Los desafíos del empleo juvenil en España

Por Fernando ROCHA

Foto: Jürg Dalkkas

“Ayudar a las y los jóvenes a tener un buen comienzo contribuye a favorecer que sus trayectorias laborales sigan la vía del trabajo decente. Cuanto más tiempo lleva emprender esa vía, o si no existe tal vía, más difícil resulta el desafío. Desde esta premisa, el debate que se plantea a la sociedades europeas es si la salida de la crisis para las personas jóvenes debe realizarse en términos de más precariedad −”cualquier empleo es mejor que ningún empleo”− o si deben ponerse en cambio todos los medios necesarios para favorecer su emancipación y unas condiciones dignas de vida y trabajo”

Tras cuatro años de crisis, el deterioro del mercado de trabajo en España ha alcanzado proporciones dramáticas. Ello se manifiesta principalmente en la situación del desempleo, que en la actualidad afecta a un volumen de 5,69 millones de personas (16-64 años) y registra una tasa del 24,8% (EPA, segundo trimestre de 2012). Las proyecciones tanto de ámbito nacional como internacional apuntan a la continuidad de la recesión en España durante este año y el próximo, lo que contribuirá a un agravamiento del desempleo.

El significativo declive del desempleo en España no afectado por igual a todos los tramos de edad de la población, siendo las personas jóvenes el grupo más afectado. El resultado es que, entre las personas menores de 25 años, casi un millón están desempleadas y su tasa de desempleo ha ascendido al 53%. En relación a los “jóvenes adultos” (25-29 años), la EPA contabiliza 800 mil personas desempleadas y una tasa de paro del 31% (EPA, segundo trimestre).

Las políticas de empleo pueden jugar un papel relevante en la crisis actual ya que tienen un impacto positivo −aunque limitado −en la reducción del paro y el aumento de la ocupación. Su impacto depende sin embargo del desarrollo de otras políticas −como la adopción de políticas macroeconómicas de estímulo a la actividad productiva, las políticas industriales, educativas y de fomento de la innovación− que contribuyan a dinamizar la recuperación de la actividad económica en los diferentes sectores productivos.

El objetivo del presente artículo es remarcar algunas de las medidas activas de empleo que pueden contribuir a fomentar la creación de empleo para las personas jóvenes en España. Unas medidas basadas en dos principios generales:

Por un lado, en un escenario actual de restricción presupuestaria el diseño y aplicación de las actuaciones debería basarse en una identificación más precisa de los distintos grupos de jóvenes, que permita priorizar y especializar las actuaciones ajustando los recursos disponibles a las necesidades y vulnerabilidades.

Por otro lado, para aprovechar todo su potencial el desarrollo de las políticas de empleo debería planificarse en un doble nivel temporal: a corto plazo, mediante actuaciones de choque orientadas a mitigar el impacto inmediato de la crisis, que presten especial atención a los grupos más vulnerables; y a medio plazo, promoviendo una reorientación de estas políticas que favorezca una mejora de su funcionamiento –tanto en el ámbito estatal como territorial– que contribuya a garantizar una transición justa ante el impacto causado por los múltiples retos que se plantean para las próximas décadas −demográficos, sociales, medioambientales− ofreciendo nuevas oportunidades para la mejora de las capacidades profesionales, y contribuyendo a una economía más productiva, sostenible e inclusiva.

Medidas a corto plazo

El grupo que presenta una mayor vulnerabilidad en el contexto de la actual crisis es el integrado por las personas jóvenes con niveles más bajos de formación, por una doble razón: de un lado, porque este grupo es el que ha experimentado una pérdida más rápida e intensa del empleo y además cuenta con un menor nivel de cobertura de protección social (asociado a su mayor grado de precariedad laboral). De otro, porque tiene una clara situación de desventaja para acceder a un nuevo empleo una vez se consolide la recuperación de la actividad económica (sobre todo, en un escenario estratégico de cambio de modelo productivo en el medio y largo plazo, asociado a una demanda creciente de cualificaciones altas e intermedias).

