La imagen del empresario andaluz

Por Carlos ARENAS POSADAS

El empresariado andaluz ha estado de suerte en los últimos treinta años; lo ha estado porque ha conseguido borrar la mala imagen que se tenía de él allá por los años setenta, en los años de la mal llamada crisis del petróleo, cuando desde la academia y desde los sectores intelectuales más prestigiosos, se le culpaba del atraso andaluz, incluso  de haber traicionado las esperanzas de desarrollo y bienestar de todo un pueblo.

Se creía por entonces que junto a las causas exógenas de la crisis de los setenta (el precio del petróleo), globales (la crisis del modelo de acumulación keynesiano-fordista), o políticas (el régimen de Franco y la preterición de Andalucía por parte del Estado), existían razones endógenas propias de Andalucía derivadas de una deficiente estructura económica, un raquítico sistema financiero y la incapacidad política por encauzar recursos, establecer prioridades y articular el sistema productivo de toda la región. Hoy sabemos que las razones endógenas de la crisis de los setenta no eran causas sino consecuencias de la estrategia diseñada por un  empresariado autóctono, por una clase capitalista, que, a lo largo de muchas décadas –diría que siglos-, había hecho del abuso de poder, de la acumulación privilegiada de capital físico, humano, social y político, de la búsqueda y captación de rentas, de la disposición de una abundante mano de obra barata, las bases de acumulación de su riqueza.

Treinta años después padecemos otra crisis de indudables dimensiones exógenas: la crisis financiera a la que ha seguido la crisis de la deuda soberana, la crisis del modelo de acumulación neo-liberal nacida en los ochenta; pero,  repasados otros motivos, vemos que los endógenos son los mismos que en los años setenta, corregidos y aumentados: la burbuja descomunal en el sector de la construcción (Andalucía puso más ladrillos hasta 2007 que países enteros);  las repercusiones de la misma sobre el enjuto sistema financiero de titularidad andaluza;  la persistencia de un sector servicios de baja productividad y sujeto a fuertes incertidumbres, la ausencia de un proyecto político alternativo para la economía andaluza, etc.

Los empresarios andaluces –ellos mismos se presentan como los grandes, únicos, demiurgos de la actividad económica-, han debido tener alguna responsabilidad en la situación de grave parálisis en la que nos encontramos. No todos los empresarios, naturalmente; no, lógicamente, el 90 o más por ciento por ciento de los empresarios andaluces que son autónomos, microempresarios, cooperativistas, etc. Ellos apenas tienen protagonismo. Como en el pasado los pequeños agricultores, artesanos o pequeños fabricantes, están discriminados económica, financiera (véase la asfixia a la que les someten las entidades de crédito) y políticamente al carecer o tener muy debilitados sus canales de influencia.

Estoy convencido de que la gran empresa andaluza (la autóctona y la instalada en Andalucía), en su inmensa mayoría, no ha hecho en los últimos treinta años el suficiente mérito para borrar la mala imagen que le había acompañado.  Y es que, por principio, no todo empresario merece ser aplaudido. En un trabajo de 1991, Baumol hablaba de la existencia de empresarios productivos, improductivos y destructivos, distinguiéndoseles en función de su participación en el desarrollo general. Ni que decir tiene que todos ellos actúan racionalmente en busca de optimizar sus beneficios, pero, a la vista de la situación actual, se puede concluir que en Andalucía han proliferado más los empresarios de los dos últimos tipos: empresas familiares  vendidas a multinacionales que han destruido tejido productivo; multinacionales que captan recursos públicos para luego deslocalizarse; empresas que contaminan o no restituyen la riqueza previa a la destrucción del paisaje; grandes compañías que chantajean al poder político para no destruir el empleo que generan; grandes propietarios agrícolas que perciben subvenciones millonarias sin producir;  propietarios de suelo y grandes constructoras aledañas al poder político local y a los consejos de administración de las entidades financieras;  grandes distribuidoras que arruinan a los productores agropecuarios, perceptores de subsidios de toda laya; rentistas, hosteleros, comisionistas, especuladores, etc., etc.

Y sin embargo, como he dicho al principio, el empresario andaluz o el instalado en Andalucía ha corregido su mala imagen en los últimos tiempos. Como en la crisis, las razones que explican tal sinsentido son exógenas y endógenas. La razón exógena forma parte del núcleo duro del entramado institucional e ideológico del neo-liberalismo. Desde la crisis en los setenta de la llamada economía de la demanda, en la que el Estado ocupaba un papel central en el desarrollo, la alternativa llamada economía de la oferta ha hecho del empresariado y de las facilidades para que pudiera competir en mercados globales, el eje sobre el que hacer pivotar la actividad económica. El consenso social que ha propuesto la derecha desde Thatcher y Reagan consiste en facilitar sin pudor la acumulación de capital, los beneficios empresariales, porque se suponía que tales beneficios se traducirían en mayores inversiones y, consiguientemente, en creación de empleo. Hoy sabemos que tales argumentos han resultado ser una falacia. La creación de empleo se ha producido en  terceros países debido a la deslocalización de la producción, o se ha creado en condiciones crecientemente insultantes marcadas por sucesivas reformas laborales o, simplemente, no se ha creado porque los beneficios (la desigualdad social en los países de todo el mundo es creciente) han ido dirigidos antes a la especulación financiera que a la actividad productiva.

