Necesitamos un plan

Por Francisco Javier GONZÁLEZ VÁZQUEZ

europaEl único objetivo legítimo de un plan político es (la mejora de) las condiciones de vida de la población del ámbito que se trate (municipio, autonomía, estado, unión europea, etc.). Y tales objetivos y los medios correspondientes deben estar enunciados y explicados de una forma clara e inteligible por los ciudadanos.

En vez de planes, nuestros políticos y tecnócratas nos dan recetas que esconden sus intenciones tras una jerga economicista (déficit, inflación, competitividad, austeridad, rentabilidad, sostenibilidad, flexibilidad, etc.).

Los efectos de las medidas que propugnan sobre las condiciones de vida de los ciudadanos son, para ellos, como los daños a la población civil para el militarismo moderno: efectos colaterales. Así, una reforma laboral destinada supuestamente a crear empleo resulta que aumenta el paro como consecuencia de la facilidad de despido. Así, medidas destinadas al supuesto objetivo benéfico de reducir no sé qué déficit, y cuyo supuesto ahorro no se cuantifica, tienen como efecto colateral grandes sufrimientos sociales: denegación de la sanidad a los sin papeles, recorte de becas, de ayudas a la alimentación escolar, de ayudas para dependencia, del subsidio de paro, de las pensiones… También los deshaucio son un efecto colateral del “saneamiento de la banca” (?).

Necesitamos, exigimos, planes claros, concretos y populares (en el buen sentido de la palabra) con objetivos definidos: empleo, calidad de vida, educación, sanidad, protección social, mejora de las instituciones, de las empresas, de las áreas económicas, etc. El primer punto para enderezar la situación económico – social – institucional actual (prefiero no llamarle crisis, porque eso limita arbitrariamente el ámbito temporal) es la exigencia de un plan a cada nivel. Del contenido del plan tratan los puntos siguientes.

TODOS LOS DATOS

Basta ya de recortes y otras medidas carentes de estudio y de datos (o con estudios y datos que se ocultan). Si hay una emergencia puede estar justificado que un gobierno haga recortes. Pero para ello tiene que justificar cual es el problema; los beneficios o ahorros que se pretende obtener cuantificados con datos claros, transparentes y accesibles; porqué el recorte se aplica aquí y no allá y repartir de forma equitativa los sacrificios entre todas las capas sociales.

Nada de esto se está haciendo. Estamos hartos de gobernantes encerrados en sus madrigueras tramando no se sabe qué, de conciliábulos secretistas de cuyos resultados nadie se hace responsable.

La situación actual es el resultado de las políticas y del funcionamiento económico de los últimos 20 años. Y el problema principal es un volumen enorme de deuda privada que se pretende hacer recaer sobre las espaldas de los contribuyentes, entre los cuales no se encuentran los beneficiarios de las burbujas.

La cuestión es créditos e hipotecas sin garantías. Unos tomaron créditos que no pueden pagar y otros concedieron créditos que no consiguen cobrar. Se trata de un mal negocio. Lo que no puede ser es que los que prestaron sin garantías pretendan recobrar su deuda y sus pensadas ganancias. Es evidente que no pueden convertirse pérdidas en ganancias. Deudores y acreedores tienen que repartir las pérdidas.

Aquí cunde la sospecha de que los prestamistas eran del norte de Europa y los deudores del sur y que se está empleando la Unión Europea para una recuperación política de deudas por parte del norte. Esto sería inaceptable.

Necesitamos, exigimos, todos los datos de este período: qué ha pasado; origen y beneficiarios de las burbujas; políticas que se han llevado a cabo; actuación de los diversos agentes económicos y de los reguladores. Necesitamos saber si hubo solo incompetencia o si hubo elementos delictivos.

A nivel europeo, necesitamos saber desde el nacimiento del euro como han evolucionado las diversas economías nacionales (ganancias y pérdidas, importaciones y exportaciones). Quienes han prestado dinero y quienes se han endeudado, quienes han contribuido fiscalmente y quiénes no. Y la política impulsada por el Consejo de Europa, la Comisión, el Parlamento y la Eurozona.

