Nueve meses de Gobierno andaluz

Por Javier ARISTU

Gran Vía de Granada. Foto: Landahlauts
Gran Vía de Granada. Foto: Landahlauts

Hace ya nueve meses que cuajó en nuestra tierra el acuerdo político entre PSOE e IU para dotar a Andalucía de un gobierno que, surgido y resultado de los resultados electorales del 25 de marzo, fuera capaz de afrontar con eficacia y solidez parlamentaria los vendavales y borrascas de esta terrible crisis. No es mal momento para, cercanos al final del año, hacer un primer balance de esta experiencia primera y única hasta ahora en Andalucía. Importante experiencia ya que, como espada de Damocles que permanentemente está suspendida sobre todos nosotros, tenemos del otro lado la práctica de un gobierno del PP que está dispuesto a cambiar del revés las aceptadas y consensuadas formas de convivencia de los españoles desde 1977.

Sin embargo, y aún siendo conscientes de la política agresiva y deslegitimadora que el gobierno del PP desarrolla contra el gobierno autónomo, seríamos poco juiciosos si pretendiéramos valorar la gestión del gobierno Griñán sólo y exclusivamente desde la comparación con el gobierno Rajoy. La importancia que el gobierno autónomo andaluz tiene, la amplitud de su influencia territorial y poblacional, los recursos presupuestarios (más de 32.000 millones de euros en 2012) y legales (autonomía plena y exclusividad de prestación de servicios en sanidad, educación y otras áreas) de los que dispone y su papel como autonomía del 151 nos obligan a intentar centrar en él mismo, y sólo en él mismo, nuestra modesta valoración y análisis.

Valga de entrada la afirmación de que gobernar en estos tiempos de crisis no es precisamente una perita en dulce. A casi todo gobernante lo que le tienta es gestionar con un presupuesto expansivo, una sociedad civil dinámica y dispuesta a agradecer las dádivas del poder y una mayoría parlamentaria de la que no tenga que preocuparse. Ninguna de estas condiciones reúne José Antonio Griñán ni sus consejeros. Les ha tocado bailar con un presupuesto disminuido, con un peso de la deuda portentoso (un pasivo de 4.800 millones de euros), una presión desde Madrid obsesiva y brutal para seguir recortando y disminuyendo el gasto social y, además, con una sociedad cansada, desgastada y escéptica después de tanto sacrificio sostenido desde 2010 y sin perspectivas sólidas de mejorar: más de la mitad de los andaluces cree que la situación en este año que va a comenzar será algo peor o bastante peor que la de 2012 (véase el barómetro de Opinión Pública del IESA de diciembre de 2012).

 Hay un dato positivo positivo que favorece a la actual izquierda en el gobierno y que hace un año era imposible incluirlo en cualquier análisis. Me refiero al papel de la oposición del PP. Si en 2011 la sensación en que se vivía era la de un naufragio completo del PSOE frente a la poderosa oposición parlamentaria y social del PP comandado por Arenas, hoy hay que decir que Griñán se puede dar con un canto en los dientes si consigue que los próximos tres años de legislatura siga el señor Zoido al frente de la estrategia parlamentaria y social del PP. No creemos que eso ocurra pero todo puede ser. La mayoría parlamentaria de PSOE-IU podrá gobernar sin ningún tipo de desgaste con esta oposición. Los datos últimos ya apuntan por dónde van los tiros. Otra cosa es que surja algún nuevo caso de corrupción con la suficiente gravedad como para dominar las portadas de los medios y, consecuentemente, las intervenciones parlamentarias. Los últimos datos de estudios sociológicos indican que el PP ha tenido una bajada importante en Andalucía mientras que el PSOE recupera e IU sigue aumentando moderadamente.

Y sin embargo la sociedad sigue instalada en un terreno que podemos definir como escéptico si no negativo ante todo lo que viene del poder político. A pesar de que los niveles de participación no son estrepitosamente bajos, aunque tampoco radiantes, el ciudadano está sometido a tal vendaval de datos, hechos,  estadísticas, sucesos y acontecimientos negativos que es difícil encima pedirle que aplauda y anime positivamente a aquellos a quienes corresponde, teóricamente, el ejercicio del poder y la administración del común. Es difícil ante este mar de noticias negativas tener un proyecto capaz de atraer a las gentes y encauzarlas tras un programa animoso.

Lo pretende hacer el presidente Griñán al anunciar hace pocos días en Jaén un Pacto por Andalucía basado en ocho grandes acuerdos con el empleo y la actividad productiva y la juventud como ejes clave y donde también destacan la defensa del modelo público de sanidad y educación. Los otros llamados ejes de ese Pacto serían el acuerdo por la inclusión social, la acción en el mundo rural, el reforzamiento del papel tractor y capital de la cultura andaluza y, finalmente, “la defensa del Estatuto de Autonomía de Andalucía y abogar por la inclusión de esta comunidad en un modelo territorial más cooperativo en España y en una Europa más solidaria”. Tal propuesta la hace a los agentes sociales y económicos andaluces a fin de que se convierta al final en un nuevo pacto social que refleje un “modelo de convivencia que dé a todos confianza en el futuro”.