Este diagnóstico apunta como principal conclusión a la necesidad de priorizar en el corto plazo las actuaciones dirigidas a este colectivo específico. Para ello, se precisa en primer lugar reforzar y mejorar el funcionamiento de los Servicios Públicos de Empleo (SPE), con el objetivo de proporcionar una atención rápida, individualizada e integral a las personas demandantes en situación de desempleo.

En segundo lugar, las actuaciones deberían tener como objetivo fundamental la ampliación y mejora de las capacidades y cualificaciones de este colectivo.

En tercer lugar, desde algunos ámbitos se ha propuesto fomentar el retorno al sistema educativo de las personas de 16 a 18 años que lo hubiesen abandonado de forma temprana por razones relacionadas básicamente con el mercado de trabajo. En este supuesto, es esencial ofrecer alternativas interesantes y atractivas para que se produzca ese retorno, reconduciendo situaciones de desempleo a través de la oferta de una formación flexible, reforzada con ayudas, que permita la reincorporación a los estudios y ofreciendo un asesoramiento personalizado para mejorar las opciones concretas de empleo.

Finalmente, cabe considerar las necesidades del colectivo que se encuentran en situación de inactividad, que no tiene intención de regresar a los estudios. Para estas personas, igual que para aquellas que abandonaron los estudios, la herramienta más potente podría ser la orientación educativa y laboral. Mediante la elaboración de itinerarios personalizados que incentive a estas personas a la integración, bien en el sistema educativo, bien en el mercado de trabajo.

Medidas a medio plazo

A medio plazo, se plantea incidir en dos ejes generales de actuación: (a) mejorar las transiciones del sistema educativo al productivo; y (b) reforzar y mejorar las políticas activas de empleo. El análisis detallado de las diversas medidas excedería los objetivos de este artículo, pero es interesante resaltar al menos las principales prioridades de actuación.

Así, se plantean dos retos prioritarios para mejorar las transiciones laborales de las personas jóvenes en España. Por una parte, la reducción de la elevada tasas de abandono escolar temprano, que en 2012 ascendía al 26,5% (31% en el caso de los varones y 22% entre las mujeres). Por otra parte, aumentar la participación en la formación profesional.

En relación a las políticas activas de empleo, un elemento clave es el reforzamiento de la dotación económica y de personal de los Servicios Públicos de Empleo (SPE), que en España registran unas ratios de recursos sobre el PIB y personal por persona desempleada muy inferiores a la de los países europeos más avanzados y claramente insuficientes para afrontar las necesidades presentes y futuros de los usuarios. Asimismo, sería necesario incidir en la mejora del funcionamiento de los SPE.

El servicio de información, orientación y asesoramiento es asimismo fundamental porque es la primera atención que debería recibir la persona desempleada. La orientación debería considerarse, por tanto, como un servicio de carácter general, que en el caso de las personas jóvenes debería extenderse garantizando su presencia en los centros educativos.

El apoyo a la contratación debería acompañarse de medidas orientadas a reducir el elevado nivel de temporalidad injustificada del empleo persistente en España, a pesar de la reducción registrada en los dos últimos años con motivo de la crisis. Un problema estructural que afecta con especial intensidad a las personas jóvenes y que contribuye a profundizar la segmentación del mercado de trabajo español, con importantes implicaciones tanto en términos de cohesión social como para la propia competitividad de las empresas.

Un eje de actuación de especial importancia en el contexto actual es el reforzamiento y mejora de la calidad de la formación profesional para el empleo, especialmente −como se ha señalado− la destinada a las personas jóvenes con niveles más bajos de cualificación.

Finalmente, es igualmente importante reforzar algunos programas que combinan la formación con el empleo y que han tenido en general un notable éxito en términos de inserción laboral en España, son los que combinan la formación con el empleo (Escuelas Taller y Casas de Oficio , y los Talleres de Empleo).

