Cuando las barbas del 15M veas pelar…

Por Lorenzo CABRERA SÁNCHEZ

Aparecía escrito en una pancarta o en uno de esos carteles de fabricación casera que portan en solitario los indignados en sus manifestaciones: “Mientras la prima sube, nuestros derechos bajan”. Me temo que esa va a ser la tónica a partir de ahora y que ni siquiera tendremos que esperar a que la prima de riesgo suba para comprobar que hemos entrado en una fase de demolición de derechos democráticos fundamentales. Como el de manifestación, entre otros.

 El actual Secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, declaró con motivo de la reunión en Barcelona del Banco Central Europeo, para justificar, supongo, un despliegue policial de 8.000 efectivos (entre agentes de refuerzo y mossos d’Esquadra) que “sólo con seguridad vamos a conseguir salir adelante de esta situación crítica”. Una lectura atenta de sus palabras nos produce, independientemente del contexto en que se emitieran, un algo de perturbación, la verdad. Antes, el mismo representante policial había comentado que no podíamos permitirnos que “por la broma de la piedra o del cóctel molotov suba la prima de riesgo”. Para la derecha producen más desasosiego las escenas que reproduce la televisión en las que se ve a los griegos manifestándose con ira que las causas que les hayan impelido a ello. Transmiten una imagen tan incómoda a los ojos del poder y provocan, al parecer, tal alteración en la confianza hacia ese país de los llamados mercados, que muchos pueden inclinarse a pensar que hace bien nuestro Gobierno en “cerrar filas bajo el imperio de la ley y el orden”. Todo sea por impedir que la prima de riesgo –y con ella los intereses de nuestra deuda- siga subiendo.

¿Improvisa el Gobierno? ¿Responde, sin más, a futuras y previsibles manifestaciones para evitar una imagen “a la griega”? ¿Son, pues, medidas coyunturales, aunque necesarias hoy, que van a suponer una merma de nuestras libertades cívicas, las cuales se recuperarán, no obstante, en toda su plenitud cuando la crisis remita? Creemos que el Gobierno avanza en un triple frente, no sólo para prevenir de forma coyuntural una reacción masiva de la sociedad española en la calle sino respondiendo a una concepción estratégica del modelo político y de cómo ha de ejercerse el poder en dicho modelo.

 El primero de esos frentes sería el legislativo. El Ministro del Interior, Jorge Fernández, había anunciado que antes del mes de Junio (ya estamos en él) el Gobierno presentaría un proyecto de ley orgánica de modificación del Código Penal. Los cambios afectarán a todos los artículos del capítulo II, título XXII, que regula los delitos de orden público. Habrá que estar muy atentos al pretendido endurecimiento de este articulado. Ya se nos ha adelantado que el Gobierno tiene la intención de considerar un agravante de la desobediencia a la autoridad el hecho de que la misma se produzca en una manifestación o concentración. El ejecutivo pretende que este delito, hasta ahora considerado menor y con penas que nunca, salvo excepciones extraordinarias, podían superar los seis meses de cárcel, pase a ser castigado con penas de entre uno a tres años de prisión. Se incluirá como delito de desorden público la penetración en establecimientos públicos o la obstaculización del acceso a los mismos. La reforma propuesta prevé también que sea considerado delito de integración en una organización criminal difundir a través de Internet las convocatorias que “alteren gravemente el orden público”; por ejemplo, las no notificadas y cuando los participantes se nieguen, requeridos a ello por la policía, a abandonar el lugar de la concentración o manifestación. Entre las medidas más comentadas de este proyecto de ley orgánica figura incluir la resistencia pacífica como “atentado a la autoridad”. Así, “encadenarse” por los brazos para impedir ser desalojados durante una manifestación será tipificado de este modo.

 El segundo frente es el policial. Las fuerzas de seguridad del Estado se verán, con todo lo anteriormente expuesto, reforzadas legalmente para actuar con mayor contundencia. Pero no van a esperar a que el proyecto de ley prometido se apruebe en el Parlamento. El ya citado Ministro del Interior lo ha dejado claro: “Hay que robustecer la autoridad legítima de quien legítimamente tiene la exclusividad de la actuación con fuerza, que sonla PolicíaNacional,la GuardiaCivily las policías autonómicas”. Algunos colectivos de manifestantes han probado en los últimos meses esa dieta de robustecimiento y comprobado un mayor endurecimiento en el control de las manifestaciones: obstaculizaciones en el ejercicio de las mismas, algunas violencias aparentemente gratuitas, detenciones sin que mediara provocación, etc. De hecho la prensa recogía en Febrero que las Unidades de Intervención Policial (1.800 antidisturbios en toda España) tenían autorización verbal (“Ahora nos dejan intervenir, pero nos falta el respaldo escrito” se lamentaba el portavoz del Sindicato Independiente dela PolicíaEspañolaAlfredo Perdiguero) para aplicar con todo rigor el Código Penal yla LeyOrgánica1/1992 de Febrero sobre Protección dela SeguridadCiudadana, es decir, la tristemente famosa ley de “la patada en la puerta” o Ley Corcuera.

