Andalucía: año y medio de gestión de la izquierda

598987_433341256740161_1937689134_nPor Javier ARISTU

20 meses de gobierno de coalición, casi ya en el ecuador de la legislatura. A propósito de este dato y, también, de la segura elección de Susana Díaz como nueva secretaria general del PSOE de Andalucía —asumiendo todos los poderes ejecutivos de ese partido y de su acción institucional y convirtiéndose por tanto en referente decisivo para el resto del partido en todo el territorio español— no viene mal realizar un balance siquiera aproximativo de estos meses.

Si algo podemos decir del primer año de este gobierno, el presidido por Griñán, es de monotonía y continuidad. Las dificultades financieras y presupuestarias —no hay caja ni posibilidades de inversión— han obligado a un programa de acción tan recortado que parece inexistente.  El clima en el interior del gobierno y entre ambas formaciones políticas fue pacífico, colaborador y hasta podríamos decir meloso. Es a partir de este otoño cuando, al parecer, han comenzado a cambiar las tornas. Algunos síntomas aparecen en el horizonte.

Por primera vez desde que formaron gobiernos los dos partidos del mismo han manifestado cierta desconexión o, mejor dicho, desavenencia, a propósito de las acciones que se deben acometer. Primero fueron los roces en relación con el protagonismo de Díaz, recién investida, reunida con con los empresarios. No se ha dejado ver tanto con los sindicatos. Luego han venido las dificultades para acordar el proyecto de presupuesto 2014, rápidamente resueltas por Maíllo y la presidenta, donde una vez más se castiga a los funcionarios en sus salarios extra, las discrepancias ante la posibilidad de marcar una tasa de grandes superficies, el banco de tierras, la constitución del banco público andaluz o las acciones de la consejería de Fomento ante los desahucios y su última propuesta de un nuevo “empleo comunitario urbano” para inquilinos que no pueden pagar el alquiler.  Producido el recambio generacional,  en IU con un nuevo y joven dirigente como es Antonio Maíllo y en el PSOE con Susana Díaz, de la misma generación, situado el gobierno en el ecuador de la legislatura y con la expectativa de unas hipotéticas elecciones anticipadas tras las europeas de 2014, da toda la impresión de que,el patio de la Junta hubiera comenzado a moverse por aquello de ganar las mejores posiciones de salida.

Y sin embargo, todo hace pensar que la hipótesis de unas nuevas elecciones andaluzas no supondría cambiar de forma radical la actual correlación de fuerzas. Al contrario, las previsiones irían por una bajada del PP, un mantenimiento, si no bajada, del PSOE y una subida de IU, con lo que el gobierno de coalición tendría que compensarse en la balanza de esta última fuerza, a no ser que la irrupción de UPyD rompiera el marco. Así que todas las consejas de los viejos del lugar avisan de que más vale que los representantes de la izquierda se dejen de pequeñas querellas y acometan de veras un programa de acción lo suficientemente ambicioso, dentro de las enormes dificultades presupuestarias, financieras y políticas que rodean a cualquier gobierno en estos momentos, como para que se vea de verdad que este gobierno actúa en una dirección distinta a la de los ejecutivos de la derecha.

Se ha hablado en estos días del Acuerdo firmado por los dos partidos en mayo de 2012. O bien aquel papel era un brindis al sol o bien se ha cambiado la hoja de ruta. Convendría por tanto que ya en esta mitad de la singladura se revisara el Acuerdo, se tachara lo que se ha hecho, se actualizaran las acciones por realizar y se dijera claramente cuáles son imposibles de acometer. En definitiva, se trata de realizar una verdadera evaluación de aquel propósito, tarea que la Junta obliga a confeccionar a todos sus profesores, a sus funcionarios y responsables técnicos pero que, al parecer, ella misma como máximo gobierno no está dispuesta a hacer. La ciudadanía tiene derecho —sí, derecho, ese término que hoy se acusa al gobierno de Rajoy de pisotear— a saber cómo revisa su acción el ejecutivo, cómo remodela sus prioridades, cómo pone al día las previsiones de hace un año y medio. La actual presidenta anunció en su discurso de investidura sus prioridades. Estas fueron analizadas y estudiadas en este blog por Carlos Arenas. Convendría ahora que se compararan ambos documentos, el Acuerdo y el discurso, se establecieran los marcos de acción comunes al gobierno y se dijera claramente lo que se quiere hacer. Si no, nos tememos que estaremos asistiendo, por un lado, a la permanente actividad de la presidenta de cara a la opinión pública sobre todo lo que tiene que ver con el marco nacional de la política (Cataluña, relevo en el PSOE, crítica a Rajoy, huelgas de limpieza, Ley educativa de Wert, etc.) o bien a anecdóticas y particulares anuncios de acciones por parte de IU, eso que Francisco Carbonero, secretario general de CC.OO. de Andalucía, ha definido como “ocurrencias” (empleo comunitario en las ciudades, pago de luz y gas a los ciudadanos en situación de pobreza, etc.). No es que se le niegue el derecho a Susana Díaz de intervenir en la política española, faltaría más, ni a IU el de proponer políticas coyunturales y parciales de mejora de las condiciones de los más débiles, faltaría menos. Lo que se les pide a ambos es una acción de gobierno más sostenida, más coherente, más decidida y más global. Tienen un año para modelarla y ejecutarla, el plazo de una segunda evaluación, esta vez ya casi definitiva.

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