De entrada no se puede discrepar frente a esa voluntad de pacto, es decir, de acuerdo de todos por conseguir sacar adelante nuestra Comunidad del hoyo en el que se encuentra. El gran pacto de 1977, el del 4 de diciembre, pasó luego al 28F de 1979 y, ya en 1982, tras las primeras elecciones autonómicas, se convirtió exclusivamente en el “pacto del PSOE con los andaluces”. Y así, treinta años más donde ese partido ha gobernado, la mayor parte de las veces con mayoría exclusiva, y ha desarrollado un modelo político y social que ya se ha analizado en este mismo blog.

Las dificultades a las que esta propuesta se enfrenta y que condicionarán su éxito pueden ser entre otras las siguientes:

1)      La credibilidad, que no es algo subjetivo sino que es un agregado objetivo de todas las opiniones que la gente tiene de uno. El problema no es Griñán; la cuestión sigue siendo si desde esa institución llamada Gobierno andaluz, todavía muy “imaginado” con el puño y la rosa, se puede proyectar una alternativa para liderar a la sociedad andaluza en estos momentos. La experiencia de estos nueve meses, repito que meses terribles y muy duros, no nos ayuda a pensar que desde ese gobierno de coalición pueda haber energía e imán suficiente para atraer a una mayoría social andaluza hacia un programa de futuro. Y me gustaría equivocarme.

2)      La distancia entre las instituciones políticas y la sociedad, algo también constatado en estudios de opinión. La gente vota en las elecciones pero, a la vez, la gente desconfía de la gestión diaria del político. No es recomendable repetirlo mucho pero sí es muy conveniente recordárselo a los electos: más del 90% de la gente a la que se le pregunta cree que “los políticos se preocupan más de los intereses de sus partidos que de los intereses generales” (datos del Barómetro citado, página 24). No es por tanto una buena base para intentar atraer a esa sociedad hacia una mayor participación en los asuntos políticos. No vemos con gran capacidad de movilización y de dinamización social a los partidos actualmente representados en el Parlamento. Será necesario que ellos mismos se apliquen la máxima de ir al encuentro de la sociedad, allí donde esté, cambiando métodos, formas y estructuras organizativas caducas.

3)      La experiencia de los Pactos sociales anteriores ha dado de sí todo lo que podía dar. En general ha conseguido articular un tejido de acuerdos y de normas que ha beneficiado a una cultura social del diálogo y el entendimiento. Pero en otros casos se ha convertido en “una foto en la cumbre”, es decir, en mero símbolo protocolario sin nada consistente tras él. Es hora de cambiar quizá el formato y el protocolo de esas cumbres por otro modelo donde sea posible integrar a sectores sociales habitualmente desconectados de la política institucional pero con influencia y sobre todo cosas nuevas que decir en estos momentos de desconcierto y crisis, o que están peleando cada día por hacer viables sus proyectos.

Pienso que el gobierno debe tener iniciativa para crear “mesas de diálogo” con todas esas instituciones sociales, culturales, económicas que se mueven cada día en las redes del sistema social andaluz y están generando diversos tipos de cultura emprendedora y asociativa: cooperativas, empresas, sindicatos, colegios profesionales, AMPAS, asociaciones educativas, redes culturales, etc. etc. No se trata esta vez de ver cómo les damos desde el Gobierno andaluz una subvención para que luego, en las elecciones, se acuerden de mi partido, sino que se trata de sentarlos en una mesa y que digan aquello que desde ese gobierno se hace mal y cómo se deben hacer bien las cosas para que la sociedad andaluza puede afrontar la crisis con capacidad precisamente para salir fortalecida de la misma. Por una vez, el Parlamento andaluz y el Gobierno deberían ahora escuchar lo que dice la sociedad civil de forma directa, clara, transparente. Para, además, prestigiar la tan desprestigiada política.

Propiciar y activar un diálogo con la sociedad andaluza, promover encuentros con los activos económicos y sociales de nuestra Comunidad, animar a los segmentos y grupos que hoy llevan en su germen la nueva sociedad del siglo XXI a fin de construir un nuevo proyecto social integrador y dinámico andaluz. Aprovechar precisamente esta crisis de fondo para ser capaces de reconstruir una nueva Andalucía con nuevos mimbres y nuevos protagonistas.

Exige mucho al Gobierno ese Pacto por Andalucía si quiere que sea un auténtico compromiso con todos los andaluces. Pero quizá merece la pena.

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