Antipolítica, autoritarismo y democracia

Por Pedro CHAVES GIRALDO

Foto: EQUO_

En un reciente artículo de José María Lassalle en El País (Antipolítica y multitud, 1-10-12) actualiza el punto de vista conservador y tradicional de nuestra derecha decimonónica sobre el ejercicio de los derechos democráticos y su relación con el poder. Su querencia por el orden, la legalidad y la reducción de la democracia a lo que ocurre en el Parlamento, recuerdan los principios del canovismo: poder como alternancia de partidos responsables y la democracia misma como una institución previsible y alejada del tumulto y la algarabía. Para los neocons españoles rige esa sentencia de Cánovas del Castillo según la cual: “La política es el arte de aplicar en cada época de la historia aquella parte del ideal que las circunstancias hacen posible”.

Este principio de realismo imperecedero despista respecto a los cambios radicales que han acontecido en nuestras sociedades en los últimos decenios y que exigirían matizar mucho para aceptar la comparación de nuestros tiempos con otros pasados. Que la historia se hiciera sombría, como ahora, en la época del ascenso de los autoritarismos, no es razón suficiente para justificar la comparación. Que se responsabilice a las multitudes, supuestamente hipnotizadas, entonces y ahora, por liderazgos carismáticos o por el dulce sabor de la antipolítica, de la crisis de las democracias parece muy mal orientado y peor documentado. Pero sobre todo, que se ignore la situación de debacle económico y la ofensiva de las clases dirigentes contra la democracia, suena a olvido interesado para justificar un argumentario insostenible.

Los cambios tectónicos que han sacudido nuestro mundo desde hace casi treinta años han modificado de raíz las condiciones en las que se ha desarrollado la política, la economía y la convivencia misma después de la segunda guerra mundial, para los europeos; o en la transición para nuestro país. Estos cambios civilizatorios sumados a los efectos de la crisis económica, están afectando gravemente la realidad cotidiana de millones de personas. Aun suponiendo que hubiera un mínimo principio de justicia en los recortes salvajes del estado del bienestar en Europa o del medio-estar en nuestro país, sería deseable que las clases dominantes tuvieran ese mínimo de empatía que les permitiese comprender la turbación, el dolor y la desesperación de muchos por ver sus vidas fracturadas, sin futuro. Y por asistir, consternados, a un empeoramiento significativo de sus condiciones de vida. Para la inmensa mayoría de nuestra sociedad una parte de esos cambios y de esas políticas son tan incomprensibles como injustas.

La realidad de la globalización, junto a la gestión de la crisis, ha subordinado la política a las demandas de los anónimos e implacables mercados y la constatación de esta evidencia hace que las encuestas del CIS destaquen la mayoritaria creencia de que quien realmente manda en nuestro país, por encima de los gobiernos, son los bancos o las grandes empresas.

Tal y como afirmaba Habermas, la globalización ha convertido a las instituciones liberales en problemáticas. Y la crisis –esto no lo dice Habermas– ha confirmado su irrelevancia. Esto es, la deliberación parlamentaria está cada vez más próxima a un parloteo sin sustancia, percibido por la población como un espacio de autopromoción y autosostenimiento de élites alejadas de la ciudadanía cuya función real es dar apoyo y sustento a las decisiones de otros poderes ajenos al control democrático. En términos reales, esta subordinación y complicidad de la política con los mercados es la que está malbaratando la reserva de legitimidad de la democracia y del conjunto de las instituciones. Que el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional o el mismo Parlamento hayan terminado por ser una caricatura de sí mismos, merece ser explicado más desde sus propios desatinos que desde la furibunda irrupción de una supuesta crítica antipolítica.

La quiebra de la legitimidad de las instituciones en nuestro país tiene que ver con esto y también con las prácticas de corrupción, nepotismo, favoritismos diversos y promoción del capitalismo de amiguetes tan propio de nuestra singular idiosincrasia. Conste que esta crisis de las instituciones representativas es común a otros países europeos y obedece a similares razones.

Por estas razones no pueden leerse en clave de comparación histórica interesada las movilizaciones que desde mayo de 2011 sacuden las plazas públicas de muchos lugares de nuestro país. Creo que se equivoca el señor Lassalle abusando de un argumento que coloca todas las movilizaciones en el mismo rasero. De modo que debemos entender que su crítica severa a las mismas se refiere a toda la acción colectiva que están teniendo lugar desde 2011, esto es, tanto el 15M como el 25S, pero también las manifestaciones y otras acciones promovidas por la Cumbre Social en las que los sindicatos tienen un papel destacado. Si esto es así, la amalgama analítica se convierte en no mucho más que un prejuicio ideológico. Ni todas las manifestaciones son iguales, ni en todas se reclama lo mismo, ni en todas las exigencias se demandan de similar manera.

