Un defensor para el pueblo,

José Chamizo
José Chamizo

Por Javier ARISTU

Nuestro Estatuto de Andalucía, el segundo de la democracia, aprobado en 2007, dice en sus primeras líneas: Andalucía, a lo largo de su historia, ha forjado una robusta y sólida identidad que le confiere un carácter singular como pueblo, asentado desde épocas milenarias en un ámbito geográfico diferenciado, espacio de encuentro y de diálogo entre civilizaciones diversas.

No se trata ahora de entrar en afirmaciones tan curiosas y decimonónicas como las de una robusta y sólida identidad que le confiere un carácter singular como pueblo, afirmaciones que me recuerdan, por lo decimonónicas insisto, a aquellas concepciones románticas acerca de las “identidades nacionales”. En 2007, digo, nuestros redactores del estatuto a lo mejor podrían haber recurrido a otras identidades o, mejor aún, a un mundo sin identidades o de identidades complejas, globales, mestizas, mixtas. Bastante y buena literatura teórica hay en los últimos cincuenta años acerca del problema de la identidad en la sociedad moderna.

Pero no toca hablar de eso ahora.

Lo que ahora me interesa destacar es cómo esta robusta y sólida identidad a la que hacen referencias nuestros padres estatutarios se concreta, a lo mejor y a lo peor, en determinados hechos que posiblemente sólo suceden en esta bendita tierra.

Es un sentir común la afirmación de que hay que poner límites a los mandatos políticos, que es conveniente y deseable que la gente esté en los cargos de representación pública un tiempo limitado. Se le pide al diputado, al legislador, al alcalde, al ministro… Forma parte ya de nuestra cultura ante la política la aseveración de que es bueno para todos, incluido para el protagonista del mandato, que su paso por la representación pública sea limitada, no digo corta ni breve pero sí marcada con un límite. Sabemos de diputados del parlamento español que permanecen en su escaño desde 1977: algún récord habrán alcanzado y alguna satisfacción deberán tener para continuar más de treinta años fieles a su compromiso con las tareas institucionales. Pero no es lo normal; la normalidad es que al cabo de dos o tres, o cuatro legislaturas o mandatos el diputado pase a otras tareas, otros destinos o simplemente sea enviado a su casa, jubilado. Las nuevas generaciones tienen también que ocupar su lugar. Curiosamente ha sido un líder de la derecha, Aznar, quien implantó la costumbre de no permanecer en el cargo más de dos legislaturas. Zapatero le siguió (¡qué remedio!) y veremos qué ocurre con Rajoy ante la amenaza de que su mentor pudiera regresar para coger las riendas del partido popular.

Esta cultura del límite a los mandatos no ha ocurrido en la institución Defensor del Pueblo Andaluz, que va a ser renovada tras el acuerdo consensuado por los tres partidos con representación en el parlamento andaluz. Según nos dicen los medios de comunicación, el actual defensor, José Chamizo de la Rubia, fue nombrado en 1996, es decir, lleva en este mandato diecisiete años. ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Es lo normal? Según leo en algunas redes sociales, hay gente que está transmitiendo, y pidiendo firmas, a favor de que Chamizo continúe en su cargo. De él se alude que ha sido un magnífico defensor, un estupendo dirigente de causas sociales ante las desmesuras del legislativo. No lo dudo y estoy seguro de que así ha sido. Pepe Chamizo pasará sin duda a la historia de Andalucía como un leal, honesto, incansable y batallador defensor de las causas sociales que el Parlamento de Andalucía no ha sido posiblemente capaz de defender.

Pero creo que diecisiete años son bastantes años como para pensar en renovar. Si es bueno renovar a las personas en la política directa ¿por qué no lo va a ser en una institución como la del Defensor del pueblo?

Un simple repaso a la realidad contrastada nos puede facilitar el debate. Veamos y comparemos con las similares instituciones que existen en otras dos autonomías del mismo rango que Andalucía (comparar en estos casos nos puede ayudar a reflexionar):

En Euskadi,el Ararteko (así se llama el defensor en esa comunidad) comenzó a funcionar por ley 3/1985, de 27 de febrero y han desempeñado el cargo los siguientes nombres:

•             1989-1995 – Juan San Martín Ortíz de Zárate

•             1995-2000 – Xabier Markiegi Candina

•             2000-2004 – Mercedes Agúndez Basterra (Ararteko en funciones)

•             2004 -actualidad – Íñigo Lamarca Iturbe

 En Cataluña, el Síndic de Greuges (tal es su nombre) comenzó a funcionar en 1984 y éstos han sido sus nombres y periodos:

 •             1984-1992 Frederic Rahola i d’Espona

•             1993-2004 Anton Cañellas i Balcells

•             2004-actualidad Rafael Ribó i Massó

 En Andalucía, en el mismo periodo de legislaturas, sólo hemos tenido dos defensores del pueblo y uno en funciones por un año (precisamente el recién consensuado nuevo Defensor Jesús Maeztu):

 •             1984-1995: Manuel Conde Pumpido

•             1996-2013: José Chamizo

 No pongo más ejemplos; me interesa sobre todo establecer una correspondencia con esas comunidades con las que frecuentemente la clase política andaluza se compara al ser la nuestra una comunidad del artº 151. Y de esa correspondencia se deduce que la media del mandato en Euskadi ha sido de 6 años (más o menos en un equilibrio entre los cuatro titulares), en Cataluña de 9,5 años (también en un equilibrio casi perfecto entre los tres titulares) y, aquí viene lo bueno, en Andalucía la media es de 15 años, con un reparto extraordinario entre el primero, Manuel Conde Pumpido, con 11 años de permanencia y José Chamizo, con 17 años.

Una conclusión se deduce inmediatamente: en Andalucía los cargos han durado mucho más que en el resto (casi el doble, el triple o el cuádruple en algunos casos). Yo lo achaco a la permanencia de un cuasi régimen del PSOE que ha sido el partido que ha monopolizado el poder institucional autonómico durante estas tres décadas. Esa cultura de poder hegemonista se ha trasladado también a la propia institución defensor del Pueblo Andaluz, sin que esto quiera decir que sus titulares funcionaran al baile del gobierno andaluz… ¿o sí?

Lo que tiene que acabar es precisamente esta cultura de la larga duración en los mandatos institucionales que no está ligada sino a una cultura de ejercicio cuasi monopolístico de la representación política y simbólica de la ciudadanía. En los tiempos que corren, la renovación, la duración limitada de los mandatos, los períodos en el ejercicio del poder (político, representativo, legislativo, simbólico) deben estar tasados y marcados sus límites. Los norteamericanos lo tienen establecido desde el siglo XIX; en la mayoría de las constituciones presidencialistas la limitación del mandato está fijada (salvo casos estrambóticos como en Venezuela, Argentina y otros). Y esto surge de un principio de naturaleza categórica: nadie es indispensable en la política.

Por eso, no entiendo el enfado y la crispación de algunos por el hecho de que el Parlamento haya decidido renovar, después de diecisiete años, la titularidad del cargo de Defensor del Pueblo Andaluz. La pena es que Chamizo no lo haya exigido él el primero. Hubiera dado una buena lección de ejemplaridad, como la ha dado en el pasado con otros asuntos.

Creo que a partir de ahora se debería normalizar más la vida política, despojarla de algunos hábitos ceremoniales y otros ritos simbólicos, entre otros ese de que cesar en un cargo es algo negativo por principio. No, a lo mejor es positivo para la fluidez y renovación de la misma política.

Otro día hablaremos de la procedencia cultural y el activismo previo de los defensores del pueblo andaluces. Da para una buena charla.