Comisiones parlamentarias y transparencia

Por Javier ARISTU

Anda el patio andaluz revuelto de nuevo a propósito de la constitución de una comisión de investigación sobre el asunto de los EREs. Ya fue tema de actualidad en la pasada legislatura aunque frustrado en su culminación al no querer el partido del gobierno, con mayoría absoluta, la tal comisión ni ninguna investigación parlamentaria. Aquellos bastos han derivado hoy en copas que le obligan, la minoría relativa y la coalición con IU mandan, a aceptar la misma en esta legislatura. Dicen que quieren que antes de las vacaciones esté liquidado el asunto, al menos en sede parlamentaria porque en sede judicial la cosa-causa parece que va para el Supremo, es decir, para largo.

Mientras tanto, el PP, en boca de su portavoz nacional Carlos Floriano, juguetón él y con doble vara de medir, como siempre, afirma que ”el bipartito andaluz hace un flaco favor a la transparencia si no permite que todo el que pueda tener una responsabilidad política en el caso de los ERE comparezca en la comisión de investigación”. No tiene empacho en, por otro lado, rechazar la constitución de una comisión de investigación en el Parlamento nacional a propósito del caso Bankia y la hecatombe financiera española, con dimisión del mismo presidente del Banco de España incluida.

¿En qué país vivimos? ¿Hasta cuándo van a seguir considerando estúpido al ciudadano? ¿Cómo es que una comisión sobre los EREs en Andalucía es necesaria pero no lo es sobre Bankia y el rescate bancario donde se juegan miles de millones de euros de nuestra economía?

Si nos fijamos en la experiencia de estas comisiones investigación sus resultados son bastante flacos a la hora de haber ayudado, primero, a aclarar procesos irregulares y, segundo, a dotar de transparencia la función representativa. A lo largo de su reciente historia democrática el Parlamento ha investigado asuntos como el síndrome tóxico por el consumo de aceite de colza adulterado (1981), la expropiación de Rumasa (1983), la gestión de Luis Roldán al frente de la Guardia Civil y de Mariano Rubio en el Banco de España (1994), la financiación irregular de los partidos en los casos Filesa o Naseiro (1994), el presunto fraude en la concesión de ayudas europeas para el cultivo del lino (1999) o la intervención de la agencia de valores Gescartera (2001). Nunca se constituyeron las comisiones para estudiar los vuelos de la CIA, el accidente del Yakolev-42 en Turquía o el caso Forum-Afinsa.

No recuerdo que de aquellas investigaciones se dedujeran responsabilidades políticas –pues de eso se trata a la hora de constituir dichas comisiones ya que las judiciales tienen otro foro como bien se sabe-. Vimos pasar en su momento a autoridades, cargos responsables, testigos de todo tipo. Algunas audiencias tuvieron un alto nivel de seguimiento televisivo… hasta que el respetable público se hartó. Está por ver que de todo aquello se depuraran las responsabilidades que, sin duda, las tuvo que haber habido. Sólo podemos decir que, tras algunas de aquellas comisiones, las elecciones posteriores hicieron su trabajo de saneamiento.

¿Por qué son tan ineficaces las comisiones parlamentarias de investigación? Posiblemente por el reglamento que las regula. Expertos hay que podrán mejor que uno decir dónde están los problemas y averías que hacen que, en líneas generales, el trabajo de los comisionados, a veces enorme y sacrificado, no se vea satisfecho al final.

Por eso soy escéptico ante la constitución de comisiones de investigación, en Andalucía para los EREs y en Madrid para el asunto Bankia. Y sin embargo, hay que constituirlas y hay que hacerlas funcionar con la mayor aportación de datos, informes y testimonios, a fin de que la sede parlamentaria sea donde se traten esos asuntos que han contaminado de forma clamorosa al PSOE andaluz y posiblemente pueda intoxicar de manera importante al PP nacional y madrileño. Pero, por encima de eso, se trata de poner en vigor de nuevo la ley de que no hay nada por encima del parlamento, de que la ley de lo privado, de la privatización de lo público, nunca puede estar por encima de la máxima representación de los ciudadanos. Ya sean los privatizadores directores generales, consejeros o directivos de banco. El ciudadano necesita visualizar con transparencia que el estado, sus representantes, hace bien las cuentas con la inmoralidad en la función pública y con la ilegalidad.

De cualquier modo, en lo que respecta a la política andaluza, parece más necesario que nunca superar cuanto antes la fase de depuración de responsabilidades políticas –las judiciales van camino de configurar un caso decisivo en estos próximos años- y entrar en un cambio de tercio. Mudanza que debe suponer por parte del gobierno de PSOE/IU una mayor apuesta por políticas positivas, por generar un verdadero discurso del cambio (frente al cambio del PP) y por ofrecer a la sociedad andaluza una propuesta valiente y a la vez sensata que nos dé fundamento al voto del 25M. Estamos esperando.