¿Dónde está el cascabel de la izquierda y quién se lo pone a la Banca?

Por Lorenzo CABRERA

Foto: Armando Camino

¿Rodeamos el Congreso, ocupamos los bancos o nos sentamos a esperar un programa político de izquierda? Hay almas sensibles que se quejan  por las acciones que determinados colectivos han realizando intentando aproximarse en manifestación al Congreso de los Diputados o muestran reparos ante las llamativas y simbólicas ocupaciones de algunos bancos. Algunos subrayan la necesidad de preservar el Parlamento, auténtico corazón de la Democracia, y los partidos políticos de la protesta callejera, otros advierten del peligro de unas movilizaciones con un proyecto políticamente confuso que derive hacia el siempre preocupante antipartidismo y el antiparlamentarismo. Del mismo modo, las ocupaciones de los bancos no han gozado de la extensión ni la insistencia necesaria y han sido tildadas de efectistas (irrupción de grupos flamencos que colgaban después su acción en Internet) o sólo simbólicas sin más y carentes del impacto social y político que sí han tenido, por el contrario, las acciones contra los desahucios.

A estos críticos no les falta en parte razón: en el movimiento, primero “ocupa” y después “rodea el Congreso”, se advirtieron muchas vacilaciones además de un planteamiento político rudimentario –seducidos tal vez por el Occupy Wall Street y la experiencia islandesa. La entrada en los bancos no ha logrado tampoco la traducción organizativa de un “Stop Desahucios” ni un impacto mediático contundente; quizás ello se deba a la discontinuidad de la acción, puede que a la dificultad de una respuesta amplia ante la cantidad considerable de entidades y sucursales bancarias y, sobre todo, a la falta de una propuesta concreta más allá de la simple denuncia. La ausencia de planteamientos o, cuando estos se dan en algunas movilizaciones, el carácter primario e impreciso de los mismos, nos recuerda la necesidad de elaborar un proyecto político que dé sentido a las acciones que, sin lugar a dudas, continuarán sucediéndose en nuestro país. Se corre el peligro de que esas acciones de protesta, si no se consigue traducir “el cabreo en poder”, que diría mi amigo Carlos Arenas, vayan languideciendo y deriven en una siempre peligrosa frustración. De ahí la necesidad de un proyecto político con vocación de gobierno que dé sentido a las movilizaciones y proponga formas de adquirir poder. Pero las acciones no pueden detenerse a la espera de que un supuesto laboratorio de ideas presente el ansiado programa de transformación. Proyecto o programa y acciones y movilizaciones se retroalimentan o, para decirlo con un concepto clásico, constituyen un proceso dialéctico. Las respuestas no pueden esperar, claro está, a que ese programa se haya elaborado pero las movilizaciones continuas estarán abocadas a la esterilidad o a una radicalización de sesgo contrario al deseado si no las guía un proyecto político definido. Pero, ¿quién y cómo se va a elaborar ese proyecto? La construcción de ese proyecto será el resultado de las experiencias en las acciones de calle y el estudio de las mismas, de movilizaciones siguiendo la estela de un programa político de cambio y de la asunción sopesada en ese programa de las reivindicaciones que se reclaman, así como su defensa en las instituciones democráticas del Estado.

¿Quiénes articularían un programa de estas características? Eso, con seguridad, lo definirán las circunstancias pero para su defensa en la calle y en las instituciones se requerirá el concurso con distintos grados de participación y apoyo de los movimientos sociales y de los partidos o formaciones políticas, existan hoy o aparezcan mañana en un horizonte de cambio. Las principales formaciones políticas llamadas de izquierda que en la actualidad están representadas en el Parlamento tendrán, si pretenden sumarse a esta vía, que virar el rumbo: IU parece haber entendido la situación, se aproxima y participa de algunas de las ideas de estos movimientos sociales, aunque le falta dar todavía un salto electoral importante, transmitir con claridad un programa de gobierno y ofrecerse con generosidad para constituir con otras fuerzas una coalición más amplia,  refrenando sus inclinaciones cainitas. En cuanto al PSOE, sus descalabros electorales últimos han sido significativos pero no debieran asombrarnos. Pena no sólo por los errores de toda la socialdemocracia europea, instalada hace tiempo en las mismas políticas neoliberales que la derecha, sino por su inanidad ahora en la oposición y sus propios errores antes, cuando estuvo en el Gobierno, algunos tan notorios que cuesta creer que al menos una generación (y media) de políticos socialistas pueda mantener una actitud resuelta muy necesaria hoy frente, por ejemplo, a centros de poder tan determinantes como la Banca.

Se coreó en las movilizaciones de Mayo de 2011 y ha continuado gritándose en otras posteriores: “No hay democracia si gobiernan los mercados”. Podrá objetarse lo que se quiera contra este aserto pero entenderlo en su esencia y poner los medios para que el mismo no se cumpla constituye, sin duda, la piedra angular de una política de cambio. Y formando parte capital de esos mercados se encuentra el sistema financiero. Para quienes tengan dudas al respecto (sobre el poder de la Banca o la cesión ante ella de los Gobiernos hasta el presente, fuere cual fuere su color político) les invito a repasar conmigo algunas noticias de las últimas semanas que son muy ilustrativas de la certeza de esos gritos que en la calle daban los manifestantes del 15M.