Llama la atención esa equivalencia que el autor establece entre las movilizaciones y la antipolítica, dando por buena la alianza entre la misma y el culto a la multitud a la que Lassalle otorga “una extraordinaria fuerza desestabilizadora”. Pero si algo llama la atención de la movilización crítica desde el 15M es, en primer lugar, su poderosa reivindicación de la política. Precisamente, el blanco preferido de todas las críticas hace referencia a esa subordinación –cuando no complacencia- espúrea de algunos políticos con los mercados, de manera que se impugna una política que no ejerce su función principal y singular: la deliberación pública en defensa de los intereses comunes. Es decir, se estaría cuestionando un determinado modo de hacer y practicar la política, pero no la política misma. La realidad de las democracias no se agota en su mediocre existencia.

En segundo lugar, la agenda de la movilización social ha alentado propuestas de reforma de la política que buscan y pretenden –con más o menos acierto, eso no es relevante para el debate- densificar nuestras instituciones democráticas, hacerlas ganar en intensidad participativa y mejorar la accountability (responsabilidad unido a transparencia) del conjunto del sistema representativo.

En tercer lugar, la acción pública crítica ha innovado en formas de inclusión política no conocidas en las organizaciones partidarias tradicionales. Cualquiera que haya asistido a una asamblea del 15M habrá podido comprobar esa curiosa articulación de fomento de la deliberación, búsqueda de consenso y respeto a lo individual que han mostrado un camino de redención de la acción pública y recuperación de la ética de la participación.

No puede confundirse activismo social crítico con antipolítica o ensalzamiento de la multitud y menos aún desconsiderar la condición profundamente política y radicalmente democrática de estas movilizaciones. Pero es más inquietante que esa reducción interesada que realiza Lasalle coloque la frontera de la legalidad como límite, a partir del cual, los poderes públicos deben intervenir para cortar de raíz cualquier pretensión de subversión del orden vigente.

Debería entenderse, a estas alturas de nuestra vida política, primero, que el ejercicio de derechos constitucionales (manifestación, reunión o asociación) es una condición para el reconocimiento de la vitalidad de nuestros sistemas democráticos. Y es de sentido común comprender que puede existir una relación entre el deterioro de las condiciones de vida para una mayoría, fruto de la política de recortes, y el incremento de la conflictividad social. Por otra parte, la tradición histórica nos enseña que la democracia se hace vida y real no solo en las instituciones representativas y que las elecciones no agotan la voluntad democrática y participativa de las poblaciones. La deliberación se produce también en una manifestación, en una asamblea o en una huelga general.

Es importante, y más para quien detenta altas responsabilidades de gobierno, hacer un esfuerzo por “entender” el surgimiento y los porqués de la protesta. En este punto, convendría recordar que, a menudo, el velo de la ideología perturba para una comprensión más cabal de los acontecimientos.

La conclusión del artículo de Lassalle sugiere un límite que –en algunos lugares- se ha convertido ya en una política pública: restricciones al ejercicio de derechos democráticos. A veces, los medios de difusión pública se ponen al servicio de destacar aspectos marginales o indeseables de una protesta con el fin de convertirlos en el icono de los mismos (la violencia de unos pocos o lemas descontextualizados). Esa vía puede perturbar de una manera irremediable el debate público sobre la crisis y sobre las alternativas a la misma. Precisamente ahora que necesitamos todas las energías disponibles para superar la situación agónica en que nos encontramos, no parece razonable excluir –por criminalización- a una parte muy activa de la sociedad de esa imprescindible deliberación democrática.

Puede entenderse que el presidente del gobierno alabe la mayoría que no protesta, dando por bueno –equivocada e interesadamente– que el silencio en el espacio público denota complicidad con sus políticas, pero conviene alertar de los riesgos sociales inherentes a aquellas disquisiciones –con posibilidades de convertirse en decisiones gubernamentales– cuyos resultados sumarán a la exclusión social ya existente la exclusión política de partes significativas de nuestra sociedad.

Afirmaba Bertold Brecht que las revoluciones se producen en los callejones sin salida. Esto es lo que las clases dominantes deben dirimir en lo que hace a su responsabilidad: el grado de apertura que ofrecen en el sistema político para la expresión legítima de un malestar más que comprensible. Aunque conviene recordar que la variable “cuánta democracia tenemos” no es algo que dependa solo de la voluntad de las clases dominantes.

Pedro Chaves Giraldo es profesor de Ciencia Política de la Universidad Carlos III de Madrid.

Artículo publicado en Nueva Tribuna, el 19 de octubre