Los datos son imprescindibles para analizar lo sucedido, corregir los errores y, en su caso, exigir responsabilidades, repartir pérdidas y trazar los nuevos caminos.

Toda la política de recortes en lo que afecta a las capas medias y bajas es ilegítima y lo seguirá siendo mientras no se pongan todos los datos sobre la mesa. La cuestión no es recortes, sino personas. Queremos saber quienes estamos pagando la crisis y quiénes no. Queremos todos los datos del fraude fiscal y de la evasión fiscal. Queremos saber los ingresos efectivos de todos los que cobran del presupuesto. Sin maquillajes. Sin ocultaciones. Queremos saber todas las subvenciones públicas.

Los responsables de proporcionar estos datos son las instancias políticas, a todos los niveles. Pero también hace falta que se impliquen en esta minería muchas otras instituciones civiles: es imprescindible para que los datos sean contrastados y para evitar intentos de ocultación.

CAMBIO DEL MODELO PRODUCTIVO Y DEL MODELO INSTITUCIONAL

La crisis es un fracaso del modelo productivo. En nuestro país, se han sumado la burbuja inmobiliaria, la burbuja financiera, los problemas del euro y de la UE.

Durante toda la burbuja y la crisis subsiguientes nuestras instituciones políticas pero también económicas, cívicas, sindicales, académicas, de comunicación etc. han mostrado deficiencias inconcebibles. Ha sido una época de intoxicación colectiva con el señuelo del dinero fácil, el consumismo y el amarillismo comunicativo. De esa enfermedad todavía no hemos salido y puede que no sea fácil salir de ella. Además bajo esta intoxicación estamos dejando de lado graves problemas mundiales: ambientales, de pobreza y de gobernanza que puede que en pocos años se conviertan en otra burbuja que nos estalle en las manos con consecuencias más graves que la crisis actual.

La crisis ha puesto al descubierto graves deficiencias de nuestro sistema político, de nuestros partidos políticos. Aunque la calidad del colectivo de los políticos quizá no sea muy distinta a la de otros colectivos profesionales como funcionarios, empresarios, etc. sin embargo ocupan posiciones claves en este momento de crisis. Hubo una realimentación entre política y burbuja inmobiliaria. El despilfarro y la corrupción aumentaron. Sin contestación social, los partidos se fueron transformando en una casta autista invadiendo nuevos ámbitos de la administración (cargos políticos, asesores, etc.), de la economía (cajas de ahorro, órganos de regulación, empresas públicas, urbanismo), del poder judicial, de los medios de comunicación públicos, etc. La política en nuestro país y en otros se ha deslizado por las sendas del populismo, la demagogia, la explotación del sentimentalismo colectivo e incluso la xenofobia. Como consecuencia, la calidad de los gobiernos a todos los niveles ha caído a niveles ínfimos.

En este período, colectivos como los sindicatos, funcionarios, enseñantes públicos y otros profesionales han experimentado un enclaustramiento corporativista que los han desconectado del medio en donde debían actuar, mostrando resistencias ante todo lo que pusiera en entredicho su estatus.

La falta de calidad se ha experimentado también en el sector privado. Aparte del gran pastel inmobiliario-financiero, en las otras ramas económicas han destacado la economía improductiva, la subvencionada, la sumergida, los monopolios, las restricciones a la competencia, la aversión a la investigación y al riesgo. No es extraño que ahora destacados dirigentes empresariales (y políticos) nos ofrezcan alcanzar una productividad tercermundista por el procedimiento novedoso de la rebaja de salarios y el aumento de la jornada laboral. Eso de que la productividad es formación más investigación más tecnología debe sonar extraño a gente acostumbrada al dinero fácil de estos años pasados.

Por no extenderme, me limito a decir que los medios de comunicación y la Iglesia Católica han sido otros actores destacados de este modelo fracasado.

