Economía y política: ¿quién se responsabiliza del lío?

Por Javier ARISTU

Foto Flickr:  401(K) 2013
Foto Flickr: 401(K) 2013

Los españoles, y los europeos en general, vamos al final a saber matemáticas. No hay día sin que una estadísticas, un gráfico, un guarismo nos asalte nuestra cabeza. Millones de parados, tantos por ciento de deuda pública, índice de paro, tasa de crecimiento —en este caso tasa de recesión—, curva de deuda privada, tendencia de pensionistas en relación con la población activa, etc. etc. Todas las cifras nos llevan a una conclusión lamentable: España —y Europa en general— está peor que hace cinco años. Y cuando hablamos de esos nombres propios, España, Europa, nos estamos refiriendo a los nombres comunes de los españoles, y de los europeos. Hoy día, en este comienzo del año 2013, en su inmensa mayoría los españoles y los europeos tienen menos nivel de vida, menos nivel de bienestar, menos capacidad de acceso a los bienes que hace cinco años. Una economía en recesión, deprimida, nos está llevando a un estado existencial depauperado, deprimido también.

Las preguntas nos asaltan a todos: ¿Hasta cuándo va a durar esto? ¿Cuánto más tendremos que pagar para que los poderosos digan basta? ¿Qué va a ser de esta generación que no va a conocer un modelo de trabajo estable? Y, especialmente, ¿quién puede arreglar esto?

Una primera respuesta empieza a estar ya muy extendida entre la sociedad: los políticos son los responsables o, si no lo son, al menos son corresponsables de esta inmensa estafa. Más que al sistema financiero mundial, auténtico lobby concentrado hoy en muy pocas instituciones bancarias e inversoras que sólo responden a sus consejos de administración y a la filosofía del beneficio rápido, creciente y voraz, se le echa la responsabilidad de esta operación de mutilación social a la política, llámese ésta Comisión Europea, Unión Europea, G20, clase política o “stablishment” (también podemos incluir en este grupo a organismos de naturaleza política, es decir, formados por estados, como el FMI, la OCDE, o a creaciones políticas sui generis como el Banco Central Europeo). Conocemos bien los nombres de las personas que dirigen estos organismos de naturaleza política (Draghi, Barroso, Merkel, Lagarde, etc.) pero penetrados de forma sutil o directa de intereses financieros privados. No conocemos, sin embargo, los nombres que pueblan las cúpulas de las gigantescas instituciones financieras privadas, el capitalismo en suma. La política es bien transparente, a pesar de todo y se diga lo que se diga —se realiza a través de decisiones que en su gran mayoría deben ser públicas y debe someterse al refrendo ciudadano cada cierto tiempo a través de elecciones— mientras que las finanzas se basan en la opacidad de sus decisiones, en el reclamo de los llamados mercados (anónimos, abstractos e impersonales) y en la inelegibilidad de sus responsables; sólo el dinero les vota. Sé que es una forma simplista de describir el mundo actual, lleno de complejidades y sinuosidades de todo tipo, pero al menos nos puede servir para poner algo de orden mental en estos tiempos tan tormentosos donde es fácil confundir el culo con las témporas.

Un extraordinario proceso de privatización de los recursos sociales sigue desarrollándose a toda velocidad. Comenzó hace cerca de veinte años en los Estados Unidos (a través de la reducción del gasto social más que de la privatización de servicios públicos) y en Reino Unido,  esta vez sí mediante la privatización de aparatos sociales públicos como los ferrocarriles, la sanidad y los servicios sociales. Según un destacado representante de la ideología económica liberal: “En el caso del Reino Unido la privatización ha sido un aspecto importante del programa del partido conservador que quería reducir el peso del sector público británico en la economía, que quería reducir el fuerte peso de los sindicatos en las empresas públicas y que quería crear una nueva clase de propietarios capitalistas que superase su condición de “working class”, y, de paso, atraer su voto al partido conservador” (Guillermo de la Dehesa, en 1993)

En España el proceso de privatizaciones comenzó a partir del primer gobierno de Felipe González (1982) y consistió básicamente en el desmantelamiento y privatización del INI, el holding industrial proveniente del franquismo, y de la industria energética. Luego continuó en los años noventa del pasado siglo —no lo olvidemos, los dos gobiernos de Aznar— con industrias de la energía (el gran pastel eléctrico y del gas) y las basadas en las tecnología de la comunicación (telefonía, especialmente) y tiene ahora en España un nuevo capítulo con la privatización de buena parte del sector financiero público —las cajas de ahorro, previa limpieza de sus cuentas con fondos proveniente del estado y de Europa—, la sanidad y aquellos otros sectores que pueden aportar eso que se llama recapitalización a la clase empresarial influyente. Sin duda estamos asistiendo en estos primeros años del siglo XXI a un profundo y potente proceso de recomposición del capitalismo español. Tras la quiebra del negocio inmobiliario y el fracaso de las expectativas en otros sectores (turismo, viajes, incapacidad de nuestras industrias de competir con los países asiáticos etc.) ese capitalismo  trata de conseguir un trío de ases: que ante su descapitalización se le inyecte dinero público (es decir, dinero de todos los ciudadanos que crean ese capital público a partir de impuestos y ahorro) a su negocio sin coste alguno; que se le trasfiera a su control y beneficio áreas de negocio hasta ahora públicas (sanidad, autopistas, televisiones); y finalmente, que se aligere el estado social, trasfiriendo su ingreso y gasto a la cuenta de resultados de sus negocios. Es ni más ni menos que un paso más en el objetivo de privatizar el país.