Potenciar el papel de los interlocutores sociales a través de la negociación colectiva

Frente a la utilización permanente por parte de los distintos gobiernos europeos de procedimientos unilaterales para la adopción de reformas y medidas laborales, es imprescindible impulsar el fortalecimiento e impulso de los procesos de diálogo social − y por tanto la participación de los interlocutores sociales − como una pieza central de las políticas europeas. Ello se perfila como un elemento imprescindible en una coyuntura histórica especialmente crítica, en la que la crisis − y la  inoperancia manifestada a la hora de promover una salida cooperativa de la misma a nivel comunitario − han contribuido a incrementar la desafección ciudadana respecto del proyecto de integración europeo.

La negociación colectiva juega un papel especialmente relevante en la promoción del empleo y la mejora de las condiciones de trabajo de las personas jóvenes. Las medidas que puedan adoptarse en este campo deben concretarse y adaptarse lógicamente a través de los acuerdos que alcancen los interlocutores sociales en los diferentes ámbitos de negociación (sectoriales, territoriales y de empresa). No obstante, es posible delimitar algunos objetivos especialmente importantes tales como: (a) el fomento de la estabilidad del empleo y la eliminación de la temporalidad injustificada; (b) la promoción de la implantación de planes dirigidos al mantenimiento del empleo y el rejuvenecimiento de las plantillas mediante un uso adecuado de la jubilación parcial combinada con contratos de relevo; (c) el impulso del uso de contratos para la formación o en prácticas como alternativa al recurso creciente de las becas y prácticas como vía de incorporación de las personas recién tituladas a las empresas. Ello debería acompañarse de un fomento de las mejoras de condiciones de trabajo asociadas a estos contratos. Asimismo, debería reforzarse el control de la utilización fraudulenta tanto de los contratos formativos como de las figuras de trabajo sin relación laboral; (d) garantizar el acceso a formación profesional dirigida a personas empleadas de los trabajadores jóvenes con contrato temporal, así como que la oferta formativa responda a la promoción profesional real (y que no se limite a la mejora de conocimientos del puesto de trabajo habitualmente desempeñado); (f) la mejora de las condiciones de trabajo, especialmente en relación a materias como retribución, clasificación y promoción profesional, jornada y salud laboral; y (g) velar por el cumplimiento de los principios de igualdad de trato y no discriminación.

¿Sin empleos decentes para las personas jóvenes en Europa?

La legislación laboral en España ha experimentado un continuo e intenso proceso de modificaciones desde el inicio de la crisis, que ha culminado con la “agresiva” reforma del mercado de trabajo − el Ministro de Economía dixit− aprobada por el actual gobierno conservador en febrero de 2012 (Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral).

Las distintas normas aprobadas en este período tienen un carácter y amplitud diversos pero en esencia sus contenidos han estado dirigidos a un mismo objetivo: promover una mayor flexibilidad de las instituciones laborales −y por tanto a una mayor desregulación del mercado de trabajo− desde la premisa que ello constituye un requisito indispensable para favorecer la creación de empleo (especialmente, para los grupos con mayores niveles de desempleo, como las personas jóvenes). Unas reformas similares han sido promovidas por otros gobiernos europeos.

Los efectos de las políticas de desregulación del mercado de trabajo son especialmente negativos para la situación laboral de las personas jóvenes, ya que −en un escenario de crisis como el actual− no favorecerán un aumento neto del empleo de este grupo de población, pero sí contribuirán a fomentar una mayor precariedad laboral y −por tanto− a una mayor vulnerabilidad social.

La diferencia entre el desafío del empleo juvenil y el desafío del empleo en general consiste, como ha señalado la OIT, en que ayudar a las y los jóvenes a tener un buen comienzo contribuye a favorecer que sus trayectorias laborales sigan la vía del trabajo decente. Cuanto más tiempo lleva emprender esa vía, o si no existe tal vía, más difícil resulta el desafío.

Desde esta premisa, el debate que se plantea a la sociedades europeas es si la salida de la crisis para las personas jóvenes debe realizarse en términos de más precariedad −”cualquier empleo es mejor que ningún empleo”− o si deben ponerse en cambio todos los medios necesarios para favorecer su emancipación y unas condiciones dignas de vida y trabajo.

Fernando Rocha es Director del Área de Empleo y Relaciones Laborales de la Fundación 1º de Mayo

Publicado en inglés en Social Europe Journal, 24/8/2012