Leyes educativas

young priest is praying against dark backgroundPor Javier ARISTU

Me anima a tratar este asunto la lectura de dos artículos aparecidos recientemente acerca de la educación. Uno, de Gabriela Cañas en El País (Educación política); el otro, publicado en este blog por Carlos Arenas, nuestro colaborador e historiador andaluz, titulado Conciertos. Ambos tratan desde diversas perspectivas y preocupaciones el serio y estructural problema de la educación en España.

La periodista Gabriela Cañas se pregunta en su reflexión cómo es posible que en los 35 años de vigencia de la Constitución se haya podido consensuar los grandes aspectos del entramado institucional y político del estado y nunca, repito, nunca, se ha pactado o consensuado por los dos grande partidos (PSOE y PP) las leyes básicas de educación. En diversas etapas de nuestra historia democrática, sea con gobiernos del PSOE (Felipe González, Rodríguez Zapatero) sea con gobiernos del PP (Aznar y Rajoy), hemos asistido a acuerdos entre ambos partidos relativos a justicia, interior, política antiterrorista, economía (¡sobre todo, economía!), desarrollo autonómico (Loapa y demás desarrollos de finaciación autonómica ), y un sinfín de lo que entendemos de manera general como “política de estado”. Jamás se ha pactado ninguna propuesta relacionada con la educación; jamás ninguna Ley orgánica educativa ha contado, como dice Gabriela Cañas, con la mayoría de los tres quintos del Congreso. De esa manera se produce la paradoja de que habría sido posible modificar la Constitución con esa mayoría de tres quintos (de hecho ya lo ha sido en el art. 135) pero no acordar ninguna ley orgánica de la educación.

¿A qué se debe esta anomalía? ¿Por qué esta incapacidad de la política de acordar el marco político de la enseñanza en España? Si en los momentos de mayor tensión entre ambos partidos se fue capaz, tardíamente a veces y casi con fórceps, de pactar asuntos de estado ¿cómo es posible que en 35 años no se haya alcanzado nunca un marco de estado en educación consensuado entre PP y PSOE y hayamos asistido al permanente baile de leyes distintas según gobierne uno u otro?

Una posible respuesta: a lo mejor el problema para esa solución no está en cámara legislativa sino en otros lugares. Me explico. Me cuesta trabajo pensar que los diputados y políticos del PP y del PSOE sean capaces de alcanzar acuerdos en Justicia, por ejemplo, pero incapaces en Educación. Las matemáticas son matemáticas, la enseñanza de lengua es lo mismo en la derecha que en la izquierda, la filosofía, incluso, hoy la puede impartir muy bien un profesor de derecha que uno de izquierda (Platón no es Aristóteles, la materia y el espíritu son eso, materia y espíritu)… El problema no está dentro de las escuelas ni en las aulas de un instituto. No está en la parlamento: ¡está en la iglesia!

Cuando la transición caminaba por aquellos vericuetos donde un día una banda fascista asesinaba a unos abogados y otro día el ministro Martín Villa encerraba en la comisaría a unos dirigentes de la oposición comenzó a plantearse el asunto de la educación que hoy nos trae aquí. No se planteó antes porque, sencillamente, en la dictadura, no había cuestión educativa, como no había cuestión democrática. A partir de 1976 y desde los partidos de izquierda y sindicatos de clase se comenzó a ver cómo plantear el asunto de la enseñanza en el futuro democrático. Recuerdo asambleas multitudinarias en escuelas de magisterio donde cientos de maestros y profesores reclamábamos “Enseñanza democrática, laica y pública”. Fue la época donde los resultados de la LGE (de 1971, en los finales del franquismo) comenzaban a manifestarse en forma de enseñanza para todos los españoles, (no olvidemos que fue con la ley Villar Palasí de aquel año de 1971 cuando la enseñanza fue universal y gratuita de los 6 a los 14 años) pero también de carencias de estructuras (Carlos Arenas lo resalta muy bien en su artículo) y reformas pedagógicas (hablábamos de una Nueva Escuela Pública donde la democracia y la reforma de métodos pedagógicos —Freinet, Suchodolsky, recuperación de Giner y la ILE y tantos más estaban a la par).

