Reflexiones al hilo de un discurso (III)

Foto por Landahlauts
Foto por Landahlauts

Por Carlos ARENAS POSADAS

La tercera parte del discurso de la candidata a presidir el gobierno andaluz se situó en el terreno en el que mejor se mueve todo socialdemócrata: la construcción y defensa del Estado del Bienestar.

Haciendo un poco de memoria recordaremos que el Estado del Bienestar instalado tras la segunda guerra mundial en los países democráticos europeos tenía tres ejes de actuación: el papel del  Estado como impulsor de las políticas de desarrollo económico y equilibrios sociales; la persecución del pleno empleo como objetivo prioritario de todo gobierno y la universalización de los servicios públicos entre la población. Las tres actuaciones eran congruentes con un modelo de capitalismo que hacía de la demanda  agregada de la sociedad el motor de las inversiones y del desarrollo económico.

En el discurso de la señora Díaz son reconocibles esos tres ejes: las declaraciones respecto del compromiso político de su gobierno son continuas: “haremos”, “profundizaremos”, “elaboraremos”, etc. En definitiva, la Junta es “una poderosa herramienta para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y promover políticas sociales…” En el mismo sentido, me interesa destacar la alusión que hace a los trabajadores públicos. “Me consta el extraordinario esfuerzo que esos profesionales están haciendo para conseguir que, en este contexto de restricciones presupuestarias, no se resientan más de lo debido nuestras redes sanitarias, educativas, de servicios sociales y, en general, toda nuestra sistema de protección social”. De acuerdo; parece que no nos damos cuenta que nuestro mayor depósito de capital humano en Andalucía no se halla en la empresa ni en la política sino en la función pública. Una economía tan raquítica como históricamente ha sido la andaluza ha obligado a mucha gente muy bien formada a entrar a la administración para ganarse la vida. Hay que aprovechar ese caudal y hay que hacerlo erradicando el clientelismo, la corrupción y el enchufismo que desmoraliza y posterga la labor del trabajador público y, sobre todo, otorgándole la participación y autonomía necesarias en la gestión de las políticas, en la educación, en la sanidad, en las universidades, etc., con programas emulación y competencia sana entre administraciones.

 En terreno de la creación de políticas de empleo, las alusiones de la candidata son también numerosas. La Junta tratará de  “promover políticas sociales tendentes a la creación de empleo para sectores desfavorecidos” (…) También serán prioritarias las políticas de generación de empleo y de inclusión social con actuaciones dirigidas a implantar medidas desde el sector público que permitan, de una parte, reducir el número de personas desempleadas de larga duración y, de otra, paliar situaciones de emergencia que padecen los colectivos más castigados por la crisis”. Una de esas actuaciones será la de usar la capacidad de la Junta como consumidora de bienes y servicios para incluir “cláusulas sociales” en los contratos que firme, verificando su cumplimiento en las fases de adjudicación y ejecución, no ocurra como hasta ahora que el empleo creado con una subvención duraba solo el tiempo que tardaba en hacerse efectiva.

 El tercero de los ejes es el de las políticas sociales y de igualdad. Por si alguien de la Cámara no lo sabía, la candidata aclara: “Señorías, este es un Gobierno sustentado por dos formaciones de izquierda, cuya razón de ser, históricamente, es la aspiración a una mayor igualdad”, lo que viene a querer decir: el pacto con Izquierda Unida nos compromete a poner el acento en las políticas de igualdad y de cohesión social. “Para ello, me propongo incluir al cuadro de mando que utilice el Gobierno para orientar sus políticas económicas y presupuestaria un indicador sobre la desigualdad”. Ya hay indicadores que señalan que Andalucía, salvo Ceuta y Melilla, es la comunidad autónoma con mayores desniveles de renta entre sus habitantes. Para corregir las diferencias, la apuesta de la presidenta parece nítida: no se trata de paliar los negativos efectos de los recortes impuestos por el gobierno de Rajoy, se quiere ir más allá en el desarrollo del Estado del Bienestar. “Y es precisamente en el marco de lo social, en educación, en salud, en servicios sociales y dependencia, en pensiones, donde está la verdadera clave para seguir construyendo una Andalucía mejor”.

 Bien; terminada la declaración de intenciones en el capítulo de las políticas sociales, me surgen algunas dudas e inquietudes. En primer lugar, no veo que se haga  alusión alguna a la primera de las estrategias de las políticas de bienestar: el pleno empleo. Ya sé que hace décadas que reducir el desempleo por debajo del cinco por ciento no aparece en la agenda de los políticos, pero me sorprende que la presidenta ni siquiera recurra al socorrido término de las “políticas activas” y se limite a anunciar medidas benéficas para aliviar la situación de los parados de larga duración, de las personas sin recursos, etc. No digo que no sean necesarias tomar medidas en ese sentido, pero me recuerdan a la actitud del señorito en el pueblo que daba limosnas a las hermanas de la caridad para satisfacer “necesidades básicas” de los pobres cuando era él mismo el causante de la pobreza y de la exclusión social. Si a esto se va a reducir las estrategias en materia de empleo, mejor explorar soluciones como la universalización de la renta básica.

