Al escepticismo por el engaño

Por José GARCÍA GARCÍA

Foto: Carlos M. González

Las nuevas tecnologías de la comunicación nos permiten, como es el caso de internet, compartir información y opiniones  así como conocer de inmediato, cuando no “in situ”, qué está ocurriendo al otro del mundo, haciendo casi imposible ocultar lo que acontece a nuestro alrededor. Si este efecto lo podemos situar en la parte positiva de la balanza hay otros efectos que se han de colocar  en la parte negativa de la misma. Me refiero a que ante éste flujo, esta globalización de la noticia, sistemáticamente damos por buena cualquier información que nos llega por la red o a través del correo y reenviamos sin constatar e incluso a veces sin pararnos a leer. De esta forma y en medio de grandes campañas mediáticas crean una corriente de opinión que terminamos haciéndola nuestra como en el caso de la credibilidad de los políticos en nuestro país (aunque algunos han dado razones suficientes para ganarse dicho descredito).

Es precisamente en medio de esta crisis cuando lanzan la noticia de que somos el país que más políticos tiene, en concreto 445.568. Esta afirmación, además de no ser verdad, es tremendamente peligrosa, porque tergiversa la realidad y desvía la atención de los verdaderos problemas, mientras el gobierno sigue haciendo y deshaciendo a su antojo y  muestra una irresponsable falta de respeto al sistema democrático. Me explico. Utilizando el cuadro origen de la “información” de tan alarmante número de políticos en España, observamos que políticos electos, aquellos que elegimos mediante el voto en los distintos procesos electorales, contabilizan el 17`7% de los relacionados. A pesar que incluso estos ya tienen un dudoso rigor, así se observa que para las Cámaras (alta y baja) consigna 650 cuando en realidad contabilizan 616 (350+266, Congreso y Senado), o el número de Alcaldes y Concejales (8.112+65.896=74.008), cuando en realidad entre Concejales y Alcaldes suman 68.462 pertenecientes a 8.116 Municipios, o políticos en la UE  1.100 cuando la realidad es que elegimos a 54 eurodiputados. Solamente es benigno al contabilizar los Parlamentarios Autonómicos 1.206 cuando su número es levemente superior, 1.218- Y esto por no entrar en la consideración de que políticos son los 65.130 sindicalistas “liberados” o las 31.210 personas que trabajan en las organizaciones empresariales. Creo que estos ejemplos son suficientemente ilustrativos como para poner en cuestión el rigor de la información. Además, otro dato a considerar  a la hora de analizar esta información es que de los 8.116 municipios, algo más de 7.700 son de menos de 20.000 habitantes (de ellos 4.862 de menos de 1.000 habitantes) y según la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) el 90% de estos más de 7.700 municipios no tienen asignados sueldo fijo, es decir, “no cobran”.

Sin querer caer en el error de dar un trato superficial a la información con la simplificación en los argumentos, y que tanto daño causa, creo que queda suficientemente claro que el problema de este país no es, no puede ser, el sueldo de los políticos electos. Otra cuestión es la utilización y la gestión que determinados políticos han hecho y hacen del dinero público.

Sin embargo una intoxicación mediática de este calibre crea una corriente de opinión que es caldo de cultivo para el populismo político al que inmediatamente se suben al carro políticos con “responsabilidad” de gobierno como la Presidenta de la Comunidad de Madrid (ya ex presidenta), el Presidente de la Xunta de Galicia o la mismísima Secretaria General del PP y Presidenta de la Comunidad Castilla la Mancha, que han llegado a plantear la disminución en número de sus respectivos Parlamentos Autonómicos y, en el caso de la Comunidad de Castilla la Mancha, que no cobren sueldo fijo (“solo en concepto de dietas”). Desde el gobierno de Rajoy se muestra la ventana abierta a una posible reducción en el número de Concejales. Esto, que mediáticamente puede contar con el aplauso popular, no es más que pura demagogia y un paso más para cercenar la democracia.

Esta medida solo limitaría el número de políticos electos, aquellos que elegimos mediante el derecho democrático y constitucional del voto, que como hemos visto anteriormente son una mínima parte de los que se denuncia que viven de la política. Con esta fórmula no solo no evitaremos el peligro que se denuncia sino que lo que de verdad se resentirá será la capacidad de la sociedad para controlar a los mismos. Disminuir el número a elegir sin modificar la ley electoral, es decir, manteniendo las actuales circunscripciones y el corrector d`Hondt, impedirá el acceso a las Instituciones de los partidos minoritarios y de asociaciones independientes de ciudadanos y ciudadanas, favoreciendo la presencia en las mismas de los partidos tradicionalmente mayoritarios tanto a nivel nacional (PP, PSOE) como los nacionalistas (CiU, PNV), disminuyendo aún más la calidad democrática de las instituciones por la falta de pluralidad. La propuesta lo que de verdad conseguirá es negar el debate e imponer el discurso único, ese que nos comunica que las medidas o recortes, como no se cansan de repetir, no tienen “criterios ideológicos” sino que son ”meramente técnicos”. Pero además habría que demandar a los proponentes de esta “reforma” de eliminar el salario de nuestros políticos (que es lo que sucedía durante el franquismo) cómo se establecerá las relaciones entre políticos y profesionales, cómo se les exigirá responsabilidad en su gestión si no van a tener dedicación exclusiva, y tantas otras.

En definitiva el problema de este país no es que existan demasiados políticos electos, sindicalistas, funcionarios (de la sanidad, educación, bomberos, policías, justicia, medioambiente y demás servicios del Estado), o demasiados pensionistas, es decir demasiado gasto público por estos conceptos. El gran problema de este país es el fraude fiscal, la economía sumergida, los paraísos fiscales y los excesos cometidos durante una década por los sectores inmobiliario y bancario, propiciado todo ello por algunos políticos y especuladores sin escrúpulo alguno. Si la prioridad según Rajoy hoy es el control del déficit público, que busque el equilibrio en estas carencias del Estado y no en los recortes sociales que inciden negativamente en la maltrecha economía de cada vez más familias españolas.

No nos podemos dejar engañar más y durante más tiempo. No nos pueden tratar  como críos de 10 u 11 años (“que aunque hoy estemos molestos mañana nos alegraremos”), ¿Qué clase de gobernantes tenemos?, Si fuimos mayores para otorgar una mayoría parlamentaria al PP, hoy también somos mayores para que se nos informe, se nos den explicaciones y se nos consulte. Somos mayores para asimilar, razonar y tomar decisiones, exigimos respeto y dignidad como personas, ciudadanos y ciudadanas libres.

Hoy más que nunca es necesario una nueva ley electoral, más representativa y participativa, para conformar una sociedad más justa, democrática e igualitaria.