, la competitividad mediante políticas de rentas, etc.; los trabajadores ganaron la democracia, la libertad sindical y un incremento del gasto público dedicado al bienestar social. La huelga general del 14 de diciembre de 1988 representó el fin del consenso; fue la huelga del “desencanto”. Los sindicatos reprochaban al gobierno de Felipe González el  haber desarrollado la parte del pacto que convenía al empresariado pero olvidarse, una vez consolidada la democracia, hecha la reconversión y superada la crisis, de la “deuda social”, de los sacrificios realizados por los trabajadores en forma de más desempleo, precariedad laboral crecía y pérdida del poder adquisitivo de los salarios.

Desde 1986 a 1995 fueron años de ruptura de la concertación social o del pacto corporativo en España. No en todas partes. En Andalucía, en 1993, se firmó el I Acuerdo de Concertación Social entre el gobierno de la Junta, UGT y la patronal CEA. Desde entonces hasta 2012 se firmarán seis más, ya con  la participación añadida de Comisiones Obreras. En todos los acuerdos firmados los asuntos prioritarios fueron la solución del problema del desempleo masivo, un cambio en el modelo productivo y, como consecuencia del mismo, la superación del atraso relativo económico y social de Andalucía.

Veinte años después, siendo los interlocutores los mismos en este largo periodo, no se puede decir que el balance sea satisfactorio; lo que resalta ante la opinión pública es que lo único conseguido en este período de corporativismo a la andaluza ha sido un “intercambio político” que ha favorecido a las entidades participantes en la concertación: al menos hasta 2012, el PSOE ha podido seguir ampliando su clientela; la patronal y los sindicatos han ensanchado sus estructuras. Por el contrario, el paro nunca ha bajado del quince por ciento en estos años y la convergencia económica y social con la media española, y no digamos con las regiones más ricas, se estancó o incluso ha retrocedido. ¿Por qué?

Podemos echar balones fuera. Las directrices económicas venían de Bruselas y se han aplicado sin rechistar que para eso recibíamos ayudas por ser región Objetivo 1.  Otras directrices económicas han sido impuestas por “los mercados” a través de sus testaferros situados en los gobiernos de Madrid.

Creo más bien que las causas del fracaso se encuentran dentro y no fuera. El corporativismo a la andaluza ha servido en estos años para apuntalar un tipo de capitalismo que estaba en crisis en los años setenta y ochenta, que recibió una importante contestación social en los años de la transición, y que después de veinte años, con la crisis actual, ya no necesita compromisos corporativos. Se trata de un capitalismo que se ha “modernizado” (ha cambiado el cortijo por la inmobiliaria) pero sigue sustentándose sobre el ejército de reserva de mano de obra, sobre más del 30 por ciento de parados y un porcentaje aún mayor de trabajadores precarios. Si no ha sido posible arreglar el problema del desempleo y de la precariedad en veinte años de concertación es porque el desempleo y la precariedad es la pieza fundamental del engranaje del beneficio empresarial en Andalucía.

La concertación social en Andalucía está en crisis; las empresas, la derecha y los medios a su servicio la abominan porque son un  estorbo en la ampliación del margen de beneficios; por esta causa y por razones objetivas, los agentes sociales son el centro de todas las miradas. Desde posiciones de izquierdas, está claro que no se puede sostener un modelo de concertación social que apuntala un modelo productivo, un modelo de capitalismo absolutamente incapaz de sacarnos de la mediocridad y de la dependencia de un subsidio pronto a extinguirse.

¿Damos por inválida entonces la concertación social? No necesariamente; no, si  se encuentran interlocutores empresariales dispuestos a cambiar de verdad el modelo que nos ha traído hasta aquí. ¿Dónde están? Necesitamos un gobierno que abomine de una vez por todas de los buscadores de rentas y que encuentre, organice y empodere a esos empresarios dispuestos a innovar, crear riqueza y empleo. Necesitamos también que los sindicatos recuperen fuerza y credibilidad, reflexionen, hagan autocrítica y se piensen mucho  qué compañeros de viaje eligen la próxima vez.

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