Ya se ha dicho muchas veces y por muchas personas sabias: toda esta operación de alcance histórico (se hablará de ella en los próximos manuales de Historia, si para entonces sigue esa asignatura en el currículo educativo de nuestra querida España) implica a su vez debilitar o hacer desaparecer literalmente a las dos instituciones que, de forma tambaleante y contradictoria a veces, han representado otra visión social y otra perspectiva de convivencia nacional: la izquierda política y el sindicato.

Este último, la organización sindical, sigue ahí, encabezando la movilización de masas contra esa política conservadora y expoliadora de recursos públicos. Recibiendo un día sí y otro también las críticas furibundas de aquellos que han vivido toda su trayectoria profesional de la prebenda pública y hablan con desparpajo de liberalismo e iniciativa audaz. Cuando no se les acusa, a los sindicatos, de ser instituciones caducas y del siglo XIX como si ellos, esos emprendedores y prebostes financieros, no se parecieran más a los salteadores de caminos armados con el trabuco que a un empresario moderno y dinámico como, al parecer, dicen que existe en Alemania (véase el artículo de Holm-Detlev Köhler en El País). Es ya latiguillo de estos años hablar del cambio que necesitan los sindicatos, de su modernización, de su adaptación a un mundo industrial, financiero y de servicios muy diferente ya del de mediados y finales del siglo XX. Se trata, nos dicen, de repensar incluso el concepto de trabajo, su nueva naturaleza, sus nuevos contenidos. De acuerdo, pero hagámoslo con justeza y con certeza. ¿Es el sindicato la única institución que debe cambiar y adaptarse? ¿No es cierto que, a la luz de lo que está pasando en este comienzo de siglo más pobre y deprimido, con más millones de personas fuera del ámbito del trabajo organizado, no deben cambiar también los ejecutivos y directivos su forma de ver la empresa y el negocio? ¿No es evidente que, desde esta perspectiva del balance social, algo se tiene que estar haciendo mal en las famosas escuelas de negocios donde se forman los futuros directivos? A propósito de este asunto recomiendo el debate que se publica en las páginas del blog hermano Metiendo bulla donde podemos ver precisamente a veteranos sindicalistas hablar del futuro del sindicato y del concepto de trabajo. Del mismo modo recomiendo la lectura del ensayo de Alain Supiot a partir del libro de Bruno Trentin  que hemos dado en este blog En Campo Abierto en tres entregas.

Del otro, del partido político de izquierda se habla más y, en general, tampoco bien. La crítica se viene realizando desde hace décadas, especialmente desde la crisis del 68, respecto de ese modelo de partido ideológico, basado en una concepción integral y única del mundo, el, como dice Rossana Rossanda “partido más partido de todos”, partido comunista en toda sus variantes. 1989, la caída del muro de Berlín y del sistema de origen soviético, acabó con la vieja agonía que venía padeciendo desde la invasión de Chescoslovaquia en 1968 (aunque posiblemente los sucesos de Hungría de 1956 fueron su comienzo). Pero el otro modelo, el más influyente y decisivo en la conformación de las vidas y relatos de los europeos, el partido socialdemócrata, también ha venido recibiendo a la vez votos y críticas. Votos, porque sin duda han sido estos los que hicieron de su proyecto un programa activo y práctico de cambios sociales a lo largo de las décadas de oro del estado de bienestar (años 50 a 70). Críticas porque es a partir de la ofensiva neoliberal de los años setenta cuando parte de la otrora sociedad que votaba socialista se despega de ese proyecto basado en el acuerdo del “welfare”, y abraza, por un lado, la compañía neoliberal y privatizadora o, del otro lado, se encuadra en las opciones ecologistas y conservacionistas. Son estos últimos años, cuando la globalización y los cambios tecnológicos de la tercera revolución industrial se implantan, los que marcan el declive más profundo de esta opción socialdemócrata.

Pero una cosa es la crisis y otra el hundimiento. No me parece que estemos ante ningún fin de la historia. No estamos ante la desaparición de los relatos de la izquierda. Estamos, lo que no es poco, ante un profundo desajuste entre las dinámicas económica y social y la expresión política. Los cambios de fondo, profundos, de inmenso alcance, que se están desarrollando en el ámbito de la economía y las consecuencias sociales que ello comporta, están llevando a las formaciones políticas de la izquierda al desconcierto y a la dificultad, por no decir imposibilidad, de proyectar respuestas capaces de atraer y de concitar aplauso en la mayoría social. Entre la protesta y la alternativa hay un, a veces inmenso, trecho. Pero no hay más remedio que perseverar y continuar en la tarea de activar la respuesta social ante la agresión y, a la vez, ser modestos para reconocer que hay que reconstruir, a veces casi de cero, un nuevo relato, un nuevo programa que ya no es el de la edad de oro del bienestar ni tampoco el de la sociedad socialista que nos hizo soñar en el pasado.  No es posible ya mantener la utilidad del instrumento político propio de aquella sociedad industrial y campesina  pero sí es necesario mantener algunas o bastantes cualidades del núcleo duro del proyecto, entre ellas el del interés público como interés de todos y el de la democracia como base de cualquier gobierno legítimo.

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