Mi primera experiencia de choque de las dos grandes corrientes sociopolíticas en la enseñanza se produjo en una asamblea de enseñantes en Granada, en 1976, organizada por los Colegios de Doctores y Licenciados de Andalucía, cuyas juntas directivas entonces estaban copadas por miembros de partidos de la izquierda, todavía ilegales. En aquella asamblea noté por primera vez, insisto, la fuerza y la resistencia de los sectores de la enseñanza católica a modificar el estatus. De pasar toda una dictadura franquista dominando el sistema educativo, hasta 1971 no obligatorio y no universal, pasaron a reivindicar una “libertad de enseñanza” que, paradojas de la historia, de ser emblema y enseña del liberalismo democrático y progresista español del siglo XIX y principios del XX pasó a identificar la defensa de los privilegios de la enseñanza católica. Una vez más, la iglesia católica se apropiaba, tardíamente, de lo que había sido seña de identidad del bando contrario. Lo mismo había ocurrido con “la nación española”, que de ser atacada y considerada el mal universal frente a la monarquía, pasó a ser la coraza donde se acogió todo el reaccionarismo español del XIX en adelante (Álvarez Junco). Frente a la demanda de una “escuela pública de calidad” se alzó por parte de la iglesia católica y sus organizaciones educativas la de “libertad de enseñanza” que no escondía sino un privilegio de clase y un afán de extracción de plusvalías sociales.

Y así llegamos en 1978 al pacto constitucional con el artº 27 donde se ve de forma nítida cómo estaban las cosas en aquel momento. Hay para todos los gustos. La derecha católica se quedaba tranquila al incluir en la CE lo que deseaba: Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza [27.1]; Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones [27.3]; Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales. [27.6]; Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca [27.9]  Por otro lado, la representación de un nuevo modelo de sociedad democrática y pluralista lograba introducir los fundamentos de una enseñanza moderna, superadora del clasismo: La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales [27.2]; Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes [27.5]; Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca [27.7]. Aquel artº 27 es ni más ni menos que resultado de un pacto constituyente y educativo entre la derecha de toda la vida y la izquierda impotente de conseguir cambiar las cosas como hubiera deseado. Ni más ni menos.

¿Era aquella UCD de Adolfo Suárez la que protagonizó la confrontación con la izquierda a propósito del pacto educativo constituyente? Aparentemente. Quien de verdad estuvo detrás de las principales inclusiones arriba citadas fueron la jerarquía de la iglesia, la nunciatura de Roma, y muy especialmente las organizaciones que articulaban el conglomerado y red de centros católicos (FERE y otras). Un auténtico poder social que fue el que impuso a la UCD la línea a seguir.

Y así estamos. Si dependiera sólo de la instancia política, de partido y de sus intereses, la firma de un pacto educativo en 2013, y en años anteriores, se habría conseguido ya. No se consigue porque, conforme han ido pasando los años, el sector de la derecha social católica se ha ido reforzando, ha ido adquiriendo más poder y presencia y presiona a fin de conseguir más. La educación y el aborto son su núcleo duro programático.  La iglesia católica española y toda su difusa y poderosa red de cobertura social es el verdadero poder y considera la educación como la palanca no tanto económica —que también— como de influencia cultural para seguir dirigiendo los destinos de España. A pesar de todas las modernizaciones económicas y sociales estamos como hace cien años.

¿Se trata de abrir ahora una guerra anticlerical al viejo uso? No, simplemente se trata de conseguir la autonomía de lo político, de lograr que la política española se independice definitivamente de su espíritu eclesial y adquiera su propia personalidad. ¿Acaso una utopía? Si nos fijamos en estos últimos 35 años es evidente que más que una utopía es una quimera pero si miramos adelante acaso será posible pensar un futuro donde los diputados de sotana dejen el paso a los diputados que piensen en intereses generales y no de casta.

PD. Para entender de mejor manera todo lo que ha pasado en estos treinta años en las relaciones Estado-Iglesia es muy recomendable la lectura del artículo de los historiadores Ángeles González y Ángel Duarte La Spagna cattolica e l’altra. Laicismo e neoclericalismo nella democracia (1975-2011). ¿Para cuándo la traducción al español, queridos?