37 por ciento

Crisis?, What Crisis? Foto  por Landahlauts
Crisis?, What Crisis? Foto por Landahlauts

Por Carlos ARENAS POSADAS

Y subiendo. El número de parados en Andalucía ha llegado a un millón y medio de personas y no parece que se corrija la tendencia hacia el pleno desempleo y mucho menos que se revierta la situación para dar trabajo a quienes hoy carecen de él. Por mucho que en Andalucía estemos acostumbrados secularmente a convivir con el paro y la precariedad –en las mejores épocas entre 1995 y 2005, la tasa casi rozaba el veinte por ciento-, lo que produce escalofríos es que no se atisba posibilidad alguna de que las cosas cambien.

La pregunta es ¿dónde hay trabajo? ¿Qué sector o empresa lo ofrecerá en el futuro?

Como se venía anunciando, la burbuja inmobiliaria se llevó por delante decenas de miles de trabajadores del sector de la construcción, y con ellos a otros muchos miles más en las industrias subsidiarias que suministraban ladrillos, cemento, mármoles, muebles, sanitarios, etc.

El turismo, nuestra primera industria, tiene pies estacionales de barro, parece haber tocado techo, compite entre sí dentro de Andalucía y  con otros muchos destinos por descubrir a precios más asequibles. El deterioro galopante de la marca España en los últimos tiempos tampoco ayuda mucho.

La industria, la poca industria que nos iba quedando, es víctima de privatizaciones y deslocalizaciones. Las inversiones extranjeras no llegan una vez que se han acabado los salarios baratos y las prebendas otorgadas desde la Junta de Andalucía.

La agricultura está, salvo excepciones, más pendiente de la PAC y de las respectivas OMC sectoriales que de desarrollar su potencialidad productiva, estando sus cultivos al pairo de las turbulencias especuladoras de las multinacionales y grandes distribuidoras.

La pequeña empresa vive la asfixia del crédito porque lo prioritario en la banca es rentabilizar sus posiciones como acreedores del estado. Que una parte significativa del sistema financiero andaluz haya pasado tras el estallido de la burbuja a manos foráneas reduce además las posibilidades de la acción política sobre el mismo.

Los que han hecho dinero con la construcción movilizan su capital hacia países emergentes para reproducir allí la hidra urbanística que cebaron aquí. Algunas empresas subsidiarias les acompañan.

Tampoco existe una masa crítica de innovadores que apliquen sus investigaciones al cambio del modelo productivo. La empresa andaluza es la que menos invierte en I+D+i en España; por eso, una de las tasas de estudiantes universitarios más altas de Europa se encuentran frustrados al toparse con la realidad de un tejido empresarial acostumbrado secularmente a sobrevivir con mano de obra abundante y barata.

Se podría decir, incluso, que los altos niveles de paro en Andalucía, se adecúan exactamente a los intereses de los empresarios; así fue en la época del latifundio hasta mediados del siglo XX; así ha sido y sigue siendo en la actualidad. Más aún si cabe tras las sucesivas reformas laborales que, abaratando el precio del trabajo y flexibilizando hasta el insulto las condiciones de trabajo, no hace más que consolidar el rácano modelo productivo vigente y desincentivar los cambios necesarios por parte de los empresarios.

Se asume desde una óptica neo liberal que abaratar el trabajo y suprimir los salarios indirectos proporcionados por las prestaciones públicas son la mejor manera de hacer competitivos las mercancías nacionales. Aunque fuera así, lo que es estúpido y contraproducente es querer mejorar la cuenta de resultados por la vía de la reducción de los costes laborales en regiones como Andalucía donde una buena parte del tejido empresarial no exporta ni está en contacto con el mercado global y tiene su principal clientela en el mercado interior. En este caso, insistir en la reducción de los costes laborales y sociales solo sirve para reducir la demanda agregada, el consumo de las familias, lo que se vuelve antes o después contra los propios empresarios.

Estamos pues en un estado de emergencia que requiere políticas de emergencia. Entiendo que esas políticas de emergencia pueden enfocarse desde dos perspectivas alternativas.

La primera es el reconocimiento de la impotencia. Andalucía es incapaz de procurar empleo a sus habitantes. No sería la primera vez: ya se facilitó la salida de más de millón de andaluces en los años sesenta. Hoy, el reconocimiento de la impotencia es desarrollar imprescindibles y urgentes intervenciones contra los desahucios y la exclusión social; se trata de una política de beneficencia centralizada que quiere exportarse, incluso, al resto del país.

Si se quiere insistir en este tipo de estrategias –a corto plazo imprescindibles, repito-, el gobierno andaluz debería de armarse de argumentos que las justifiquen: Andalucía no es responsable de su incapacidad para crear empleo, que el capitalismo es un sistema de suma cero que enriquece a unas regiones en detrimento de otras, que el flujo de capitales sur-norte es deficitario para Andalucía, que una parte de los subsidios que recibimos se devuelven al norte en la cesta de la compra o que, esto es mucho más importante, las políticas de desarrollo regional recomendadas por Bruselas y aceptadas de buena fe en sucesivos planes de concertación social, han desertizando el tejido productivo regional. En base a estos argumentos se podía pedir al Estado y a Bruselas que paguen sus errores y decisiones prevaricadoras, que paguen para convertir Andalucía en el centro europeo del dolce far niente.

Una segunda opción, más realista, es asumir las propias responsabilidades; identificar las razones históricas y actuales que han hecho de Andalucía una región subdesarrollada –el último dato es que estamos a 28 puntos porcentuales de la media española en el PIB per cápita y estamos a más de sesenta puntos de la región mejor posicionada, la vasca-, y actuar en consecuencia. Actuar en consecuencia significa resetear el entramado institucional en el que nos movemos; abandonar las mesas de camilla para hacer política y abrirse a gentes, sectores y empresas que tengan algo que decir en la dirección correcta; una dirección correcta que implica desincentivar actitudes rentabilistas, oportunistas, clientelares y buscadoras de rentas por parte de agentes sociales y ciudadanos; luchar contra la extendida picaresca; buscar financiación pública y privada para aquellas iniciativas que creen encadenamientos productivos dentro de la región; promover la movilidad social acabando con la máquina de segmentación que es la escuela concertada; al margen de lo que se cuece en estrechos círculos y casetas de feria, crear el capital social necesario para implicar a los andaluces en la solución de los problemas: en este punto es básico proporcionar  información sobre temas relevantes,  hacer del desempleo y de cómo resolverlo el único centro de interés de los medios de comunicación. Si antes hablamos de hacer pagar a Bruselas por sus políticas, habrá que responsabilizar también a quienes persisten en mantener a los andaluces en la inopia.

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