El Gobierno ha reconocido, en una respuesta al diputado de IU José Luís Centella (edición digital de Público del día 18 de Octubre de este año), que la Banca lleva inyectados 52.548 millones de euros desde 2008, es decir, desde el año en que se considera irrumpe la crisis. Además mantiene avalados otros 72.171 millones en emisiones de bonos y obligaciones de las entidades bancarias. Y todavía  están pendientes 40.000 millones que corresponderán al nuevo proceso de saneamiento del rescate europeo. El objetivo declarado de estas ayudas era “reforzar la solvencia de las entidades de crédito española en el contexto de escasez de liquidez existente”, es decir, hacer circular ese dinero –lo que no se ha producido- para las familias y las empresas dinamizando la economía. En el trabajo ideológico de justificación de los recortes, la derecha (léase Gobierno y medios de comunicación afines) esgrime el argumento repetido de que “no hay dinero”. Difícilmente puede explicar cómo ese dinero sí existe para pagar –y en cantidades de vértigo- la deuda de los bancos sin que revierta en la economía  productiva  o cómo determinadas partidas del presupuesto no se tocan: las ayudas a la A.V.T. o a la Iglesia Católica, por ejemplo.

Tres días antes de la noticia referida la prensa recogía otra en la que se decía que el Tribunal Supremo desestimaba una querella contra el anterior presidente de Gobierno José Luís Rodríguez Zapatero y el exministro de Justicia Francisco Caamaño por el indulto al consejero del Banco de Santander Alfredo Sáenz. Sáenz había sido condenado por hechos que se remontan a 1994 –acusación y denuncia falsas- a tres meses de arresto e inhabilitación para ejercer como banquero durante ese mismo tiempo. No entraremos en los pormenores del caso, pues nos alargaría este ya de por sí extenso artículo, pero conviene nos detengamos en algunos aspectos de la sentencia. El alto tribunal no considera constitutivos de delito los hechos denunciados porque “en la querella se avanzan hipótesis que, legítimamente planteables en el plano del debate público, no obstante carecen aquí de pertinencia”, insiste en que no estima como “irrelevante”, desde el punto de vista ético o ético-político, el interés que pueda subyacer en la decisión de indultar a Sáenz, sino que la regulación legal “priva de trascendencia jurídica práctica a esta dimensión del asunto”. El origen del indulto actual, sostiene la Sala de lo Penal del Supremo, es una prerrogativa regia de 1870, “herencia del absolutismo […] de no fácil encaje […] en un ordenamiento constitucional como el español vigente”. Por tanto, “dado el actual marco legislativo, es lo que hay, y, de aquí, la imposibilidad jurídica” de admitir la querella. Así, pues, el Gobierno, entonces en funciones (no olvidemos que la medida fue tomada el 25 de Noviembre y el PP había ganado las elecciones cinco días antes), concede al número dos del Banco de Santander un indulto que el propio Tribunal Supremo considera “un arbitrio” que convierte en “vana” la sentencia condenatoria gracias a que la Ley del Indulto en España, “herencia del absolutismo”, no exige ningún tipo de justificación. Así que archiva la querella porque “es lo que hay”, ¿está claro?

Soberanir (Soberanía de la Razón), el partido que preside el abogado José Luís Manzón, interpuso la querella denunciando la arbitrariedad de la medida de gracia. En su denuncia aludía a un “crédito hipotecario concedido por esta entidad a Rodríguez Zapatero para la compra de un chalé”, lo que nos parece forzado y poco consistente como justificación del indulto, pero sugería también que quería compensarse “al banco Santander por la refinanciación de cierta deuda y la condonación de 12 millones de euros” al PSOE, y esta sugerencia nos resulta, cuando menos, más creíble e inquietante. No serán los políticos que han avalado esta práctica “arbitraria” y “absolutista” quienes puedan reconducir, no ya un proyecto político de cambio en España sino hasta una renovación interna de su propio partido.

¿Por qué esta querencia sin recato con los bancos y, muy especialmente con el Banco Santander? En septiembre de 2006, el diario digital El Confidencial denunciaba que “durante los años 1988 y 1989, el Santander manejó cerca de medio billón de pesetas de dinero negro, que provenía de fuentes financieras  más o menos inconfesables […] El banco entregó al Fisco información falsa sobre 9.566 operaciones formalizadas que representaban 145.120 millones de pesetas […] A tal efecto, no dudó en declarar como titulares de las cesiones a personas fallecidas, emigrantes no residentes en España, ancianos desvalidos, trabajadores en paro, familiares de empleados del banco, antiguos clientes que ya no mantenían relación alguna con la entidad, etcétera”. Lo recoge Juan Torres López en su libro ¿Por qué se cayó todo y no se ha hundido nada? y recuerda que se solicitó para el presidente del banco, Emilio Botín, “un total de 170 años de prisión y una multa de 46.242.233,92 euros (7.694.060.334 pesetas), además de una responsabilidad civil de 84.935.195,86 (14.132.027.499 pesetas), que es el perjuicio causado con su actuación a la Hacienda Pública”. El 27 de mayo de 2008 el País informó de que el entonces Ministro de Economía del Partido Popular, Rodrigo Rato, había presentado un escrito de la también entonces Secretaria de Estado de Justicia y posteriormente Vicepresidenta de Gobierno con el PSOE, María Teresa Fernández de la Vega, “en la que esta pidió el 25 de abril de 1996 que se cursaran al Abogado del Estado ‘instrucciones’ sobre su actuación en el caso de las cesiones de crédito”, concretamente, solicitando que no se dirigiera “acción penal alguna por presunto delito contra la Hacienda Pública, contra la citada entidad bancaria o sus representantes”. Gracias a lo cual, sostiene Torres, el señor Botín ni siquiera fue juzgado.

¿Pueden conducir un proceso de cambio los políticos  que, desde la etiqueta izquierda, han dejado la iniciativa y el poder a los mercados y tenido, cuando ocupaban cargos en el Gobierno, una actitud tan complaciente con la Banca? Un proyecto político de transformación no puede ponerse en manos de  quienes han participado, por acción u omisión, en este mercadillo de poder y corruptelas.