Por qué la corrupción política pasará factura esta vez

Por Pablo SIMÓN

Foto Flickr: alvarezperea
Foto Flickr: alvarezperea

La corrupción política tiene efectos perversos conocidos. Erosiona el capital político de los gobernantes, quiebra el funcionamiento de las instituciones, corrompe los lazos de interacción social y acarrea ineficiencias para el funcionamiento de la economía. Aunque el tema puede abordarse desde muchos ángulos, a mi me gustaría centrarme en uno concreto; el rol que juegan los votantes en el castigo de los corruptos.

Si miramos al caso español, tanto los estudios especializados como los sonados casos de  reelección de corruptos indican que los votantes no sancionan demasiado estos comportamientos. ¿Por qué es esto así? Expertos en este campo han sugerido tres posibles explicaciones.

La primera es la teoría del intercambio implícito. A veces se asume que toda la corrupción es igual, pero no tiene por qué: Es posible que haya un beneficio (económico) implícito que llegue a los votantes cuando el político hace cosas ilegales. Frases como “será corrupto pero hace cosas”, o “al menos contrata a los de aquí” de tiempos de la burbuja inmobiliaria representan el llamado patronazgo político, una vía que justificaría que no hubiese castigo electoral.

Una segunda explicación se relaciona con el rol de la ideología y los medios de comunicación. Es conocido que la ideología puede exonerar los casos de corrupción del partido cercano a nuestras posiciones. En el caso español, esto se combina con un sistema de medios muy polarizado que reproducen casi perfectamente alineamientos partidistas y que hacen que si la denuncia de corrupción la hace un medio “contrario”, no se le de credibilidad.

La última explicación es la del cinismo político. La idea es que si todos los partidos políticos son percibidos como corruptos, los ciudadanos no verán razones para cambiar su voto. El predominio de sentimientos de anti-política o desafección ciudadana harían que el castigo sea menor y de ahí la clásica estrategia de acusar a los demás partidos de corrupción cuando uno es acusado. Si todos son igual de corruptos, al menos me quedo con los míos.

Creo que en el caso de la trama de financiación ilegal del Partido Popular hay razones para esperar un castigo electoral. Primero, porque no es una corrupción clientelar ya que solo beneficia a la cúpula. Segundo, porque se da en un contexto económico desfavorable, justo cuando la corrupción es más castigada ante la falta de rentas a otros actores. Tercero, porque en este caso medios de todas las tendencias dan veracidad a las informaciones sobre financiación ilegal. Y finalmente, porque hay una oferta creciente de partidos extramuros ajenos a escándalos que pueden quitarles votos.

Por lo tanto a menos que el Partido Popular tome medidas importantes de transparencia, con una investigación independiente y una importante depuración de responsabilidades, es muy probable que siga perdiendo la confianza de los ciudadanos. Y es algo urgente porque sin unas instituciones creíbles y transparentes será imposible superar la difícil situación política y económica por la que atraviesa España

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Pablo Simón es Doctor en Ciencias Políticas por la Universitat Pompeu Fabra.

Artículo original publicado en el blog de la Fundación Alternativas

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