En Andalucía, la derecha y la representación empresarial ha asumido y publicitado los paradigmas del modelo de acumulación neo-liberal, pero ello no ha servido ni para aumentar y diversificar las exportaciones de forma significativa ni para afrontar la competencia a nivel global (el déficit de la balanza comercial andaluza ha sido creciente desde los años setenta). Para lo que sí han servido las claves teóricas de la economía de la oferta en Andalucía ha sido para  optimizar las rentabilidades de una estructura productiva de tipo antiguo; o, dicho de otra manera, para persistir en una estructura de recompensas tradicional basada en mano de obra barata de baja productividad. Naturalmente hay excepciones: al final queda Abengoa u otras empresas que se enseñan en los noticieros como antiguamente se enseñaba el salón comedor de la casa para aparentar ante las visitas, muchas de las cuales han sido alimentadas con favores políticos, contactos o financiaciones privilegiadas.

Entre las razones de orden endógeno, la razón de la “buena” imagen del empresariado andaluz en los últimos tiempos ha sido la legitimidad política otorgada por los gobiernos andaluces, por la representación otorgada en el entramado de consejos, órganos consultores, mesas de negociación y concertación social por ellos institucionalizados y en los que han participado también los sindicatos mayoritarios. Los tiempos en que los empresarios se veían como corderos ante feroces lobos socialistas pasaron a la historia a finales de los setenta y tras los cambios habidos en los rectores de la autonomía andaluza. A pesar de los temores expresados en una entrevista por el presidente de la CEA en julio de 2011, la patronal no ha dejado nunca de ser “el eje de la política” andaluza.

Nos queda por aclarar la razón por la que el empresariado andaluz, a través de su organización más representativa, ha tenido la consideración benévola de los sucesivos gobiernos del PSOE. No se me ocurren, vista la tasa de desempleo desde los ochenta hasta hoy, explicaciones objetivas de carácter económico. Hay que recurrir, por tanto, a razones ideológicas y políticas. Se podría decir que la socialdemocracia andaluza se ha derechizado o que el empresariado ha sido un imprescindible compañero de viaje, una claque,  en el camino de las sucesivas “modernizaciones” que supuestamente hemos experimentado en los últimos treinta años. No me parecen, sin embargo, suficientes razones. Podría barajarse finalmente la hipótesis de que tanto la clase política como la clase empresarial (y sálvese el que pueda) han participado ambas (y no solo la clase política como afirma Cesar Molinas en El País el pasado 9 de septiembre) de unas mismas estrategias extractivas y captadoras de rentas. Do ut des. Rentas que alimentan el clientelismo de partido y rentas que se untan a empresas de todos los calibres, perpetuando así las bases institucionales del raquítico capitalismo andaluz que se han descrito más arriba. Las consecuencias de ese intercambio: democracia y desarrollo fallidos.

El ex-ministro y empresario Manuel Pimentel se preguntaba en el prólogo de un libro por qué ha habido tan pocos empresarios de prestigio en la historia andaluza, por qué no cundieron sus ejemplos.  El mismo se responde diciendo que quizás  las circunstancias no fueran las propicias, o que “nos haya faltado” el liderazgo social y la autoestima que conlleva la actividad creadora[1]. Habría que precisar que las circunstancias que han rodeado a los capitalistas andaluces a lo largo de la historia han sido fabricadas desde el poder por lo más granado de ellos mismos. El liderazgo social de los empresarios se ha manifestado sólo en los círculos, casinos y casetas de entrada reservada; de las resultantes de esos encuentros han sabido y saben mucho los jornaleros en las plazas de los pueblos, los subempleados, los parados, etc. En cuanto a la actividad creadora del empresariado andaluz sólo citar que Andalucía ocupa el último o uno de los últimos puestos en la inversión en I+D+I (y eso contando con que la mayor parte de esas inversiones la hacen y transfieren las universidades).

Si los empresarios de reconocido prestigio han sido pocos en nuestra historia es porque han practicado estrategias extractivas de rentas provenientes de la población, dejándola sin los recursos para crear empresas y, sobre todo, porque han elevado barreras de entrada a la actividad económica, especialmente a los más lustrosos negocios: esos que se perciben por la pertenencia o proximidad a la clase política, a la construcción de las “circunstancias”. Por eso, cualquier cambio en profundidad de la dinámica económica  andaluza ha encontrado y encuentra feroces enemigos; por eso hay tan escaso espíritu emprendedor; por eso se perpetúa una estructura de las recompensas basadas en la existencia de un ejército de reserva de mano de obra formado por más del 30 por ciento de la población activa. En tales “circunstancias” innovar es tanto como abrir el campo a nuevos jugadores, perder el control político que permite la extracción de rentas.

Baumol decía que transformar un tejido empresarial improductivo en otro productivo era relativamente fácil: bastaba con el poder cambiara las reglas del juego en las que se desenvuelve la actividad económica.  Si algo tiene de bueno la comisión que investiga el caso de los EREs es que, con ella, se ha puesto en entredicho, espero que definitivamente, la conexión existente entre el clientelismo de partido y las empresas extractivas de rentas.

Lo contrario de una economía donde predominan las prácticas extractivas es favorecer las estrategias “inclusivas” (en términos de Acemoglu y Robinson), por la que todos los emprendedores tengan las mismas posibilidades de prosperar y contribuir al desarrollo económico. Se necesita sólo voluntad política para ofrecer los recursos financieros, el  know-how, los mecanismos de cooperación entre las propias unidades productivas,  la interlocución política directa, etc. El 90 por ciento del empresariado andaluz está esperando el verdadero cambio.

 


[1] Pimentel, Manuel (2011) Prólogo. En Antonio Parejo. Grandes empresarios andaluces. Madrid. LID.