En cuanto a la UE, los europeos la hemos abandonado todos estos años a los caprichos de los gobiernos de los países hegemónicos (Inglaterra, Alemania, Francia) y sin ninguna perspectiva seria de futura unión política. Hoy la UE no es un ente democrático. Su estructura de representación de gobiernos hace casi imposible que prime un interés europeo por encima de los intereses nacionales. Cuando ha llegado la crisis se han visto las consecuencias de esta dejadez. La gravedad de la situación es evidente ahora que vemos que la UE es una de las pocas posibilidades que tenemos los europeos para influir en el mundo actual.

Europa es una idea deseable pero la actual desgoberzanza nos tiene hartos. El Ecofin, el Eurogrupo, el Consejo de Europa, el BCE, la pareja francoalemana, la líder germana, el FMI… Y el gran ausente el Parlamento Europeo. Todos estos órganos se envuelven en una capa de supuesto gobierno europeo (que no son) para adoptar el secretismo, la falta de transparencia y de publicidad de los gobiernos.

La simple enumeración de órganos ya aburre. La democracia exige simplicidad y publicidad. Si los órganos no son gobierno sus sesiones deben ser públicas. En cuanto al Parlamento Europeo y la propia Comisión su papel es escandalosamente subalterno. Lo menos que puede exigirse es que se cree en el Parlamento una potente Comisión Eurogrupo formada por parlamentarios del Eurogrupo y que debatan todas las cuestiones relacionadas con la crisis del Euro.

REFORZAR EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO

El Estado social de Derecho tal como ha sido desarrollado en Europa después de la II Guerra Mundial, significa gozar de servicios universales (sanidad, enseñanza, justicia) y protección social (salario mínimo, renta mínima, pensiones, seguro de paro, ayuda a dependientes, excluidos, sin papeles, etc.). El Estado social de derecho es un nivel de desarrollo de la civilización al igual que el agua corriente, el saneamiento, la libertad de expresión, etc.

El estado social de derecho no es un modelo económico, porque no se refiere a las actividades productivas, pero sí que es un objetivo económico: probablemente el objetivo económico fundamental junto a la sostenibilidad.

En contra de lo que ingenuamente se cree, ni la democracia ni mucho menos el Estado social de derecho son para siempre. Democracia en su versión mínima es poder influir en los que nos gobiernan y tener libertad para expresar nuestras ideas. Y la democracia y el Estado social no se pueden mantener si ciertas capas sociales medias y bajas no hacen el trabajo de sostenerla y mejorarla. Es curioso como gentes que se beneficia de estas instituciones, y que, incluso, tienen un puesto de trabajo en el sector público que depende de la existencia de dichas instituciones, viven completamente desentendida de su mantenimiento: ¡Incluso se declaran apolíticos o anti-estatistas!

A estas alturas ya no cabe duda de que para los sectores sociales y políticos de derecha la salida de la crisis pasa por el desmontaje del Estado social de derecho y la entrega de su patrimonio (hospitales, centros de enseñanza, carreteras, ferrocarriles, etc.) a precios de ganga al capital financiero para que éste recupere sus beneficios. Mientras discutimos que si son galgos o podencos se nos está pasando el hecho de que las cajas de ahorro eran instituciones semipúblicas con una función social y que sin saber cómo nos estamos quedando sin su patrimonio, sin su aspecto público y sin su función social.

Es inaceptable que los recortes afecten a los sectores más débiles: parados, inmigrantes, dependientes, excluidos… Permitir esto hace que el clima social se enrarezca más. Con la desprotección y la exclusión aumenta la violencia. Si no es por empatía, deberíamos preocuparnos por egoísmo: con estos recortes no solo nuestras calles serán más peligrosas, también es probable que pronto nosotros formemos parte de la lista de afectados.