La segunda duda se presenta en forma de preguntas: ¿De dónde sale el dinero para las prestaciones sociales? ¿Haremos ingeniería financiera con presupuestos menguantes o buscaremos ingresos debajo de las piedras? Para resolver estas preguntas, creo que es bueno recordar que  el Estado del Bienestar nace como estrategia macroeconómica en una fase del capitalismo avanzado donde el primer objetivo es optimizar las potencialidades de los mercados interiores en cada país, en una época en la que la globalización es aún incipiente. Dicho de otra manera: a mediados del siglo XX, al empresario no le importaba pagar más, firmar convenios colectivos, asumir cargas fiscales y sociales porque sabía que el dinero vendría de vuelta por la vía del consumo masivo y de las ganancias de productividad. Todo eso se acabó cuando, a partir de los ochenta, la globalización nos puso en contacto directo con productos made in China. Sin embargo, el que la lógica keynesiana haya cedido ante la lógica de la competitividad y la reducción progresiva de los costes laborales y sociales no quiere decir que haya de ser enterrada aquella en todo tiempo y lugar. Una manera de salvar el Estado del Bienestar en Andalucía es articular el mercado interior mediante estrategias que fomenten la autosuficiencia alimentaria, energética, financiera, comercial, etc., porque así lo hacen las regiones más ricas de Europa. Mejorar la articulación del mercado interior andaluz, ver la manera de ligar productores y consumidores andaluces, puede contribuir a la creación de empleo estable y al sostenimiento de las políticas sociales.

            Puede barajarse otro tipo de lógicas (perfectamente compatibles con la anterior) si como parece a corto o medio plazo, el diferencial de rentas entre ricos y pobres se sigue ensanchando, si ha pasado la hora de los acuerdos sobre el reparto equitativo del producto entre capitalistas y trabajadores, si se ha desmoronado por tanto el viejo sueño socialdemócrata de repartir algo más equitativamente el producto social. En ese caso, la izquierda no tiene otra alternativa que hacer políticas conducentes a repartir el capital en todas sus modalidades: físico, humano, social y político. La verdadera política de izquierdas en Andalucía no consistiría tanto en implementar prácticas paliativas como en facilitar el acceso generalizado a los recursos.

El acceso a la tierra, la preservación del patrimonio natural, la creación de una banca que estimule con sus créditos a las pequeñas empresas, el fomento de la sociabilidad, una interlocución con sectores sociales hasta ahora vetados  o interpuestos, la profundización de la democracia a todos los niveles, etc., etc., son estrategias que van más allá de las meras propuestas “sociales”, son parte de la verdadera solución del problema andaluz que no es otro que el carácter excluyente de su capitalismo.

“Defiendo para Andalucía un verdadero modelo social, un modelo de inclusión, de solidaridad, de igualdad efectiva de derechos”. No solo de igualdad efectiva de derechos; los programas de igualdad no deben ser una parcela separada de los programas macroeconómicos. La igualdad de acceso a los recursos para aprovechar las potencialidades de todos los andaluces debe ser una prioridad tanto económica como social. “Conseguir una sociedad cada vez más igualitaria y más justa donde la igualdad de oportunidades sea clave como catalizadora del desarrollo económico”.

 Alguna medida concreta va dirigida en ese sentido como la de dotar a las pymes andaluzas del capital humano que en buena parte mediante programas de colaboración con las universidades a las que la presidenta supone “un alto grado de competencia en la formación superior de graduados” (…) Un programa que permitirá a las pymes andaluzas contar con personal altamente formado y facilitará el desarrollo de proyectos innovadores que tengan las empresas que participen, y que promoverá, también, la incorporación de investigadores al mercado de trabajo (…) Vamos a trabajar para que el talento de Andalucía, el talento formado en Andalucía, trabaje en Andalucía”. No está mal; programas de este tipo forman parte de las estrategias hacia un economía más inclusiva a la que me he referido, al tiempo que implicarían de una vez por todas a las universidades en la solución  de problemas reales, haciéndolas merecedoras de los recursos públicos que reciben no solo por su contribución a la extensión del saber sino también por su contribución al progreso general.

No obstante, y sin salir del ámbito educativo, echo en falta en el discurso alusiones a la inclusión en  el ámbito de la educación primaria y secundaria. La formación de capital humano no es un problema social sino económico. Una sociedad como la andaluza que ha sido hasta hace poco la de mayor tasa de analfabetismo y que presenta actualmente los niveles más bajos  en los informes que miden las capacidades escolares no está preparada para que pueda construirse sobre ella un nuevo modelo productivo. Las causas de este atraso son varias, desde la falta de medios a la inadecuación de los programas o de los métodos docentes, pero sobre todo ha sido la manifestación más llamativa del carácter excluyente de nuestro capitalismo. Un capitalismo intensivo en sectores que emplea trabajo poco cualificado no está interesado en financiar programas de formación más allá del que procura una formación elemental a las clases populares y asegura el estatus distinguido a las clases medias y altas. Lo inadmisible para el pensamiento de izquierdas es que esa segmentación escolar entre pobres y ricos, entre los centros públicos de los primeros y los concertados de los segundos, haya sido consolidada en las últimas décadas por gobiernos que se decían socialistas.

Los expertos dicen que el bajo nivel de renta de las familias y el ambiente social en el que se mueven los niños son, con diferencia, las principales causas del fracaso escolar. Si realmente el gobierno que presidirá doña Susana Díaz quiere ser solidario, si quiere una verdadera igualdad de oportunidades, debe compensar los diferenciales de renta y de capital relacional entre las familias, con una discriminación positiva de los centros públicos frente a los privados concertados procediendo a una transferencia de recursos desde éstos hacia aquellos. Claro que procediendo así toparíamos con la Iglesia y, como se lamenta Pedro García Ballesteros en un comentario a mis reflexiones, “eso no se toca”.

Continuará…