 El tercer frente es de carácter, llamémosle, persuasorio y se dirige a la opinión pública para inducirla al respaldo. La primera intención será intimidar y concitar el rechazo ciudadano contra  quienes ejerzan el derecho a la protesta, al objeto de ir reduciendo el número de los mismos. Pero siempre quedarán los irreductibles. Hay que hacer ver entonces la necesidad de cambios en el Código Penal, buscar una complicidad social que aplauda los mismos y las intervenciones expeditas de las fuerzas de seguridad del Estado. Para ello han de convertirse las manifestaciones más críticas contra el Gobierno en un problema de orden público. Los movimientos que participen en dichas convocatorias serán acosados, asfixiados, provocados hasta conseguir de una parte de ellos, por mínima que sea, una reacción violenta que justifique la respuesta posterior de los cuerpos de represión policial.

En estas mutaciones lingüísticas tan gratas al poder y, especialmente, a quienes hoy lo ostentan, las concentraciones y manifestaciones en la calle, constitucionalmente admitidas hasta el presente, serán identificadas por las acciones que una parte mínima de los participantes en las mismas suelen, en casos aislados, desarrollar. Y se hablará sin pudor alguno de espiral de la violencia (frase tan grata a los ministros de Gobernación o del Interior), algaradas (lo pregonan casi a coro algunos dirigentes del PP), o la siempre ingeniosa  colectivos antisistema que practican técnicas de guerrilla urbana, etc. Los integrantes destacados de estas movilizaciones (dirigentes sindicales o de indignados) serán estigmatizados en un retrato robot, no por infamante menos efectivo: gente poco trabajadora e inclinada a la molicie, críticos interesados, partidistas por el medro, sujetos proclives a la revuelta y al barullo. Hay periódicos que juegan, como La Razón en sus estomagantes y turbias portadas, un papel disciplinado en esta afrenta.

 Se podrá aducir, en contra de lo hasta aquí expresado, que exageramos un poco, confiriéndole a la derecha en general o a este Gobierno en particular, una capacidad de manipulación o de intencionalidad inconfesable que no posee y que sus actuaciones son fruto de la inmediatez y puede que de la improvisación, y hasta sinceras en el intento de sofocar cualquier alteración del orden público para no mostrar ante “Europa y los mercados” una imagen incontrolable del país. Pero conviene estar advertidos.

 No legislan, no ejercen la represión, no confunden a la opinión pública para combatir a las minorías violentas que aparecen en algunas manifestaciones (por cierto, también en aquellas en que se celebra una victoria deportiva). Ximo Bosch, portavoz enla ComunidadValencianade la asociación Jueces para la Democracia,  afirma que el actual Código Penal “está ajustado para castigar (las) conductas delictivas” de esas minorías, de ahí que no sea necesario proceder a ningún cambio en el mencionado código. Legislan, reprimen, confunden en previsión, sí, de que las movilizaciones que arrancaron el 15 de Mayo de 2011 no vuelvan a retomarse con éxito y levanten, como entonces, una oleada de apoyo y simpatía en todo el país, lo hacen para adecuar el Código Penal a un sistema de endurecimiento de las medidas económicas e impedir o paliar una masiva respuesta ciudadana a las mismas, pero también, sin duda, aun a riesgo de que esta apreciación sea considerada más producto de la intuición que del análisis riguroso, porque creemos que esta nuestra derecha, que de antiguo ha demostrado tener un concepto patrimonial de la calle, obsesionada siempre, por encima de cualquier otra consideración, con la salvaguarda del orden y, aún a estas alturas, mostrando fallas notorias en su despegue umbilical con la pasada Dictadura, lleva incorporada en su ADN una fuerte inclinación al “ordeno y mando” y al control autoritario del sistema político. No necesitamos recurrir a una lectura entre líneas para entenderlo con claridad. Felip Puig, consejero de Interior de Cataluña, lo ha expresado sin eufemismos: se trata de que “la gente tenga más miedo al sistema”.

Anuncios