Es inaceptable que los recortes afecten a la calidad de los servicios básicos: sanidad, educación, justicia, vivienda, pensiones. En sectores como estos es absolutamente rechazable que se adopten cualquier clase de reformas sin demostrar que la calidad no va a ser afectada. Es inaceptable que se acuerden medidas que afectan a los trabajadores públicos -de los cuales el gobierno es el patrón- sin negociación.

Queremos que se supriman las prebendas. Queremos un sistema justo de impuestos: el actual no lo es.

Es inaceptable que se adopten por vía de urgencia reformas de gran calado sin un debate público basado en abundante documentación. Como la supresión de municipios, de partidos judiciales, la minusvaloración de las autonomías, la sospechosa reanimación de las diputaciones, la reducción de concejales, la reducción de los órganos de regulación, la reforma de la justicia, la de la RTV pública, etc.

Es inaceptable que se adopten medidas sin aclarar si son temporales o permanentes.

PARTICIPACION

La salida a esta crisis tiene que ser una salida política, es decir liderada por partidos políticos. Los que hay u otros a crear. Pero si no hay una presión social, si no surgen ideas de los diversos sectores, si no hay propuestas de reformas que salgan de la base social, corremos el riesgo que los partidos continúen ensimismados.

Es importante la lucha contra los recortes, a nivel general y sector por sector. Pero, rechazar lo que está haciendo la derecha no es suficiente. Se necesita una propuesta completa de medidas para salir de esta situación. Se necesitan planes nacionales (y europeos). Necesitamos reformas que apunten a un nuevo modelo productivo y a una regeneración política y social. Para estas reformas necesitamos diagnósticos, planes claros e inteligibles y una movilización social permanente.

Regenerar nuestra democracia significa entre otras cuestiones: una Administración profesionalizada; reducir el ámbito de los partidos a lo que es propio; despolitizar la justicia, los medios de comunicación públicos, etc; restringir los fáciles trayectos de ida y vuelta de la Administración a la Política; tomar medidas para que los políticos no se conviertan en una casta y se perpetúen improductivamente en su función.

Y también cambiar nuestra educación política basada en un modelo de ciudadano consumista, nulamente activo y nulamente participativo. Se acusa con justicia a nuestros políticos de irse convirtiendo en una casta. Pero no son los únicos: entre los trabajadores públicos y entre otros grupos profesionales se dan también elevados niveles de corporativismo: antes que la función interesan los intereses del grupo encargado de llevarla a cabo.

El lugar para debatir todo esto es el Parlamento. No basta que quién sea proporcione datos. Se necesita contrastarlos en sesiones públicas para apreciar si los datos son fiables o no.

EUROPA

La relación entre los europeos de distintos países es todavía muy deficiente. Tenemos algunas grandes empresas europeas. Y tenemos algunos programas interesantes de conocimiento mutuo como Erasmus. Pero eso no es suficiente. Es curioso que basándose el europeísmo en la existencia de una serie de valores compartidos, la integración cultural europea es casi inexistente. Los centros de enseñanza de distintos países europeos prácticamente no se relacionan entre sí. El mismo proceso Bolonia se está llevando dividido en compartimentos nacionales que paradójicamente no se relacionan entre sí. Y lo mismo sucede en materia de investigación, de las artes, espectáculos, medios de comunicación, etc. La baja calidad de Eurovisión es una muestra.

A nivel político necesitamos partidos europeos. Auténtico gobierno europeo, parlamento y elecciones. Es chocante que a nivel nacional las relaciones con el resto de Europa se confíen a una secretaría de estado cuando debería esperarse que tuvieran rango de vicepresidencia de gobierno. Igualmente no existe en el Parlamento Europeo una fuerte Comisión de Integración Europea que haga propuestas para el futuro de Europa.

PARA SALIR DE LA CRISIS

Las claves política para la salida decente de nuestra crisis -digamos española, europea- están en la política de la Unión Europea y en la política del gobierno de España.

Tenemos recursos: Si la UE no responde podemos abandonar el euro; si el gobierno no responde podemos negarnos al rescate bancario.